La defensora Dalila Argueta vivía en las tierras del norte de Honduras, pertenecía a la comunidad Guapinol, departamento de Colón. “Mi vida era muy ordinaria… soy estilista pues ese era mi trabajo, tenía mi entrada económica, realizaba trabajos a domicilio de belleza y hacía un poco de todo de lo que correspondía”, expresa Dalila.

La vida en su comunidad era muy tranquila, pero en 2017 hubo un cambio. Llegó una amenaza: una empresa trasnacional que extrae hierro (Inversión de los Pinares), una empresa minera que ha sido la razón de las problemáticas ambientales en la comunidad.

La extractivismo en Guapinol

“En 2017 nos dimos cuenta que teníamos allá arriba una empresa minera trabajando, cuando tocaron nuestros ríos. Antes de eso nadie sabía, ni el gobierno preguntó a las comunidades acerca del proyecto”, relata Dalila.

El gobierno durante el 2017 aprobó la ejecución de una mina a cielo abierto con una superficie total de 250 hectáreas, cuyo impacto afectó el suelo y subsuelo y contaminó 34 fuentes de agua que abastecen a los 42.000 habitantes del Valle.

Estas fuentes nacen de la reserva natural de Botaderos, área que paradójicamente está protegida por el gobierno, pero reducida, en este caso a materia prima para la extracción de la empresa concesionaria.

La comunidad de Guapinol, consciente de la contaminación de las aguas en las que vivían, comenzaron a alzar la voz y organizarse para entender quién hacía estas concesiones. El resultado fue predecible:  el capital extranjero ingresó al territorio y comenzó la extracción, sin previa consulta con la comunidad, lo cual es obligatorio según el convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Que está en el artículo 32 inciso 2.

Es allí donde la propia comunidad comenzó a investigar, informarse y protestar. Se constituyó el Comité Ambiental de Defensa de los Bienes Comunes que organizaba marchas y concentraciones frente a la alcaldía y la fiscalía.

Asimismo se levantó el “Campamento por la vida, Guapinol en defensa del agua y la vida” que duró solo un año. 

Criminalización y defensa 

“Defensoras que empiezan a investigar y escudriñar representa amenazas para las empresas, y es ahí donde empieza la lucha propia, defiendo tu propia vida, tu primer territorio” explica Dalila. La forma en que comenzaron a infundir miedo en la población fue a través de un proceso de criminalización que se replica de forma idéntica en todas las áreas del territorio de capital transnacional que se usa para extraer recursos.

Desde el principio se enfrentaron a intimidaciones “cuando menos se lo esperaban empezaron a pasar cosillas: los militares se te van acercando de repente, en cualquier operativo se te acercan así como queriendo intimidar sin hacer nada  pero  marcando [territorio] como los perros una línea”.

 Dalila empezó a escuchar susurros, la gente de confianza de su propia comunidad le hacían la mirada de “ten cuidado, no hagas tanta bulla”.

Ella sabía perfectamente que dentro de su comunidad se encontraban topos que trabajan para la empresa minera. “Porque también es lo que hacen, crear rupturas internas y desde ahí mismo te vigilan…tu propia gente se vende ”, explica. Algunas lo hacían por interés y otras por la necesidad que tiene la comunidad.

Dalila denuncia que las mujeres recibían amenazas cuando iban a dar los tiempos de comida, ya que muchas veces veían a las militares armados cada vez que ellas bajaban a la comunidad vecina a traer otras cosas. Veían siempre grupos armados que las amenazaban  diciéndoles que no debían volver a bajar a comprar cosas para el campamento.

Dalila comentaba que a veces le llegaban llamadas de números desconocidos con amenazas de muerte si no se retiraban del lugar. A veces  ella no comentaba estos detalles a sus compañeros, principalmente porque no tenía la confianza y porque no quería seguir metiéndole miedo a su comunidad, ella solo quería salvaguardar a sus compañeros.

El exilio 

Durante 87 días, decenas de defensoras, defensores del agua y los bienes comunes se mantuvieron en resistencia frente a la actividad nociva para la biodiversidad y el derecho al agua de las comunidades del Sector Guapinol. Cuando un contingente policial y militar de alrededor de 1.500 soldados armados con armas de grueso calibre dispersó el campamento de manera violenta y desproporcionada.

Después del desalojo del campamento, la escalada de violencia la obligó a salir de Honduras y a dejar a sus dos hijos, quienes fueron protegidos por su comunidad y el país. Dalila en un principio pensaba viajar con ellos a Estados Unidos ya que tenía familiares ahí. Pero sabía las problemáticas sociales que significaban migrar a otro país. 

A pesar de que se quería ir del país con sus hijos, ella se comunicó con la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, sus compañeras fueron quienes la ayudaron. “Para mí representan un tejido tan bello, tan necesario y tan importante en mi vida, con ellas aprendí a crecer no solo como como mujer, sino también como defensora, aprendí a tener otras miradas”, expresa Dalila, al mencionar que ellas le ayudaron a buscar un lugar para refugiarse por tres meses.

Sabía perfectamente todo lo que venía detrás de ella y se preguntaba: “¿por qué? No estoy peleando nada, es que no estoy peleando algo para mí, estoy peleando por algo que ha sido ajeno a nosotros, es  nuestro río”, se pregunta y se responde a sí misma. En sus palabras, ella compara los territorios como si fuera el cuerpo de una mujer en dónde las empresas destruyen, arrancan y violan la madre tierra y ellas como defensoras solo  protegen su tierra, que les ha proveído alimentación y un techo.

En 2019 dejó su país para sobrevivir, hizo esta hazaña a pesar de la tortura que sufrió mientras estaba fuera de casa. Como ella misma indica, aterrizó en la jungla de asfalto de Madrid, donde nada se sentía como propio. Se quedó en Madrid una semana y luego se fue a Zaragoza, se unió a un grupo de inmigrantes y comenzó a absorber las luchas de otras organizaciones.

La sanación y acuerpamiento 

Para ella hubo un impacto psicológico y emocional, “no tenía nada, ni siquiera mi familia, ni mis amigos sabían el lugar en donde yo estaba, pero aquí no era nada”, expresa Dalila. Se sentía sola, por mucho que las compañeras la acompañaban, para ella solo existía el dolor. 

Sin embargo, con la ayuda de sus compañeras de la Red de Defensoras que estaban en Honduras empezó a sanar poco a poco, en sus palabras expresa que no es algo fácil, sigue soñando que en algún momento ella pueda regresar a su territorio, volver a sentir la tierra entre sus pies.

El 13 de enero llegó a Euskal Herria y Basoa, proyecto creado en la ciudad de Artea (Bizkaia) para acoger y proteger a mujeres defensoras de derechos humanos.  “Es como volver a casa”, dijo, y estar cerca de las montañas y el río fue como encontrar la casita que había estado buscando.

Es desde España  continúa su lucha, diferente, pero necesaria. Ahora trata de visibilizar el conflicto de su país, que es sólo una réplica de lo que atraviesa América Latina: el agotador proceso de defensa de la tierra, ese extractivismo que está acabando con la vida de comunidades enteras.

Dalila Argueta sigue esperando que en algún momento de su vida ella pueda regresar a su territorio, sin tener persecuciones o amenazas. Quiere ser libre, estar corriendo descalza, bailar en el río, sentarse a hablar con los árboles y sobre todo estar con su familia y amigos.