El 31 de octubre del 2022, el secretario hondureño del Ministerio de Salud José Manuel Matheu tomó la decisión de aprobar que la Píldora de Anticonceptiva de Emergencia (PAE) se use solo en caso de violencia sexual. 

Para terminar de aprobar dicho dictamen hay varios procesos por el cual afrontar. “Estamos esperando que salga de la unidad normativa para firmarlo”, expresó Matheu en la conferencia de prensa frente a las organizaciones de mujeres en Honduras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la anticoncepción de emergencia es uno de los medicamentos fundamentales para prevenir embarazos después de las relaciones sexuales. 

Ante esto la reacción de las defensoras, activistas y organizaciones de mujeres fue el rechazo total, expresando que esto es solo un parche que no resuelve el problema de manera integral y no cumple con la promesa del gobierno de Xiomara Castro de despenalizar la PAE.

Asimismo, el Centro de Estudios de la Mujer señaló que Honduras se suma a la prohibición total de anticonceptivos junto con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití. También es uno de los cinco países del continente  que prohíbe la interrupción forzada del embarazo sin excepción.

Las directora de la organización Acción Joven, Jinna Rosales, a través de twitter expresó que “los credos religiosos no deben intervenir en las decisiones de funciones públicas y menos con el tema del Protocolo de Atención para las Víctimas de Violación Sexual” que es  una deuda política del gobierno con las mujeres.

Las activistas por los derechos de las mujeres desde 2016 han estado trabajando en el protocolo de Atención Integral a Víctimas contra la Mujer, pero no ha sido aprobado porque precisamente incluye el uso de PAE en la sección de prevención del embarazo.

“Si bien es cierto eso puede ser una respuesta que quizás pueda ayudar a las sobrevevientes de abuso sexual, pero es que también ocurre otra cosa, cuando miramos las estadísticas también que se agregan en la Secretaría de Salud, vemos que al año quizás solo de 50 mujeres como máximo acuden a los centros de servicios de salud para poder tener una intervención médica integral por estos casos de abuso sexual”, expresa Jinna.

Rosales menciona que utilizar la PAE está bien ya que brinda una respuesta al protocolo, sin embargo hay un problema ya que no todas las mujeres desean utilizar este método de prevención.

 ¿Qué exigen las mujeres? 

Las demandas urgentes son la aprobación del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y la liberación total del PAE, mencionadas en el Plan de Gobierno de Castro.

De acuerdo a los registros de Salud, por año, las víctimas de abuso sexual que visitan los centros de salud pública son un promedio de 50 mujeres, muy pocas considerando los 3 mil casos de violencia sexuasl por año.

“Exigimos que se levante la prohibición de la PAE y que esté disponible sin restricción alguna para todas las personas que puedan llegar a necesitarla”, expresa la activista de derechos sexuales y reproductivos, Andrea Rosales.

Argumenta que “la propuesta del actual ministro de Salud de levantar la prohibición solo en los casos de violación es revictimizante y nos demuestra que, para él, las mujeres solo merecemos acceso a nuestros derechos luego de haber sido violentadas. Esto no puede ni debe ser así”, indicó.