Por:  Francisco Rodas

Algo que se repite en las reacciones frente la tragedia vivida por mujeres jóvenes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es que, al parecer, todos ignoraban lo que ahí pasaba y que había denuncias que no fueron atendidas. Como sea, lo cierto es que se le ha dado la espalda a otra de las expresiones de violencia en nuestra sociedad.

Las jóvenes no llegaron a este lugar por su voluntad. Todas, sin excepción, han sido víctimas de maltrato, abandono y violencia familiar. Purgar a una entidad por los hechos ocurridos además de ser una medida ineficaz, ella sólo es un distractor de un asunto que atañe a niveles más altos del sistema de protección, prevención e inserción de la niñez y adolescencia.

Así, en el marco de esta tragedia que no debía ocurrir, se expone parte de la historia de una institución del Estado que se ha dedicado a todo, menos a su objetivo por el que fue fundada.

La SBS: de ayuda social  a institución siniestra

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia surge como iniciativa de un grupo de mujeres, entre ellas la esposa del Presidente Juan José Arévalo. La SBS se dirigió inicialmente a atender niñ@s, madres de escasos recursos y desamparados. Este es el origen de los primeros comedores, jardines y guarderías infantiles, así como la asistencia en salud de desamparados.

En las décadas siguientes la estructura burocrática se multiplicó, al extremo que hacia 1986 la SBS poseía 5 direcciones, desde las cuales se administraban alrededor de 39 dependencias. Pero la calidad de los servicios ni la cobertura siguieron el mismo ritmo.

La cúspide del deterioro de la SBS llega en los años más oscuros de las dictaduras y del conflicto armado interno, cuando esta dependencia se presta a adopciones ilegales de niños afectados por el conflicto armado. El arribo de los menores a los hogares temporales de la SBS, se legitima con declararlos huérfanos y sin parientes, cuando en realidad fueron secuestrados de sus comunidades por efectivos del ejército.

La SBS no operaba sola

Las bases militares fueron el primer punto de recepción de los menores. Algunos oficiales de los altos mandos en estas bases militares están sujetos a juicio por crímenes de lesa humanidad, pero ninguno por su involucramiento en secuestro de niños dados en adopción.

La extensión de pasaportes para llevarlos al extranjero, eran otorgados sin ningún control por la Dirección General de Migración, que en su momento fue administrada por uno de los generales que actualmente está sujeto a juicio por delitos de lesa humanidad y su involucramiento en el secuestro del menor Molina Theissen.

La SBS también contó con la cooperación de jueces que declararon en abandono a los menores y los trasladaban al programa de adopciones. En las manos de estos funcionarios estaba la “delicada” decisión de resolver la situación jurídica de estos menores. De estos jueces no hay ninguno detenido o sujeto a juicio, aunque se sabe que algunos se convirtieron en miembros prominentes de ONG.

Para cerrar el círculo de la ilegalidad en las adopciones, se abre el negocio altamente lucrativo de abogados que se constituyen en mandatarios de los padres adoptivos y se encargan de elaborar la escritura correspondiente. De estos tampoco existen procesos judiciales abiertos, pero se tiene noticia que algunos se reciclaron en actividades menos sombrías, incluso en la defensa de derechos humanos.

En otro orden de ideas, la SBS puso su grano de arena en la desaparición forzada que afectó alrededor de 45,000 personas durante el conflicto armado interno. Aunque han desaparecido varias evidencias, todavía existen expedientes de la institución, de las decisiones de los jueces, de los protocolos de abogados y de otros colaboradores. No obstante, las demandas para esclarecer los hechos y solicitar justicia no se ha llevado a cabo.

En octubre de 2016, la Primera Dama reconoce la necesidad de mejorar el resguardo de niñas, declarando “la importancia de velar por su bienestar, y por ello buscamos las alianzas para trabajar en proyectos en su favor”. En noviembre del mismo año la SBS organiza el segundo taller de justicia penal juvenil.

En fin, la SBS se ha convertido en una institución que no acude donde se le necesita y cuando lo hace, llega tarde y con desacierto. Si se busca una solución hay que empezar por ahí.

NOTA

La base de información de este artículo es: Secretaría de la Paz (SEPAZ) (2009). Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca 1977-1989. Dirección de los Archivos de la Paz, Secretaría de la Paz, Presidencia de la República.