La impunidad y la indefensión de las niñas continúa en el Hogar Seguro
El 7 de marzo de 2017, un grupo de 56 niñas y adolescentes fueron encerradas por la policía en una pequeña habitación luego de protestar contra el abuso físico y sexual a las que eran sometidas en el centro de protección Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción. Allí pasaron la noche sin espacio suficiente, baños, agua o alimentos. En la madrugada del 8 de marzo, un incendio en el salón dejó gravemente heridas a más de la mitad y cobró la vida de 41 niñas. Quince de ellas sobrevivieron y siguen enfrentándose a las secuelas de los abusos que vivieron dentro del centro.
Mientras las autoridades responsables de su bienestar permanecen impunes, las señalan como únicas culpables de los hechos.
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Han pasado cuatro años y siete meses desde el incendio del Hogar Seguro. El caso que inició pocos meses después del incendio, se ha quedado estancado en los tribunales, mientras que la situación de indefensión de las niñas y adolescentes que permanecen en el centro de protección continúa, aseguran las familiares de las víctimas junto a las organizaciones Disability Rights Internacional y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos en el informe: “Todavía en Riesgo: Muerte y desaparición de las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción”.
En el documento denuncian una serie de anomalías que van desde el asesinato de dos de las madres de las víctimas: Gloria Pérez Y Pérez y María Elizabeth Ramírez, las amenazas e intimidaciones que otras han recibido, y un proceso penal viciado que todavía no llega a juicio.
“Los graves daños físicos y psicológicos causados a las sobrevivientes continúan impunes”, señala el informe.
El pasado 29 de septiembre, Carlos Rodas, exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), fue beneficiado con arresto domiciliario. Rodas forma parte de la lista de
nueve personas que han sido imputadas como responsables, también está Anahy Keller, exsubsecretaria de la SBS; y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro; quienes han sido señalados de haber cometido delitos menores vinculados a la negligencia, pero no son investigados por las violaciones que las niñas y sus familiares denunciaron ocurrían en el hogar y que provocaron los hechos del 7 de marzo de 2017.
Algunos de los delitos mencionados en el informe son: tortura, presunta trata sexual de personas y asesinato. Por eso, las organizaciones aseguran que “las sobrevivientes del incendio enfrenta explotación, abuso y pobreza”.
Juanita Pérez, una de las abogadas del despacho que lleva el caso en los tribunales, refirió en conferencia de prensa que la Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene conflicto de intereses en el caso pues participa como querellante, acusado y representante de 6 de las sobrevivientes del incendio.
Una muestra del conflicto de intereses se debe a que Harold Flores, director de la Unidad de Menores de la PGN, ha sido imputado por maltrato a menores, incumplimiento de deberes profesionales, homicidio y lesiones culposas. A pesar de esto, sigue ejerciendo su cargo, apunta el informe.
“Después de la tragedia que mató a 41 niñas, el Estado creó una pensión mensual de por vida de Q. 5,000 para satisfacer las necesidades básicas de las sobrevivientes. Sin embargo, según los registros del Estado, solo 2 de las sobrevivientes del incendio están recibiendo esta pensión”, refiere el documento.
Por otro lado, las violaciones y condiciones infrahumanas en las que viven las niñas y adolescentes bajo el sistema de protección dentro del Hogar Seguro ha probado ser inefectivo. Pues de los 600 menores resguardados en ese centro hasta 2017, 61 de han muerto y, al menos, 91 de ellos han escapado y no han podido ser localizados.
“Los efectos de la institucionalización pueden incluir salud física deficiente, graves retrasos en el desarrollo, discapacidad y daño psicológico potencialmente irreversible. Los efectos son más severos cuanto más tiempo se prolongue la institucionalización y cuanto más deficientes sean las condiciones de la institución”, refiere un reporte de Unicef sobre violencia infantil de 2018.
“El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger a los sobrevivientes, y mucho menos brindarles el apoyo y las reparaciones que merecen como sobrevivientes de abusos a manos de las autoridades estatales, indicó Eric Rosenthal de Disability Rights International. Las familiares de las niñas sobrevivientes, ahora adultas, no quieren que la historia se repita.
El informe presentado recomienda al Estado guatemalteco tomar las siguientes medidas:
1.Garantizar la seguridad de las familias que buscan justicia para sus hijas y detener las amenazas que han recibido.
2. Localizar a las sobrevivientes del incendio y garantizar su seguridad, acceso a una vivienda, coberturas médicas, reunificación familiar y asesoramiento psicológico y emocional.
3. Crear familias sustitutas para los que no puedan regresar con sus familias originales.
4. Investigar las muertes recientes de los familiares de las víctimas, así como las denuncias de trata, prostitución y abuso dentro del Hogar Seguro.