Representantes de distintas organizaciones de personas con discapacidad se reunieron para debatir sobre un marco normativo que garantice el acceso y respeto a sus derechos en un conversatorio organizado por un organismo internacional.

Por Jasmin López

Con la finalidad de propiciar un diálogo inclusivo sobre dos legislaciones a favor de los y las guatemaltecas con discapacidad, la asociación internacional Christian Blind Misssion (CBM) realizó este jueves 8 de agosto, en el Hotel Camino Real, el conversatorio Agenda legislativa de las personas con discapacidad: avances y desafíos. El evento contó con la participación de la doctora Lucrecia Peinado, primera dama de la nación, quien dio el discurso inaugural.

Las y los ponentes fueron Lourdes Guerra, directora de la Asociación Rompiendo Límites; Ingrid Lee, del Movimiento de las Madres de los Claveles Blancos; Carmen Guerrero, asesora de CBM; y Gabriel Escobar, director de la Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte. El diálogo estuvo focalizado en la Iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, y el Decreto 6-2024, Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. 

Dieron cierre a la actividad la diputada Brenda Mejía, integrante de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, y la doctora Rosa Idalia Aldana, representante de la Asociación de Gente Pequeña y del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Una deuda estatal

A pesar de que las personas con discapacidad conforman el 10.2% de la población, de acuerdo a datos de la última Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala, realizada en 2016, poco se ha avanzado en materia legislativa concerniente a esta población.

Las y los participantes del conversatorio exhortaron al Gobierno guatemalteco y a la sociedad en general a apoyar leyes que promuevan la integración y protejan los derechos humanos de las personas con discapacidad, como la Iniciativa 5125. Entre las acciones contempladas en esta normativa están el garantizar, como parte de las obligaciones del Gobierno, la accesibilidad de las personas con discapacidad en cuanto a comunicación, vivienda, transporte, escuelas, hospitales e infraestructura pública, servicios de habilitación y rehabilitación proporcionados por el Estado, y la entrega de un bono mensual proporcional a sus necesidades

Mientras tanto, la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad permitiría al Estado tener un registro de los y las guatemaltecas con discapacidad, para que se les incluya en los programas y políticas públicas. 

Peinado, quien lidera la Causa Nacional con y por Personas con Discapacidad, aseguró que el presidente Bernardo Arévalo instruyó a su gabinete a sentar las bases de una institucionalidad que reconozca y responda a la dignidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, declaró que la administración actual tiene el compromiso de continuar o enmendar las deficiencias de gobiernos anteriores en este tema.

La iniciativa de ley 5125 lleva siete años engavetada en el Congreso, lo cual, indicó Gabriel Escobar, representa un incumplimiento de parte del Estado frente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Guatemala firmó en el 2008. Considera que el conversatorio es un aporte para que nuevamente se visibilice y se ponga en la agenda política y pública una iniciativa que apoye a las personas con discapacidad y sus familias.

Sobre los retos que existen en materia legislativa para las personas con discapacidad, la diputada Mejía dijo que el principal reto es el de converger cada esfuerzo con lo que contempla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de responder de manera sustantiva a todas sus necesidades. A la pregunta de si la iniciativa 5125 es integral y funcional para las diferentes poblaciones que viven con discapacidad, respondió que sí lo es, pero debe actualizarse y ajustarse a lo que debe funcionar como marco de la discapacidad, tomando en cuenta las leyes que ya existen para su cumplimiento y complementación. 

“Las realidades de las personas con discapacidad son muchas y muy específicas. El reto es visualizarlas, invertir por transformarlas y lograr así la dignificación, inclusión y respeto de sus derechos”, puntualizó Mejía.