La falta de atención médica y de servicios de salud sexual y reproductiva es una barrera para las mujeres que van en ruta hacia Estados Unidos. Pese a que tiene la obligación legal, el Estado mexicano no les provee servicios médicos, solo a aquellas personas con un trámite migratorio iniciado. Las migrantes que no tienen un domicilio fijo no acuden a pasar consulta por miedo a ser discriminadas. Las organizaciones sociales asumen un rol que le corresponde al Estado, pero esta tarea es cada vez más difícil por la alta demanda y la falta de recursos. En contraste, las autoridades del hospital público alegan que tienen una política de cero rechazo.

Zaira, una hondureña de 57 años, salió de su país con su hijo menor para evitar que lo mataran las pandillas. En julio de 2022 llegó a México, pero la vida la regresó al país que la expulsó. A los siete meses le avisaron que su hijo mayor había sido asesinado.

 "Salvé a uno, pero me descuidé del otro y me lo mataron. Entonces salí como loca de aquí (México) porque son cosas que uno no se espera", relata un día de enero de 2023, sentada en un pasillo de la antigua estación de PEMEX (Petróleos Mexicanos), donde ahora funciona un programa de empleo temporal de la Secretaría de Bienestar en Tapachula, uno de las ciudades clave en la frontera sur de México.

 No llegó a tiempo para el entierro y al paso de unas semanas decidió volver a México. Había dejado a su hijo menor y tenía que regresar con él. Así que siguió la misma ruta: tomó un bus a Guatemala, pasó en una balsa el río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México, y llegó a Tapachula.

 Ahora Zaira, además de preocuparse porque su hijo menor todavía no tiene papeles para permanecer en México, tiene otra inquietud: la de enfermarse en un país donde está de paso porque los servicios de salud son limitados.

 Tapachula se ha ganado calificativos como "cárcel a cielo abierto" o "ciudad tapón" porque es un embudo para quienes intentan llegar a Estados Unidos. En sus calles, parques y refugios se mantienen varadas unas 50 mil personas migrantes que esperan una respuesta a sus trámites de regularización, según datos de las organizaciones.

 El Distrito Sanitario de Tapachula, conocido como el distrito siete, es el que se encarga de la atención médica de esa ciudad y 16 municipios más.

 La Ley de Migración establece que el Estado mexicano debe garantizar, sin restricción alguna, la salud de las personas migrantes. "Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables", dice el artículo 8 de esta normativa publicada en mayo de 2011.

 Pero luego de dos viajes a la zona, de hablar con una docena de mujeres en tránsito, y después de entrevistar a representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, se constató que los servicios de salud públicos son insuficientes. Y es peor si se trata de salud sexual y reproductiva para mujeres migrantes. La necesidad de atención rebasa la capacidad del sistema público.

 Cuatro organismos que trabajan en Tapachula consultados para este reportaje sostienen que es la sociedad civil la que brinda la atención médica de migrantes que no alcanza a cubrir el Estado mexicano. Además, señalan que los servicios de salud sexual reproductiva son mucho más deficientes.

 "Hay días en los que en el hospital tienen poco personal y no hay medicamentos. Y la falta de recursos no es culpa del personal. Hay un racismo institucional. Tapachula no está preparado para estos números, para atender a tantas personas. Se colapsa el sistema de salud", afirma Laura Benítez, coordinadora de atención médica en la organización Global Response Management (GRM), mientras termina de colocar un suero a un migrante que llegó descompensado porque la temperatura en las calles ronda los cuarenta grados centígrados.

GRM es una organización no gubernamental que brindaba atención médica gratuita en una antigua estación ferroviaria de Tapachula. Ese complejo se llama Centro de Desarrollo Comunitario y reúne a varias organizaciones que atienden a migrantes. En promedio, GRM recibía a 70 pacientes cada día. Atendió a 9 mil migrantes en 2022, principalmente haitianos y centroamericanos. La mayoría eran mujeres.

 La organización llegó a Tapachula en marzo de 2021 para dar atención sanitaria a personas en contextos de movilidad, migrantes y refugiados. La primera causa de consulta eran las enfermedades respiratorias y las gastrointestinales. También atendían a migrantes embarazadas: les daban vitaminas o les hacían un ultrasonido.

