Se reanudó el proceso penal contra ocho acusados por el #CasoHogarSeguro, en una audiencia donde se diligenciaron audios testimoniales. La sesión tuvo lugar el 25 de julio, en el quinto piso de la Torre de Tribunales.

Por Jasmin López

Continúa la búsqueda de justicia por las 41 niñas fallecidas y las 15 sobrevivientes heridas de gravedad durante el incendio en el Hogar Virgen de la Asunción en 2017, por el que están acusados ocho exfuncionarios públicos. En la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, los abogados querellantes de las familias afectadas presentaron audios, en calidad de anticipo de pruebas, con declaraciones testimoniales de policías que presenciaron los sucesos.

Los ocho acusados que estuvieron en la audiencia  son Santos Torres, exdirector del Hogar  Virgen de la Asunción; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); Brenda Chamán, exjefa del Departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC);  Anahí Keller, exsubsecretaria de la SBS; Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la PNC; y Carlos Rodas, exjefe de la SBS.   

En los audios, las agentes describieron cómo comenzó el fuego, la tardanza de Lucinda Marroquín para abrir la puerta a pesar de que se le había avisado del humo que veían, su actitud ante el hecho, aunque no pudieron determinar si este se debía a que estaba molesta por el comportamiento de las niñas. Proveyeron descripciones físicas de los imputados y reconocieron a algunos de ellos en el sitio. Indicaron que fueron Santos Torres y Carlos Rodas quienes decidieron encerrar a las niñas y dejarlas a cargo de elementos de la PNC, entre las que se encontraban las testigos. Ellas aseguraron no tener capacitación en el trato de la niñez y adolescencia. 

El abogado defensor de Marroquín, Jorge Ernesto Paul Pineda, señaló una supuesta violación al debido proceso y el derecho de defensa de los sindicados, ya que en los audios no se mencionan la fecha y la hora de los hechos, y no se identifican a los otros imputados, aparte de Marroquín. 

Tras una interrupción de varios minutos debido a un corte de luz, se escuchó el último audio. Sin protestas por parte de la defensa de los acusados, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes dio por finalizada la sesión.

En la siguiente audiencia, fijada para el jueves 1 de agosto, se delegará la escucha de dos audios más.

El incendio 

El 8 de marzo de 2017 ocurrió el siniestro en el que murieron 41 niñas, bajo la tutela del Estado. 15 más sobrevivieron con graves heridas. El incendio comenzó en un aula donde estaban encerradas las 56 niñas, al quemarse unas colchonetas. 

Se observó negligencia por parte de los acusados en el manejo de la tragedia, así como en las condiciones en que se encontraban las niñas dentro del refugio. Todos ellos tenían la responsabilidad de velar por el bienestar de las niñas y adolescentes, en sus respectivos puestos.

Los y las acusadas enfrentan cargos por maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, lesiones culposas y homicidio culposo, entre otros. De ser encontrados culpables, algunos enfrentarán penas de hasta 24 años de prisión.