Por: Camila Parodi

Este 2 de marzo de 2020, se cumplen 4 años del asesinato a la defensora de los ríos y territorios, Berta Cáceres. Desde ese entonces, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del cual era coordinadora, ha reivindicado esta fecha como el día de su siembra, se trata de un homenaje a su lucha como así también una instancia de compromiso con sus ideales sabiendo que, de esta manera, Berta se multiplica.

Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández avanza con la privatización de los bienes comunes, en este 4to. aniversario, el COPINH elige vincular su memoria con la lucha en “la defensa del agua como bien público y como bien común” y, por ende, de la naturaleza que actualmente se encuentra disputada por empresas trasnacionales: represas, proyectos de privatización de agua, control de fuentes de agua de parte de ONG’s internacionales.

“Lo vamos a lograr, me lo dijo el río”

Berta logró paralizar la construcción del proyecto hidroeléctrico de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A (DESA) sobre el Río Gualcarque de la comunidad lenca. Proyecto que había sido apoyado tras el gobierno “de restauración” que continuó luego del golpe de estado en el año 2009 a Mel Zelaya elegido por las mayorías. Se trata del primer golpe realizado en esta nueva “oleada” de atentados contras las democracias y los gobiernos progresistas que mucho tienen que ver con la instalación de proyectos privados de extracción de bienes comunes. “Honduras funciona como enclave extractivo” advertía Berta en el año 2014 a meses de ser asesinada.

Durante la jornada de homenaje y siembra de Berta Cáceres llevada a cabo en su pueblo La Esperanza, Intibucá, Catalina Hernández integrante del COPINH dialogó con Marcha. “Para nosotros es una fecha muy especial por eso estamos reunidos. La lucha de Berta ha sido muy importante, ¡más de 27 años!, luchando por nuestros derechos como poblaciones indígenas ya que como bien sabemos nosotros antes ni éramos reconocidos como pueblos como así también la defensa de nuestros territorios” explicó la dirigente. “Esto no ha sido fácil. La defensa de la tierra es para la defensa de la vida, sin agua ni tierra no sobrevivimos como pueblos indígenas” manifestó al recordar a su compañera Berta Cáceres y  sostuvo “dicen por ahí que “la próxima guerra será por el agua” y nosotros como pueblos indígenas lo sabemos bien, vienen las empresas de otros lugares a secarnos los ríos, dejarnos sin agua y despojarnos para hacer su negocio con el gobierno”.

“En la Honduras de la economía extractivista, cada vez más las empresas y el gobierno van avanzando en el control del agua, ya sea por proyectos hidroeléctricos para la generación de energía, por proyectos de agua financiados por grandes instituciones internacionales, para la riega extensiva de monocultivos y para el control de la pesca” explicó el COPINH en el marco del 4to aniversario del asesinato de su coordinadora. Actualmente, en Honduras, se han aprobado un importante número de leyes y decretos que facultan el control del agua por empresas. “Es evidente la escasez de agua producida por la explotación ambiental y el descontrol en el manejo de los bienes comunes” advirtieron desde el COPINH y recordaron “quien controla el agua controla los pueblos (…) en memoria de la compañera Berta Cáceres nos convocamos a defender los ríos, los mares y bosques del interés gobierno-empresarial de privatizar y limitar el uso del agua para el bienestar social”.

La lucha por justicia llevada a cabo por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos a partir del caso de Berta Cáceres generó cierta repercusión mediática y, por ende, instancias de justicia real en contraposición a todas las muertes invisibilizadas de defensores y defensoras de los territorios. En ese marco, el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo, quien había logrado la concesión durante 20 años del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, y que presidía el ejecutivo de la empresa hondureña al desarrollar el proyecto “Agua Zarca” fue detenido en marzo del 2018 acusado de ser el autor intelectual de la lidereza. Sin embargo, la justicia aun no es plena y para ello mínimamente se exige la detención de los hermanos Atala Zablah que tenían cargos en la junta directiva de la empresa y de quienes se ha evidenciado la complicidad en el asesinato de Berta. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras de forma que tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras. En ese sentido, se ha confirmado que la realización de este crimen sólo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que “participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización” tal como lo afirmó el COPINH.

El femicidio político de la defensora de los ríos da cuenta del plan sistemático que ella misma denunciaba. Sicariato, criminalización y control de las poblaciones que defienden los territorios para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras. Sin embargo, advierten desde el COPINH, “su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño”. A su vez, sostuvieron en el comunicado del nuevo aniversario de su siembra “es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos”.

Texto original: Marcha