Organizaciones que integran la mesa técnica sobre el tema presentaron este martes 6 de agosto la iniciativa de Ley Para Prevenir el Abuso Sexual Infantil. Esta ley prohibiría las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de edad.  

Por Jasmin López

En conferencia de prensa, este martes 6 de agosto, representantes de Asociación COINCIDIR, JoLu de Guatemala, Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI), la Academia Jurídica de Estudios Superiores, el Arzobispado de Guatemala y el diputado Raúl Barrera, de la bancada Semilla, dieron a conocer la iniciativa de Ley Para Prevenir el Abuso Sexual Infantil.

Esta ley propone aumentar la edad mínima de consentimiento sexual de los 14 a los 18 años, tipificaría como violación las relaciones sexuales sostenidas entre adultos y menores de edad, y establece como obligaciones del Estado una serie de acciones enfocadas en proteger a la niñez y adolescencia de la violencia sistemática que sufren en Guatemala, de la cual son las mujeres el principal objetivo.

Dicho proyecto es resultado del esfuerzo colectivo de asociaciones civiles por los derechos humanos, instituciones estatales, activistas, psicólogas, juezas y otras especialistas, niñas, niños y adolescentes. Ana Toj, de JoLu, explicó que para la creación de la ley se realizaron mesas de diálogo y reuniones, en las que aportaron sus perspectivas, experiencias, datos, análisis y propuestas de redacción de las reformas contenidas en la ley. 

La mesa técnica contó con el asesoramiento de más 70 organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de la niñez, adolescencia, mujeres y población LGBTIQA+, entre las que se cuentan Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), Lambda, Crisálidas, Colectivo Artesana y Tierra Viva; además de instituciones del Estado como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), el Instituto de la Víctima y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El jueves 8 de agosto la iniciativa será presentada ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República y, de ser aprobada, se espera que entre en vigencia el próximo 26 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

Las reformas

Aunque a partir del 2017 se prohibió el matrimonio de menores de edad en Guatemala,  aumentando la edad mínima para casarse de los 14, para las mujeres, y de 16, para los varones, a los 18 años para ambos sexos, todavía son legales las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes.

De enero a mayo del presente año, el Osar reportó más de 11 mil nacimientos en los cuales las gestantes son niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. En el 64% de estos casos los hombres que las embarazaron son adultos mayores de 20 años.

Esta es una de las situaciones de violencia que la Ley Para Prevenir el Abuso Sexual Infantil apunta a transformar, mediante modificaciones a los artículos 173 y 173 “bis” del Código Penal, que fijan la edad de consentimiento en los 14 años, sin importar la edad de la pareja. Dichas reformas buscan aumentar la edad de consentimiento a los 18 años, además de catalogar las interacciones sexuales, con personas menores de 14 años bajo los delitos de violación y agresión sexual, aún sin mediar violencia física o psicológica. 

La Asociación COINCIDIR informó que se procuró desde un principio que la iniciativa no criminalice las relaciones sexogenitales entre adolescentes, por lo que se agregaron excepciones en el caso de que dichas relaciones se den entre personas menores de 16 años que no tengan una diferencia mayor a dos años de edad, o entre una persona mayor de 16 años con otra que no sea más de dos años mayor.

También se suman como obligaciones del Estado garantizar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a todos los servicios de prevención, emergencia, tratamiento y atención adecuados a su edad en el sistema de salud; la creación de programas y servicios educativos y de salud para la prevención, detección y atención de embarazos; y promover la creación de redes de apoyo para las víctimas de violencia sexual, explotación y trata.