 Pero tuvieron que cerrar en enero pasado por falta de financiamiento. Y tras el cierre de este espacio quedó un nuevo hueco. "Todos nos estamos haciendo esa pregunta: ¿Y ahora qué va a pasar con toda esta gente?", dice Benítez.

 En Tapachula los parques son la casa de las personas migrantes. Durante el día, los migrantes se dispersan por las calles, pero cuando llega la noche vuelven y colocan cartones para dormir a la intemperie. Esas personas, según Benítez, no tienen acceso a servicios de salud público porque no tienen una dirección fija. Ocurre lo contrario a lo que dice la ley, que establece que las personas extranjeros podrán gozar de este derecho sin restricciones.

 "El centro de salud les pide su constancia de que iniciaron su trámite en COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). Les pide su pasaporte y un comprobante de domicilio que sea de una colonia cercana al centro de salud. Ese es el vacío que queda. Entonces esas personas tienen que buscar apoyo de las organizaciones", dice Benítez.

 México aprobó en noviembre de 2019 una reforma a la Ley General de Salud, que creó el Instituto de Salud para el Bienestar. Desde entonces, en el papel quedó por escrito que las poblaciones migrantes no deberían afiliarse a ninguna institución para tener acceso a servicios médicos. Pero, en la práctica, las personas migrantes todavía encuentran barreras burocráticas como las mencionadas por Benítez.

 Josefa, de 39 años, migró del oriente de El Salvador a causa de la violencia en 2021. Tenía un pequeño negocio, pero tuvo que dejarlo porque ya no alcanzaba a pagar la extorsión que le exigía un grupo de pandilleros. En el trayecto se enfermó: dice que tuvo complicaciones de la vista. En varias ocasiones ha necesitado del sistema de salud, pero nunca ha ido a un hospital o una clínica pública, porque ha escuchado que es complicado el acceso para las personas migrantes. Teme ser discriminada.

 “Algunas compañeras decían que no las miraban muy bien, entonces yo no quise ir”, dice Josefa, otra de las mujeres que obtuvo un trabajo temporal en Bienestar Social.

Un estudio elaborado por varias organizaciones y Médicos del Mundo, una ONG que auxilia a migrantes en Tapachula,  determinó que las mujeres migrantes enfrentan barreras de acceso a salud porque el sistema público es débil, no alcanza a cubrir las necesidades de esta población, y cuando puede lo hace con discriminación.

 "Cuando me he sentido mal o mis hijas se enferman he ido a la Brigada (una ONG) porque me da cosa que me vayan a hacer sentir mal en un hospital, por eso nunca he ido", dice la salvadoreña, quien migró con una hija de 13 y otra de cuatro años.

 El acceso a salud sexual y reproductiva es aún más limitado. Médicos del Mundo también detectó que los métodos anticonceptivos de larga duración, como un dispositivo intrauterino o un implante, solo eran ofrecidos a personas que ya están residiendo en México o que tienen la condición de refugiado. Lo mismo que ocurre, según las migrantes entrevistadas, con el resto de servicios de salud. 

Otro problema es la falta de información. "Las mujeres no tenían acceso a información sobre su derecho a la salud en México, sobre sus derechos sexuales y reproductivos y esto incluye acceso a anticonceptivos, acceso a interrupción legal del embarazo, acceso a atención postparto y recién nacido", explica Tania Marín, investigadora de Médicos del Mundo.

Entre 2021 y 2022, la organización atendió casi mil casos de mujeres migrantes que sufrieron algún tipo de agresión: 642 víctimas de violencia de género y 313 casos de violencia sexual, según sus estadísticas.

"La mayoría de las agresiones, sobre todo las sexuales, ocurren no tanto durante el tránsito, pero sí en México. Las mujeres centroamericanas siguen siendo el principal grupo de población que atendemos", dice Marín.

 Las organizaciones concuerdan en que la violencia sexual y de género incrementa a media que las migrantes van subiendo hacia Estados Unidos.

 "Nos da la impresión de que esto puede ser un factor por el cual no se le presta suficiente atención a este tema de este lado de México, porque el trayecto que han pasado ellas realmente es corto, si se compara con todo lo que les toca vivir hacia arriba", agrega Marín.

