Por Angie Ross

Según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP) hasta el 6 de octubre, el 10% de 4 mil 703 casos de violencia sexual, con 5 mil 125 víctimas, correspondía a mujeres, niñez y adolescencia. 

En el desglose de las denuncias presentadas por el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP), de cada 10 denuncias, 7 son  de mujeres y en los otros 3 no se indica el género. De estas denuncias, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes, 2 a mujeres adultas, y 2 casos aún se encuentran en proceso de determinar la edad de las víctimas.

Tita* (nombre modificado para evitar revictimización), es una adolescente, que reside en Alta Verapaz. Su historia es un testimonio de resiliencia y fortaleza a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles que ha enfrentado.

Después de sufrir una experiencia traumática que resultó en un embarazo, tuvo momentos de desesperación que la llevaron a intentos de suicidio; recibió apoyo del programa de salud mental del Centro de Salud, el cual también tomó medidas para denunciar el abuso sufrido por parte de su progenitor.

La situación se volvió más compleja cuando el abuelo paterno de Tita* se enteró de la denuncia y desalojó a su familia, dejándolos sin su única fuente de sustento, sus cultivos.

La familia encontró ayuda en la comunidad local. La hermana de la madre de Tita* y su esposo les brindó un terreno, y el Comité de Desarrollo Comunitario (COMUDE) colaboró en la construcción de una modesta vivienda. Sin embargo, esta ayuda llegó con la condición de que Tita* no entregara a su bebé en adopción, como inicialmente habían planeado.

El informe del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), hasta agosto de ese año, registró un total de 43 mil 331 nacimientos. De este número, 41 mil 742 corresponden a madres que se encuentran en el rango de edades de 15 a 19 años, mientras que 1 mil 589 son niñas entre 10 y 14 años de edad.

Estos datos subrayan una preocupante realidad de embarazos en edades tempranas, destacando la necesidad de abordar de manera urgente las cuestiones de salud sexual y reproductiva, así como la protección de los derechos de las adolescentes y niñas.

La directora de Osar, Mirna Montenegro explica que la violencia sexual tiene raíces profundas y, en ocasiones, es culturalmente aceptada. Cuando no se reconoce ni se denuncia, puede considerarse una parte normal de la vida de las mujeres, “algo que les toca sufrir". 

En el caso de Tita, la comunidad decidió tomar medidas para protegerla a ella y a su madre, además de la construcción de la casa, se organizaron para proporcionar vigilancia nocturna alrededor de la vivienda, debido a que el Instituto de la Víctima archivó el caso porque el agresor sigue prófugo.

Sin embargo, con el tiempo, las autoridades locales comenzaron a cuestionar la veracidad del caso de violencia sexual. También le dijeron a Tita* que no podía dar en adopción al bebé, argumentando que es la evidencia,  de ser víctima de violación por parte de su progenitor. Esto ilustra los desafíos y la complejidad que enfrentan las comunidades y las víctimas de violencia sexual en su búsqueda de justicia y apoyo.

Impacto de un embarazo en la vida de las niñas

El caso de Tita es el reflejo de uno de miles embarazos en niñas y adolescentes en Guatemala, que conllevan importantes consecuencias socioeconómicas, impactando no solo en las jóvenes que experimentan la maternidad temprana y sus familias, sino también en el bienestar de la comunidad en su conjunto, como demuestra un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre el tema de “Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia, Guatemala”.

De los datos revelados en el estudio, se observa el efecto  en la educación de las adolescentes y niñas. Apenas un 2% de las jóvenes que se convierten en madres durante la adolescencia, logran completar estudios universitarios, en contraste con un 9% de aquellas que deciden ser madres en edades más avanzadas. Esta diferencia educativa limita significativamente las perspectivas de desarrollo de estas jóvenes.

