El acuerdo número 46-2023, el cual entra en vigencia hoy, dispone suprimir a Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en la ciudad Guatemala.

Por: Eslly Melgarejo y Andina Ayala

El artículo 1 del acuerdo 46-2023, publicado en el diario oficial, ordena “suprimir” al Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en el municipio de Guatemala.

Según Fredy Calderón, coordinador del área de comunicación de la Secretaría Social y Protocolo del Organismo Judicial, se tomó la decisión derivado de que el Organismo Judicial (OJ) cuenta con el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, que funciona como parte del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia Ixkem (MAIMI).

“Se realizaron los estudios y la carga laboral que tiene el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Guatemala ha disminuido, por lo que todos los casos se están viendo en el juzgado ubicado en el MAIMI, razón por la cual fue suprimido; en el artículo 3 del acuerdo se encuentra la fase de liquidación”, aseguró el coordinador Calderón.

Según el documento, existe duplicidad en diversos juzgados y traslada la función a los demás juzgados que se encuentran en el MAIMI. Ante este documento, Paula Barrios, abogada y coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, aseguró que esta acción por parte del Ministerio Público es un retroceso en el acceso a la justicia para las mujeres.

El Juzgado de Turno se ubicaba en la sede central del Ministerio Público y estaba abierto las 24 horas.  Según el artículo 4, el horario ahora se reduce y atenderá de 8:00 a 15:30 horas en el MAIMI, ubicado en la 11 avenida "A" 11-47 de la zona 7, en la colonia La Verbena. “Es una zona roja y de toda Guatemala es de las áreas más peligrosas, no tiene parqueo y se corre el riesgo de asaltos y cualquier tipo de violencia en los alrededores y tampoco llega un bus al sector, siempre deben de transbordar, el transbordo implica una complicación más, entonces no están pensando en las mujeres. Lo que esto hace es convertir una denuncia en un proceso de peregrinación engorroso y sin tener avances”, dijo Barrios.

Todo esto complica colocar una denuncia. El Juzgado de Turno trabajaba las 24 horas, los 365 días del año, centralizar no es la forma de operativizar el modelo. El Ministerio Público siempre se había caracterizado en las últimas dos administraciones por tener puertas abiertas para escuchar las peticiones y aportes de las mujeres, pero hoy la Fiscal General Consuelo Porras toma medidas que no responden a las mujeres violentadas. 

“Se supone que el objetivo de estas instalaciones era reducir el tiempo de la denuncia, además tener todas las agencias y dependencias internamente, pero el MAIMI sigue sin tener médico forense y sin tener la capacidad de hacer esas investigaciones preliminares con la diligencia de vida. Mi criterio personal en relación a esas diligencias personales, es que se han vuelto requisito por costumbre, mas no porque la ley así lo establezca”, indicó la abogada Barrios.

“La declaración de la víctima podría ser tomada a cualquier hora, también algunas evaluaciones médicas o psicológicas, las 24 horas, los 365 días del año, en las instalaciones del Ministerio Público, ¡y esto era más accesible para las mujeres que requerían de una audiencia urgente por situaciones de violencia!”, comentó Barrios.

Al respecto, la diputada Andrea Villagrán se pronunció en su cuenta personal de X. “Cerrar un juzgado de femicidio es una medida regresiva porque quita un espacio para acceder a la justicia”, y compartió el comunicado en donde se pronunciaron las diputadas electas del partido Movimiento Semilla, rechazando y expresando su preocupación por el cierre del juzgado. “Los derechos de las mujeres siempre han sido una lucha constante, el retroceso de estas representan una grave violación a los derechos humanos”, dice el comunicado.

Comunicado.