El 6 de agosto se cumplieron tres años desde que se implementó la Alerta Isabel-Claudina de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Esta lleva los nombres de Isabel Véliz Franco y Claudina Velásquez, dos jóvenes víctimas de femicidio cuya desaparición fue atendida tardíamente por el Estado, además de ser tratadas con estigmas y prejuicios de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala por su mal proceder en los casos y ordenó tomar medidas para atender las desapariciones de mujeres.

La historia

Considerando los casos y sentencias sobre la desaparición y el femicidio de Isabel Véliz Franco y Claudina Velásez, nace la Alerta Isabel Claudina regulada en la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas (Decreto 9-2016) donde se reconoce el problema de la violencia contra las mujeres y la desaparición como un fenómeno relacionado, así como los convenios internacionales que Guatemala ha suscrito en esta problemática.

Se resalta que no había un mecanismo de coordinación entre instituciones para atender adecuadamente las desapariciones de mujeres. De hecho, existían varios mitos que perjudicaban las probabilidades de salvar la vida de las mujeres desaparecidas. Por ejemplo, en los casos de Isabel y Claudina, cuando las familias hacen la denuncia les indicaron que se debía esperar de 24-48 horas para considerar a una mujer como desaparecida e iniciar la búsqueda, en ambos casos era demasiado tarde.

Los datos

En la presentación por el tercer aniversario de la alerta, el Ministerio Público presentó datos actualizados hasta el 1 de agosto de 2021. Entre ellos, mencionan que este año se activaron un promedio de 5 alertas por día, es decir, 5 mujeres desaparecidas diariamente.

Se menciona que el mecanismo tiene 86% de eficiencia, ya que este es el porcentaje de mujeres que han sido localizadas luego de activarse la alerta, en tanto que 2% de las mujeres han sido localizadas sin vida. De las mujeres reportadas como desaparecidas, la mayoría son mayores de 18 años. El rango de edad más grande está entre los 21 y 39 años.

Sobre las ocupaciones de las mujeres desaparecidas, resalta el dato de que la mayoría son trabajadoras domésticas no remuneradas. Asimismo, las estudiantes ocupan el segundo lugar de mujeres que más desaparecen en el país.

Este año los meses de mayo y junio fueron los periodos con mayores desapariciones de mujeres. Asimismo, señalaron que, en la pandemia, cuando se anularon las medidas de confinamiento se registró un aumento en las desapariciones de mujeres.

Por otra parte, se resaltó la importancia de utilizar el mecanismo y denunciar la desaparición inmediatamente, ya que las primeras horas son claves para localizar a las mujeres. En este marco, se mencionó que solo en 24% de los casos se activa la alerta el primer día de desaparición, la mayoría se ha denunciado dos días después. Asimismo, la mayoría de las mujeres son localizadas dos días después de ser reportadas como desaparecidas.

Los contextos de las desapariciones

Sobre las circunstancias de desaparición, el MP señala que 46% se clasifica dentro de la categoría “otro tipo de violencia” donde entra la violencia simbólica y limitantes a sus derechos humanos. Este tipo de violencia se considera un factor inicial para el desarrollo de otros tipos, como la trata y el femicidio.

De esta cuenta, 50% de las desapariciones se asocian a violencia contra las mujeres, el 19% de las desapariciones a causas vinculadas a delitos, 13% por razones personales, el 12% a violencia intrafamiliar, el 11% a la muerte de las mujeres y el 6% a una situación de discapacidad. Asimismo, se ha registrado que 5 mujeres reportadas como desaparecidas estaban sin vida antes de la activación de la alerta.

Finalmente, los departamentos con mayores reportes de desaparición de mujeres son Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Zacapa.

Los retos

Como parte de los desafíos para lograr una mayor efectividad de este mecanismo de búsqueda, la fiscala de la mujer Yolanda Sandoval mencionó que los retos son estructurales. Entre ellos se encuentran fortalecer acciones de prevención, búsqueda y acceso a la justicia reforzando e impulsando políticas públicas que aborden la violencia contra las mujeres, la trata y la seguridad ciudadana; así como la capacitación de personal idóneo para atender estas problemáticas.

Otro elemento es la coordinación internacional. En ello, se involucran el Instituto de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX- quienes ya forman parte de los órganos responsables de atender las alertas.

Asimismo, se menciona que debe darse más seguimiento a la desaparición de las mujeres acompañadas de niñas y adolescentes, mejorando la coordinación con la Alerta Alba-Keneth de búsqueda de menores de edad.

Finalmente, uno de los mayores retos es la divulgación de que existe este mecanismo de alerta. Las campañas que se han realizado han sido solo en los idiomas q’eqchi’, k’iche mam, kaqchikel y español, faltando 20 idiomas que se hablan en todo el país.