 Enue Alvarenga, de 29 años, huyó de Honduras después de sufrir violencia de género de su pareja, durante 14 años. Tuvo que dejar a sus tres hijos para poder migrar. Ella tampoco nunca ha ido a un centro de salud, porque ha escuchado que no atienden a las migrantes. Tampoco ha podido tratar las secuelas psicológicas que dejó todo el maltrato que sufrió.

 "En general en México es la sociedad civil quien empuja estos temas de atención a la violencia de género, de derechos sexuales y reproductivos; y es gracias a eso que se posiciona en una agenda pública y eso hace que el Estado tenga que reaccionar de alguna manera", dice Tania Marín, de Médicos del Mundo.

Hay otro factor identificado por la sociedad civil: la revictimización de las instituciones que atienden a las mujeres migrantes.

 "No tienen sensibilidad para trabajar con personas migrantes. Y hay revictimización porque no conocen la documentación con la que ellas puedan contar, o dicen: no tienes papeles, cómo te voy a atender", señala Guadalupe Irene, técnica de integración social de Fray Matías, otra organización que trabaja en la atención a mujeres. Y añade: "La infraestructura no alcanza para atender a la población local y a la población migrante, lo que ocasiona conflictos en la propia comunidad que pues terminan en discurso de xenófobo".

 La visión institucional

Las organizaciones apuntan que no hay suficiente atención sanitaria para personas migrantes. Los directores del hospital general de Tapachula, en cambio, afirman lo contrario: dicen tener una política de "cero rechazo", que no ponen ningún requisito y que les atienden aunque no tengan ninguna documentación.

 "Nosotros no discriminamos, atendemos todo aquel que venga, aquí manejamos un tres como se manejan los niveles hospitalarios y no necesariamente tiene que ser una persona que sea de Tapachula este un hospital de concentración", afirma Nohemí Hernández Pérez, directora del hospital regional Tapachula.

La primera causa de atención a mujeres migrantes es la atención ginecológica, después están las infecciones respiratorias, los accidentes, gastrointestinales, según las estadísticas oficiales.

"El cero rechazo consiste en que el paciente que requiera de la atención, independientemente de sexo, independientemente del color e independientemente de nacionalidad sea atendido", afirma José Esaú Guzmán, subdirector del hospital.

Ambos médicos afirmaron que el hospital tiene una cartilla del migrante, donde van anotando las vacunas y las enfermedades que padecen, para que esta les pueda servir mientras van en tránsito.

Pese a reiteradas peticiones, el distrito no compartió las estadísticas que sustenten las afirmaciones sobre la capacidad y alcance de las atenciones. El único dato brindado es que en 2019, se brindaron 1092 atenciones generales a migrantes.

 El estudio de Médicos del Mundo abordó la realidad de las mujeres en Tapachula entre 2020 y 2021. Dos años después, el diagnóstico no es alentador:  el sistema está cada vez más saturado y hay pocas medidas que se tomen para atender estos temas. Se quedan cortos los esfuerzos comparados con las necesidades de las mujeres migrantes.

  ¿Qué ha pasado desde entonces? "Yo diría que han habido intentos, pero igual creo que se quedan cortos de superar estas barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes”, dice Tanía Marín, de Médicos del mundo.

 Iván Aguilar coordinador humanitario en Oxfam, otra organización que trabaja en asistencia de migrantes en 35 puntos fronterizos, señala el mismo punto: "No hay una política para facilitar el acceso y por eso la gente prefiere ir a servicios no gubernamentales porque ahí no se les va a cuestionar su nacionalidad… Los servicios públicos están intentando en la medida de lo posible de no darte servicios para desincentivar la migración".

 Y la demanda aumenta

Las estadísticas indican que cada vez son más las personas centroamericanas pidiendo refugio en México. Las estadísticas desde 2018, y luego de la pandemia por Covid-19, las solicitudes han ido en aumento.

La educación sexual en el camino

 Médicos del Mundo, GRM y Fray Matías de Córdova no son las únicas organizaciones que perciben la falta de atención.  La Brigada Callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez”, una organización que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y auxilia a mujeres migrantes en 28 estados de México, tiene el mismo sentir. Elvira Madrid, su presidenta, lo dice así:  "Somos las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno. Muchas fundaciones internacionales le dan recursos, pero no llegan".

 Esta organización llegó a Tapachula en 2012. Además de dar consultas médicas, les dan charlas a las personas migrantes sobre salud sexual. Les enseñan cómo poner un condón y cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, les hablan sobre planificación familiar. Surgieron para la prevención del VIH.

