Un informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas evaluó el papel de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, institución presidida por el exjuez Lesther Castellanos, implicado en litigio malicioso que incluye denuncias contra funcionarios judiciales, así como su participación en actividades onerosas ajenas al quehacer de esa oficina.

Por Regina Pérez

El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas publicó un informe que incluye apreciaciones sobre la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, que preside el exjuez Lesther Castellanos, quien fue señalado de realizar litigio malicioso y de participar en actividades onerosas ajenas a la prevención de la tortura en Guatemala.

En el apartado sobre el mecanismo nacional de prevención, los integrantes de la delegación que visitó Guatemala, en 2023, señalan que el Subcomité observó y recibió información sobre el quehacer de la Oficina que se evidencia en la presentación de denuncias y querellas, cuya representación cae en el mecanismo contra varios actores y operadores de justicia, que no es parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Esta Oficina cuenta actualmente con un presupuesto de Q33 millones, aproximadamente USD 4 millones, 106 funcionarios y 11 sedes en varias regiones del país.

Al Subcomité le llamó la atención que algunas denuncias y querellas hayan sido formuladas contra funcionarios judiciales, que dirigieron investigaciones contra políticos vinculados a casos de corrupción o con los cuales el actual presidente del mecanismo nacional de prevención, Lesther Castellanos, ha mantenido discrepancias mientras se desempeñaba en otras labores profesionales.

Aunque no lo menciona el documento, Castellanos fue querellante en el caso que se siguió contra la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, ahora en el exilio.

Asimismo recuerdan que Castellanos fue incluido por los Estados Unidos en una lista de personas relacionadas con actos de corrupción o que han participado en acciones para socavar la democracia de sus países, la Lista Engel.

El mecanismo participó en actividades onerosas

Uno de los aspectos que menciona el informe es que el mecanismo nacional de prevención participó en actividades presumiblemente onerosas, ajenas a la prevención de la tortura en Guatemala.

Por ejemplo, miembros de la Oficina viajaron a México y estuvieron involucrados en procesos de reparación para víctimas de un incidente en un centro de migrantes en Chihuahua en el que fallecieron personas guatemaltecas.

Asimismo, Castellanos asistió a una conferencia en Europa sobre aduanas y se involucra en iniciativas como un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional de Adopciones, cuya justificación en el marco de sus competencias legales y de las disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, es difícil de entender y genera preocupaciones sobre su utilidad, transparencia y pertinencia.

“Estas actividades son ajenas al rol del mecanismo y a la prevención de la tortura”, mencionan.

La visita de Subcomité fue realizada en Guatemala del 8 al 19 de octubre por Marco Feoli, jefe de la delegación; Marie Brasholt, Andrea María Casamento y Juan Pablo Vegas, acompañados de dos funcionarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y dos oficiales de seguridad de las Naciones Unidas.

Los integrantes de esta delegación recibieron numerosas denuncias de la sociedad civil sobre el mecanismo, su trabajo y abuso de autoridad que se materializa en la persecución de operadores de justicia.

Deficiencias

Durante su visita al país, la delegación visitó a varias instituciones en las que obtuvo información sobre el trabajo de la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura que preside Castellanos. En esta visita fueron informados que los miembros del mecanismo no ingresan a las celdas de los privados de libertad cuando realizan entrevistas.

“Entrar físicamente en todos los espacios de prevención de libertad, especialmente dormitorios y módulos, es una de las funciones claves y preventivas de un mecanismo nacional de prevención”, se lee en el informe.

En ese contexto, una de sus recomendaciones al Estado de Guatemala es proponer modificaciones en la aplicación de la prisión preventiva.

En las carceletas de la Torre de Tribunales observaron condiciones deficientes de infraestructura e higiene, servicios inapropiados y una alarmante falta de alimentación. Solo las personas detenidas que tienen audiencias programadas para ese día pueden recibir alimentos proporcionados por el Estado. Varias personas no habían tenido acceso a alimentos ni habían bebido agua durante más de 24 horas, dice el documento.

El Subcomité urgió al Estado el estricto cumplimiento del plazo de 24 horas para que las personas sean puestas a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

La visita de la delegación coincidió con la movilización de los pueblos indígenas, en 2023, en defensa de la democracia por lo que únicamente pudieron realizar visitas en la ciudad capital y en tres de ellas estuvo acompañado por miembros de la Oficina Nacional contra la Tortura.

Esto incluyó visitas a prisiones, la Torre de Tribunales, centros juveniles para jóvenes en conflicto con la ley, hogares de niñas, niños y adolescentes e incluso el Hospital Psiquiátrico Federico Mora.