La CIDH y Oficina del Alto Comisionado piden detener la criminalización contra defensores de DDHH
Foto: Prensa Comunitaria
Ambos organismos señalan que la criminalización tiene el propósito de silenciar u obstruir la labor de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.
Por Simón Antonio Ramón
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en una declaración conjunta pidieron a siete países de la región entre ellos Guatemala, “cesar la criminalización de las personas que defienden derechos humanos”.
La declaración de ambas instancias regionales se da en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en el que señalan que la criminalización “vulnera los derechos fundamentales de estas personas y socavan los principios de la democracia y el Estado de derecho”.
El informe sobre la situación de Guatemala que presentó el Alto Comisionado Naciones Unidas, Volker Türk, ante el Consejo de las Naciones Unidas, señaló tres dimensiones de violación de derechos humanos durante el año 2023.
“Se agravaron los problemas sistémicos y estructurales relacionados con la desigualdad y la discriminación”, señaló al leer las conclusiones del informe sobre Guatemala.
Además, el OACNUDH registró un aumento significativo de ataques deliberados contra la independencia judicial y observó que se intentó socavar la integridad del proceso electoral. También aumentaron los ataques contra personas defensoras de derechos humanos afectando el espacio democrático.
En un análisis global de la situación de los derechos humanos en el mundo, el 10 de septiembre, Volker Türk, tomó como referencia el caso al señalar: “lo vemos, por ejemplo, en Guatemala, donde el derecho penal y sus procesos son abusados por algunos actores oficiales, como la fiscal general, Consuelo Porras, para presionar y perseguir a los involucrados en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la rendición de cuentas”.
En la visita in loco de la CIDH a Guatemala, en julio pasado, señaló en su informe preliminar, su alarma por la cantidad de casos penales en contra de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos y del territorio, una práctica que calificó como criminalización.
Recomendó al Estado guatemalteco establecer un mecanismo de evaluación al Ministerio Público acerca de su funcionamiento. “La CIDH ofrece su acompañamiento técnico para hacer un examen independiente sobre el funcionamiento del MP. Lo que estamos señalando y lo que hemos escuchado de parte de las instituciones públicas, organizaciones, activistas, expertos constitucionales, es que el mecanismo de rendición de cuentas hoy vigente en Guatemala respecto al MP no funciona”, dijo Andrea Pochak, comisionada de la CIDH.
La alarma de criminalización
Los organismos internacionales señalan que la criminalización tiene el propósito de silenciar u obstruir la labor de las personas defensoras de derechos humanos que es recurrente en la región que manifiesta de diferentes modalidades cómo denuncias infundadas con delitos pueden ser interpretadas de manera discrecional y el uso de medidas cautelares utilizadas con fines de intimidación, como la detención preventiva o la prohibición de salida del país.
Consideran estas instancias que las modalidades de criminalización están dirigidas “hacia personas defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas”. Afirman que las y los defensores de derechos humanos “enfrentan fuertes presiones de autoridades y actores privados interesados en proyectos extractivos que pudieran afectar los bienes naturales y territorios ancestrales”.
Guatemala tiene señalamientos de violar los derechos fundamentales de la población, de 2015 a 2023, cuando fue incluido en el capítulo 4.b en el informe anual de la situación de derechos humanos de la CIDH, un capítulo donde están incluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, señalados desde hace muchos años de violar derechos humanos.