La participación en el ámbito laboral también tiene un fuerte impacto. Las adolescentes que experimentan la maternidad a esas edad, tienden a permanecer más tiempo en su hogar realizando labores no remuneradas. Incluso si logran acceder al ámbito laboral, enfrentan un brecha salarial de 30%, en comparación con mujeres que se convierten en madres en la edad adulta.

Desde una perspectiva económica, según el estudio de UNFPA, el impacto es significativo. Indican menor aporte tributario a lo largo de la vida laboral de las mujeres y que existe una pérdida de Q148 millones debido a la maternidad temprana y el embarazo en la adolescencia. Esto afecta directamente en sus ingresos y, a lo largo del tiempo, se traduce en una menor contribución tributaria al Estado.

El impacto económico de los embarazos en adolescentes y niñas en Guatemala se estima en  1 millón 627 mil quetzales, representando el 0.28% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El costo refleja la necesidad de medidas preventivas, como prevenir la violencia sexual antes de los 15 años y brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Esas consecuencias no se limitan al ámbito individual y familiar, sino que repercuten en toda la sociedad guatemalteca

En la actualidad, Tita* enfrenta enormes desafíos. No acepta completamente al bebé, y la falta de recursos económicos ha agravado la situación en salud del niño, lo que demanda gastos constantes, en términos de transporte, medicamentos y alimentos, incluyendo leche maternizada en bote.

Desafíos en la lucha contra el embarazo 

Ximena Aguilar de Incide Joven destaca que los altos índices de embarazos en Guatemala están estrechamente relacionados con factores religiosos y el arraigado conservadurismo en el Estado. Este enfoque conservador ha impedido la implementación de una educación sexual integral que aborde las necesidades de los adolescentes, privandolos de las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y prevenir embarazos no deseados. 

La falta de información y la ausencia de una educación sexual adecuada ha dejado a los jóvenes sin la capacidad de llevar una vida sexual segura y saludable. En el caso de Tita*, menciona que la información puede empoderar a los adolescentes, para identificar señales de peligro y confiar en alguien de su entorno para informar a las autoridades con respecto a situaciones de abuso en el entorno familiar. Se aclara que no basta con solo la denuncia sino el actuar competente de las autoridades para evitar la impunidad como en el caso de Tita*

Además agrega que "Se debe, a la gran debilidad institucional, a una cooptación estatal que ha debilitado al Estado en general. De lo poco que se tiene, no se puede avanzar debido a los conservadurismos y fundamentalismos".

La falta de voluntad política y la escasa inversión pública en la prevención de embarazos en adolescentes son evidentes. A pesar de las graves implicaciones en el desarrollo, el bienestar y la dignidad del país, no se asignan los fondos necesarios para abordar esta problemática, expone Aguilar.

La presencia de un clima de impunidad en casos de violencia sexual agrava aún más la situación, ya que los agresores no enfrentan consecuencias, lo que lleva a un alto número de embarazos en niñas y adolescentes producto de la violencia sexual. Además, la falta de acceso a la interrupción del embarazo deja a estas víctimas sin opciones para protegerse de las consecuencias de lo que han experimentado. En conjunto, estos factores contribuyen a la alarmante tasa de embarazos en adolescentes en Guatemala.

Aguilar explica que la promoción de la educación sexual en Guatemala enfrenta obstáculos significativos. El Ministerio de Educación ha impulsado una política de abstinencia en lugar de proporcionar una educación sexual integral, lo que deja a los adolescentes en una situación de vulnerabilidad y desprotección. 

La falta de presupuesto asignado a la educación sexual y la ausencia de esfuerzos significativos para promoverla son evidentes. A pesar de los intentos de la sociedad civil en impulsar una iniciativa de ley sobre educación integral en sexualidad, el Congreso aún no ha tomado medidas al respecto, lo que refleja la falta de voluntad política para abordar este importante problema, concluye Ximena Aguilar.

Las barreras culturales y políticas que perpetúan esta problemática debe ser tratadas de forma crítica y estructural por las entidades del Estado para que casos como el de Tita* no se repita y tengan una justicia digna.