Este 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, decenas de víctimas de la guerra de varias regiones del país denunciaron los retrocesos en los procesos de justicia transicional y exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por proteger a militares acusados de graves crímenes de guerra.  Los sobrevivientes expresaron su rechazo al desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la destitución de fiscales que investigaron casos como el genocidio Ixil.

Por Regina Pérez

“En Guatemala la justicia se está haciendo para atrás”, expresó María Sajic, de la B’oq’ol Q’esal Iq’esal Tenam Naab’a’ (Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil de Nebaj) en un acto realizado frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).  Este martes 10 de diciembre, decenas de víctimas del conflicto armado interno repudiaron los recientes fallos de las Salas de Apelaciones que han favorecido a militares acusados de crímenes de lesa humanidad en los casos genocidio Ixil y CREOMPAZ.

Sajic, originaria de Nebaj, expresó su preocupación por la falta de justicia para los que sufrieron el genocidio. “Pedimos justicia, ¿por qué? Porque hicieron daño a la población Ixil. Mataron a nuestras familias, quemaron las casas, secuestraban personas en la noche y masacraban en las viviendas, entonces, ¿por qué no hay justicia?”, reclamó.

La sobreviviente manifestó su desconcierto ante los recientes fallos de las Salas, como en el caso de genocidio Ixil, en el que la Sala Primera de Mayor Riesgo aceptó una recusación en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” y lo apartó del caso. La consecuencia, el juicio quedó fue anulado y deberá empezar desde cero.

“¿Cómo es que no va haber justicia si es un delito? Hasta cuando matan a un animal buscan justicia y nosotros como somos personas, también. Se tiene que seguir”, afirmó.

El acto realizado en la Plaza de los Derechos Humanos reunió a sobrevivientes del conflicto armado que por años han impulsado varios casos en los tribunales de justicia. Antes de comenzar la conferencia se realizó una invocación ante el Ajaw E’. La energía de este día relacionada al nahual E que en la cosmovisión maya representa el camino.

“Ojalá que el Ajaw E abra el camino, quite los obstáculos que hay en la justicia, que no se aplica lo que queremos”, manifestaron guías espirituales.

Preocupan acciones de Consuelo Porras

José Silvio, portavoz de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y querellante en el caso por genocidio, manifestó que les preocupa lo que está ocurriendo con la Fiscalía de Derechos Humanos, con las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, que ha destituido a varios fiscales y auxiliares fiscales que llevan los casos genocidio ixil, CREOMPAZ y otros.

El 3 de diciembre se conoció que Porras destituyó al jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Tomás Ramírez y a la fiscal Cándida Morales Santos, quienes llevaban el caso por genocidio. En lugar de Ramírez nombró a Noé Rivera, un fiscal conocido por criminalizar a operadores de justicia, entre ellos Juan Francisco Sandoval, Stuardo Campo, Virginia Laparra y la abogada Claudia González.

Días antes ya había sido destituido el fiscal Erick de León, a cargo del juicio por genocidio Ixil y otros dos fiscales más, en tanto 11 auxiliares y agentes fiscales que investigaban delitos relacionados al conflicto armado fueron trasladados a otras fiscalías.

“Están en vías de estancar esta Fiscalía, creemos que lo que quieren es dejar todos estos hechos en la impunidad” afirmó.

Una de las exigencias de los sobrevivientes es que Porras deje el cargo “por promover la impunidad a favor de exmilitares y por proteger a actores corruptos”.

A la CSJ y Corte de Constitucionalidad pidieron revocar los fallos de las Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo y garantizar los derechos de las víctimas.

Presentan amparo contra fallo de Sala

Tras la conferencia de prensa, los sobrevivientes del genocidio Ixil junto al abogado Mario Trejo, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), querellante en el caso, presentaron un amparo ante la CSJ en contra del fallo de la Sala Primera que apartó al Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

El juicio está en suspenso y según Trejo, con esta acción buscan que se revoque la decisión de la Sala y poder continuar con el debate, que estaba próximo a llegar a la etapa de sentencia.

Se habían realizado aproximadamente 99 audiencias del juicio por genocidio, en el cual el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, estaba siendo acusado de genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada. Pero una recusación de la defensa de Lucas contra los jueces a quienes señalaban de ser imparciales fue dada con lugar por la Sala Primera de Mayor Riesgo y anuló el juicio.

Eleodoro Osorio, presidente de la AJR y querellante en el juicio, lamentó ese fallo. “Una sala en cuestión de minutos botó la lucha de los testigos”, dijo.

Osorio agregó que los testigos y sobrevivientes han venido a declarar en numerosas ocasiones y aún así se les niega la justicia. “Dicen que no hubo masacres y toman como mentirosos a los testigos, ellos vienen a hablar su verdad”, manifestó.

En este caso, el acusado Lucas García solicitó en tres ocasiones salir de la prisión preventiva, en el Hospital Militar. La última vez fue antes de conocerse la recusación en contra del Tribunal, que no le dio trámite a la solicitud pues ya conocía la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo. Abogados de las víctimas manifestaron que se oponen a que sea beneficiado con esta medida.

Lucas guardaba prisión en otros dos casos, CREOMPAZ y Molina Theissen pero los fallos de las Salas lo beneficiaron. Al mismo tiempo, es requerido por la justicia de Bélgica por el asesinato de los misioneros belgas Walter Voordeckers y Ward Capiau, la desaparición forzada de Serge Berten y el secuestro y tortura de Paul Schilderman.

Las partes civiles en este caso solicitaron su extradición y la de otros condenados por la justicia belga para que cumplan su condena.

Con el panorama actual, Osorio señala que la justicia en Guatemala avanza un poco y luego retrocede. “Nunca llega a lo que ellos querían, una justicia digna, porque no es posible que sus seres queridos fueron masacrados, hay personas que murieron y ni siquiera supieron por qué los mataron”, indicó.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) estima que hubo 200 mil muertos en el conflicto armado interno en Guatemala, 669 masacres y más de un millón y medio de personas desplazadas. El ejército fue acusado de ser el responsable del más del 90 % de las violaciones contra la población civil.