El Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe se caracterizó por muchas acciones de mujeres organizadas para situar en la agenda pública el derecho a decidir en distintos países. En Guatemala, desde el arte, el ciberactivismo, la protesta y el pedal, las mujeres manifestaron su rechazo a las leyes que obligan a las mujeres y las niñas a parir en condiciones que vulneran su autonomía y dignidad. Sin embargo, distintos grupos conservadores del país mostraron su rechazo mediante mensajes públicos, cartas y denuncias penales contra personas y organizaciones por las actividades realizadas en el marco del 28S. 

En la Ciudad de México trascendió la fuerte represión y violencia policial con la que se enfrentaron las mujeres manifestantes. En Guatemala, la reacción conservadora no se hizo esperar un día: el mismo 28 de septiembre Hanss Magnusson, el embajador de Suecia en Guatemala se pronunció en defensa del derecho a decidir y la Asociación de Mujeres Conservadoras le envió una carta manifestando su rechazo y señalando que se entrometía en asuntos internos:  

El 29 de septiembre, dos diputados del llamado “Frente Parlamentario por la Vida”, Julio Lainfiesta y Aníbal Samayoa, en conjunto con la Asociación La Familia Importa -AFI- presentaron una denuncia al Ministerio Público contra la organización Incidejoven y perfiles de redes sociales anónimos como Hablemos de Aborto GT. 

Esta denuncia pretende establecer como “instigación a delinquir” y “usurpación de calidad” el hecho de que las mujeres difundan información sobre cómo se practica un aborto con medicamentos. Asimismo, Incidejoven ha sido una organización que se enfoca en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, entendiéndolos como derechos humanos y libertades inalienables de las juventudes. 

Ante estas acciones de criminalización, distintas organizaciones como la Red de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Humanos publicaron alertas por los ataques hacia Incidejoven y otros perfiles. 

Los denunciantes 

El “Frente parlamentario por la vida” surge como seguimiento a una iniciativa presentada por la AFI. En palabras de los integrantes, el objetivo del frente parlamentario es defender la vida desde su concepción, como oposición a cualquier iniciativa legal que pudiera referirse a la interrupción del embarazo. La AFI aglutina a más de 40 organizaciones aliadas de distintas denominaciones religiosas e independientes, entre ellas la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal, la Alianza Evangélica y el Instituto Fe y Libertad. 

De acuerdo con la página web de AFI, en marzo de 2019 la directora fundadora de AFI, Sandy Recinos Acevedo fue electa como vicepresidenta de la asociación. En 2020 fue designada como secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas –SVET- para el gobierno de Alejandro Giammattei. Actualmente el presidente de AFI es Pablo Ortiz y la vicepresidenta Astrid Ríos.  

Asimismo, Julio Lainfiesta, uno de los diputados denunciantes, es hermano del fallecido Francisco Lainfiesta señalado de corrupción en la construcción de la Cárcel Fraijanes II. Lainfiesta es diputado por el partido UCN, cuyo presidenciable Mario Estrada fue condenado a 15 años de prisión por estar involucrado en una operación de tráfico de cocaína a los Estados Unidos.