La Corte de Constitucionalidad decidirá si incorpora dos peritajes al proceso penal como medio de prueba o si de forma definitiva serán excluidos en el caso del Hogar Virgen de la Asunción ocurrido el 8 de marzo de 2017.

300 grados centígrados fue la temperatura que alcanzó aquel pequeño salón de pedagogía en el Hogar Seguro. Durante los 25 minutos que duró el incendio, la noche del 8 de marzo, el siniestro cobró la vida de 41 niñas. El calor en aquel reducido espacio era seis veces superior a la temperatura que un cuerpo puede estar expuesto.

Los detalles del incendio, que van desde los daños sufridos por las niñas, hasta las causas de muerte, están contenidos en el peritaje realizado por Luis Assardo, un exbombero municipal e investigador de incendios, a petición de la fiscalía contra el femicidio. El estudio fue rechazado por el juez cuarto de primera instancia, Rodolfo Laynez, en 2018, considerándolo “ilegal”, porque en su consideración únicamente el juez a cargo del proceso podía crear y autorizar el cargo de perito.

Luego de que la sala cuarta de apelaciones rechazara el recurso presentado por el Ministerio Público (MP) y por los abogados querellantes de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el amparo llegó hasta la CC, donde este jueves 12 de marzo, tres años después del incendio, en una vista pública los magistrados escucharon a todos los interesados del proceso. El defensor de la acusada Anahy Keller, ex subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), se opone a que el peritaje sea considerado en el proceso judicial.

“Se nos está vedando la igualdad de herramientas que necesitamos para enfrentar el proceso (…) se debe garantizar el derecho de libertad probatoria. Podemos hacer uso de todo lo que no es ilegal, la muerte de 41 niñas y el daño de 15 más, fue ocasionado por un incendio, de qué forma podemos entender los efectos que tuvo este siniestro en las niñas si se elimina el peritaje, aquí estamos hablando de dos derechos importantes: dignidad humana y la vida”, sostuvo el abogado Esteban Celada, representante de MTM, durante la vista pública.

“Nos hemos enfrentado a obstáculos y demoras innecesarias que han truncado el avance del proceso penal, señores magistrados, no deberíamos tener atrasos innecesarios”, expuso Celada.

Posteriormente intervino el fiscal Edgar Gómez, de la fiscalía contra el femicidio, quien con base en el artículo 2555 del código procesal penal, defendió la potestad con la que cuenta para crear la figura de perito, tal y como sucedió con el experto en incendios, Luis Assardo, “este artículo establece que el MP puede ordenar acreditación de peritos a petición de las partes, la ley nos da esta facultad”.

Tanto el fiscal como el abogado Celada, que representa a varias familias de las víctimas del 8 de marzo de 2017, pidieron a los magistrados que se revocará la decisión de la sala de apelaciones, donde dejó fuera del proceso el peritaje del incendio, “preponderando el interés del niño” y que este pueda volver a ser considerado como medio de prueba.

El abogado Nery Baten, representante de Anahy Keller, se opuso a la petición del MP y los querellantes y aseguró que el peritaje de incendios es “ilegal” porque fue el fiscal quien juramentó a Assardo y no el juez a cargo del proceso y pidió que se deje sin lugar el amparo solicitado por los demandantes. La Procuraduría General de la Nación (PGN), representando por el abogado Estuardo Mayen también solicitó que el peritaje no sea tomado en cuenta porque a su criterio “no se realizó el proceso legal correspondiente”.

Abogado Esteban Celada indica a los magistrados que el juez Rodolfo Laynez rechazó el peritaje de incendios realizado por el experto.

También está en disputa la integración de un segundo peritaje relacionado a la cadena de mando. Este fue ofrecido por los querellantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos por medio de la Abogada Estela Funes que argumentó que la única parte del proceso donde se puede determinar si desestimar los medios de prueba o no es en el juicio y que la negación de la incorporación de estas herramientas ha violentado el derecho de defensa de sus patrocinados.

Licenciada Estela Funes del Bufete de Derechos Humanos solicita a la CC que el peritaje del jurista Ramón Cadena sea incluido.

Los magistrados constitucionales deberán emitir una resolución. Si favorece a los amparistas ambos peritajes deberán ser incluidos y el proceso deberá volver a la etapa de ofrecimiento de pruebas para incluir las dos herramientas con las que el MP y los querellantes apuestan a demostrar la responsabilidad penal de los acusados del crimen cometido hace ya más de 3 años.