El 25 de julio de 2023, S*, fue detenida por oficiales de seguridad pública municipal por un supuesto delito de robo a un comercio al salir de un supermercado ubicado en el municipio de Torreón, en Coahuila, México.

En breve, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, muy al estilo de operativos que se llevaban a cabo durante la supuesta guerra contra el narco en México cuando colocaban a la persona detenida al lado de las armas y mercancía confiscada, colocó a S detrás de seis latas de leche en polvo para bebé de 400 gramos. La foto difundida en las redes sociales por la misma policía revelaba que S, de pie en un vestido gris claro, estaba en un avanzado embarazo. 

Rápidamente grupos locales como Marea Verde y la Red de Abogadas de la Laguna, se movilizaron para resolver la situación jurídica de S y denunciar la revictimización causada por difundir tales imágenes en redes sociales. Este caso, uno de miles, refleja una dura realidad: alrededor de 7 mil personas en México en estado de necesidad están presas por tomar alimentos como reveló la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2017. En este contexto, son las mujeres las más afectadas.

Estas personas se enfrentan a una maquinaria legal que no solo no juzga con perspectiva de género ni le interesa ponderar derechos y sanciones, sino también al poder económico de las compañías que integran la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales, A.C., (ANTAD) que convierten los procedimientos penales de este tipo en situaciones inflexibles para no generar acuerdos reparatorios para quienes sustraen alimentos de sus tiendas. Las penas, hasta 10 años de prisión y multas de hasta 13 mil pesos, parecen desproporcionadas ante la gravedad del delito.

La COVID-19 también agravó las desigualdades económicas e incrementó el robo no solo de alimentos, sino también de medicamentos. En este panorama, surge la pregunta: ¿dónde está la perspectiva de género en el sistema judicial? La justicia debe ser equitativa y contextual, y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en México reconoce el estado de necesidad justificante como un elemento que puede eximir el delito de robo. Aun así, la cifra exacta de personas encarceladas por estos motivos es incierta, pero casos cotidianos y testimonios respaldan la realidad

En la Delegación Coyoacán, de la Ciudad de México, la escena se repite todas las semanas según entrevistas realizadas a personas repartidoras que pasan horas afuera de supermercados esperando el siguiente pedido. Ellas confirman que no hay semana que no hayan presenciado cómo la policía sale de supermercados con alguna persona esposada por sustraer carne, huevos o pañales y que, en su mayoría, son mujeres. La falta de defensa y juicio justo agrava la situación, violando sus derechos y especialmente al de tener acceso a una adecuada defensa y debido proceso. Robar para sobrevivir, para alimentar a las hijas, hijos e hijes, no debería significar prisión.

El caso de S es una llamada a cuestionar las políticas draconianas, prototipo de un sistema capitalista, y buscar cómo elevar la perspectiva de género y de clase en la justicia y buscar soluciones integrales.