 "Nosotros empezamos a dar la atención médica haciendo pruebas, dando métodos anticonceptivos, porque nos decían que del camino habían sido violadas y secuestradas. Hubo una crítica muy fuerte hacia nosotros porque empecé a dar píldoras de emergencia para el camino. Nos decían ustedes están promoviendo que tengan sexo. Noooo es que el sexo lo están teniendo muchas veces en contra de su voluntad, porque reportaban ser violadas en el en el camino", cuenta Elvira.

 Les persiguieron las críticas. Esto, en opinión de Tania Marín, está asociado al contexto cultural: "Sigue pesando mucho la cuestión moral, la cuestión religiosa sigue siendo un tabú. La salud sexual se ve más como una cuestión moral, que como una cuestión de salud pública o de Educación, eso en contexto cultural".

 "La gente que ha pasado aquí, no solo de Centroamérica, de África, de la India, hemos visto que hay una nula información sobre educación sexual", dice Elvira, a quien conocen como "Mamá Elvira" por dedicarse a cuidar a trabajadoras sexuales.

 Otras dificultades en el trayecto

Josefa, la salvadoreña que desde 2021 permanece en México junto a sus hijas, relata el tramado de corrupción estatal en todo México del que fue testigo en su intento de llegar desde El Salvador hasta Tijuana: “Lo de que extorsionan en el camino empieza desde Guatemala porque en El Salvador lo dejan a uno pasar libremente, pero ya llegando a la frontera de Guatemala y empieza la extorsión y es de siempre”, asegura.

Dilcia, una hondureña de 29 años, migró ante la situación económica de su país. Hizo el trayecto sin dinero y sufrió mucho, porque tuvo que caminar por los montes y la vía del tren. Al llegar a Tapachula en agosto de 2022, durmió siete días en el parque, pero comenta que solo se enfermó una vez del estómago debido a que a veces comía y a veces no. Ella tampoco acudió al sistema público. Fue a pasar consulta a una clínica ubicada en la antigua vía del tren. Le detectaron una bacteria y le dieron medicina. La clínica desapareció en enero.

 Al igual que Dilcia, mujeres, niños y niñas se ven obligados a dormir en los parques y en las calles céntricas de Tapachula. Los espacios disponibles en los albergues para migrantes no dan abasto.

 Juan Manuel Méndez Alfaro, coordinador del Área de Acompañamiento Integral en el albergue Hospitalidad y Solidaridad, el más grande de Latinoamérica, explica que en el refugio tienen capacidad para atender mensualmente a 250 personas solicitantes de la condición de refugiado o aquellas que solo tienen un citatorio en COMAR. 

A diferencia de los albergues de paso, que solo permiten permanecer a los migrantes un par de días, el tiempo máximo que una persona puede quedarse en Hospitalidad y Solidaridad es de tres meses, pero Méndez aclara que todo depende de las necesidades. “Hemos tenido a personas que por condición médica se extiende su estancia o incluso por las necesidades de protección que están atravesando en este procedimiento, mientras que la COMAR los reconoce como refugiados”, dice.

 Según él, este lugar atiende a aquellas mujeres que han estado en mayor riesgo: víctimas de violencia basada en género, víctimas de violencia sexual, física, psicológica, quienes son referidas por otras organizaciones de asistencia humanitaria y derechos humanos.

 “Cuando ingresan al albergue, damos un seguimiento a estas necesidades, porque aquí es el lugar donde de pronto van a comenzar a expresar cosas que no han expresado con nadie más y que para nosotros es importante que por medio de una entrevista podamos ir también haciendo un poco más amplio el acompañamiento que una persona puede tener”, añade Méndez.

 Cada mediodía, decenas de mujeres permanecen con sus niños y niñas descansando sobre colchonetas por los pasillos del albergue, protegiéndose del intenso calor, mientras esperan recibir el almuerzo.  Además de compartir estancia, comparten historias similares: huyen de la violencia, de la pobreza o van en busca de otro futuro para ellas y sus familias.

 Este reportaje se realizó con el apoyo de Oxfam en Centroamérica con el financiamiento del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y es una publicación colaborativa entre Revista Factum, Prensa Comunitaria y Alharaca.