La Policía Nacional Civil (PNC) nunca antes había sido llamada para cuidar de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, afirmaron extrabajadoras del albergue estatal. De acuerdo a los testimonios escuchados en la audiencia del 14 de octubre, las decisiones que se tomaron el día de la tragedia fueron anómalas.

Por Jasmin López

Elsa Gabriela Sánchez trabajaba como psicóloga en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Sánchez estuvo en el albergue el 8 de marzo del 2017, día en que ocurrió el incendio que acabó con la vida de 41 niñas, y cambió para siempre la de las 15 sobrevivientes. Cuando la testigo llegó al lugar, 56 niñas estaban encerradas en un aula, bajo el resguardo de agentes de la PNC, quienes fueron llamados a tomar el control del hogar después de un escape masivo que se produjo el día anterior, el 7 de marzo.

La puerta del aula estaba cerrada con un candado grande, de acuerdo a la testigo, quien también afirmó que nunca había visto que encerraran a las niñas bajo llave en el albergue. Sánchez se retiró por un momento para pedirle apoyo a la administradora del área de psicología, y cuando regresó el incendio ya había comenzado. Un hombre a quien Sánchez se refirió como un compañero logró auxiliar a una de las niñas, extinguiendo con su chumpa las llamas que esta tenía en su cuerpo. 

“Me sentí tan impotente de no haber podido ayudar más. Es un trauma que hasta el día de hoy genera emociones.”, relató la testigo, refiriéndose al impacto emocional de esa experiencia. 

Aurora Elvira Pérez Ramos, exmonitora del Hogar Seguro, declaró que, aunque en otras ocasiones la PNC había brindado seguridad en las afueras del albergue, nunca antes se había dejado a las niñas bajo su cuidado. Ninguna de ellas estaba en conflicto con la ley, como se ha señalado anteriormente en el caso, y además los agentes no estaban capacitados para tratar con personas menores de edad.

La decisión de hacinar a las niñas en el aula donde murieron y de permitir que la policía las custodiara se tomó en una reunión en la que estuvieron presentes Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN); y Anahí Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro; Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Contra el Maltrato en Todas sus Formas, así como personal de la PNC, de acuerdo a los testimonios de Aurora Pérez y de Ana Elizabeth Orredo, encargada administrativa financiera del Hogar en esa época, quien también acudió a declarar.

Las testigos fueron duramente cuestionadas en la audiencia por las y los abogados defensores de los acusados. El representante legal de Luis Amando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC, solicitó a la jueza que no se tomen en cuenta las declaraciones de Sánchez y Arredondo, por presentar “serias y severas incongruencias”, y que incluso sean analizadas por “posibles delitos” cometidos, lo cual podría ser un intento de intimidarlas.