El 27 de julio de 2018, desapareció Juana Raymundo Rivera maya ixil, enfermera de 25 años de edad, integrante de CODECA, fue encontrada a las orillas de un río al siguiente día, con señales de violencia.  En diciembre de 2018, fue capturado Jacinto Brito, integrante de la misma organización, por el delito de femicidio contra Juana. Jacinto buscaba tener una relación sentimental con Juana desde que ella tenía 12 años (él 26) y al momento de su asesinato, eran convivientes. Hoy se planeaba conocer las conclusiones del técnico del Ministerio Público -MP- y de los abogados, así como una sentencia, sin embargo, por percances vehiculares, el fiscal no pudo presentarse y la audiencia se suspendió. 

Hoy, 24 de agosto de 2019, dos años después del asesinato de Juana, se había programado a las 8:30 horas, la audiencia de continuación del debate final, oral y público por el femicidio de Juana, después dicha audiencia se pospuso para las 11:30 horas, pero finalmente fue suspendida por el Tribunal de Femicidio de Quiché, debido a que el Fiscal del MP no se pudo hacer presente por un incidente vehicular en su traslado hacia el tribunal. 

La abogada querellante, Jovita Tzul Tzul del Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos -CALDH, comenta que se acordó finalmente, reprogramar la audiencia de forma virtual para otra fecha, pues el juez, además, tiene complicaciones de salud que lo colocan en riesgo a covid-19.  

Se prevee que en esta audiencia se lean las conclusiones del caso por un consultor técnico del MP, de acuerdo a los estudios forenses y las conclusiones de los abogados querellantes y de la defensa, así como una sentencia por parte del tribunal, “por parte de los abogados que hemos estado a lo largo de todo el proceso, se ha hecho el mejor el esfuerzo de mostrarle a los jueces con pruebas científicas, peritajes y declaraciones que existe una responsabilidad por parte del sindicado, pero definitivamente eso solo recae en el análisis que vayan a hacer los jueces.”, comentó la abogada, además recalcó que con todas estas pruebas esperan que exista una condena. 

Leiria Vay García, integrante de la dirección política nacional del CODECA, comenta “como movimiento pedimos justicia por el caso de Juana y tal como lo hemos dicho desde un principio, queremos que caiga quien caiga.” Además, también comenta que el acusado es libre de defenderse pero que no se han involucrado como movimiento, y que se han pronunciado en todas las vías posibles por el caso de Juana, tal como con los demás casos de 18 compañeros y compañeras asesinados en los últimos dos años. 

Leiria también explica que, como movimiento, ha sido muy difícil llevar esta situación, porque considera que este caso ha sido utilizado por varios detractores para seguir criminalizando al movimiento. “Han dicho que nosotros nos matamos entre nosotros para restar importancia todos los demás casos de compañeros y compañeras que han sido asesinados en estos últimos años.”, agregó, y que en ese sentido actualmente se encuentran trabajando en un informe para presentar a diferentes comisiones de trabajo de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, para denunciar y exigir investigaciones pertinentes por todos los asesinatos.  

Los hechos que rodearon la muerte de Juana 

Juana era auxiliar de enfermería en el Centro de Convergencia en la aldea Cotzol de Santa María Nebaj, Quiché, ella había sido electa para formar parte del Comité Ejecutivo en el Movimiento de Liberación de los Pueblos -MLP-, poco antes del suceso y formaba parte de CODECA. 

El 27 de julio de 2018 desapareció, y al siguiente día, fue encontrada sin vida a las orillas de un río con señales de tortura, y según la investigación del Ministerio Público -MP-, había sido golpeada en la cabeza con un objeto cortopunzante que le ocasionó la muerte por trauma craneoencefálico.  

Jovita Tzul Tzul, comenta que la última comunicación que se tuvo de Juana, fue a las cinco de la tarde del día que desapareció, y que, aunque se habla de un secuestro, en las acusaciones del MP, se habla únicamente del delito de femicidio, pero la querella que están presentando busca incluir aparte de femicidio, el delito de violación y violencia contra la mujer en manifestación sexual.  

En diciembre de ese mismo año, fue capturado en la zona 1 del municipio Santa Cruz del Quiché, El Quiché, Jacinto Brito Raymundo de 39 años, pues a través de una investigación de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC y de que se constatara por parte de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del MP que era el responsable de violentar y asesinar a Juana. Luego de ello, fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva por este crimen, cabe destacar que Jacinto, al igual que Juana, era integrante de CODECA, según información del MP y de la PNC. 

Jacinto Brito estaba casado y era pastor evangélico del área, lo cual lo colocaba en una posición de poder dentro de la comunidad, desde los 12 años mantenía intenciones de entablar una relación sentimental con Juana, y al momento del asesinato, ellos tenían una relación de convivencia, lo que quiere decir que, desde ese entonces, hasta el fallecimiento de Juana, se suman 12 años de tener una relación violenta con la víctima, explica Jovita. Actualmente, no se conoce el argumento de defensa por parte del abogado de Jacinto. 

En ese momento, 20 de diciembre de 2019, CODECA se manifestó en un comunicado público ante los hallazgos del MP en la investigación del caso, exigiendo al mismo MP continuar con una investigación seria e imparcial para identificar a las y los responsables del crimen y asesinato de la defensora Juana Raymundo, pues en la investigación el implicado es un militante también de CODECA.