En Guatemala, en 2020 fueron asesinadas 15 personas defensoras, según el informe de 2021 de Front Line Defenders (FLD). La mayoría defendían derechos ambientales, de derechos de la tierra, el territorio, pese a esto Guatemala NO ha ratificado el Acuerdo de Escazú.

Este 22 de abril, en homenaje al Día de la Tierra, entra en vigor este Acuerdo, adoptado en Costa Rica el 4 de abril de 2018. Activistas guatemaltecos concuerdan que este Acuerdo Regional traerá efectos positivos al establecer estándares más claros y amplios sobre protección ambiental, el acceso a la información y el reconocimiento de las y los defensores de derechos humanos de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

En este Acuerdo regional para América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que se enfrentan con frecuencia a agresiones e intimidaciones.

De acuerdo con el Análisis Global 2020 de FLD América Latina registró 264 asesinatos de defensoras y defensores en 2020, de un total de 331 casos a nivel global, lo que lo convierte en la región más letal. En el 69 por ciento de los casos, las víctimas defendían los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y el medio ambiente, constató FLD.

Guatemala ocupa el quinto lugar en mayor número de asesinatos de defensores en América Latina, según el análisis de Front Line Defenders de 2021. Colombia tiene las cifras más altas, con 177 casos. Honduras, México y Brasil están en el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente.

Andrea Ixchíu, maya k’iche’, defensora del territorio, periodista y cineasta, señala que hay una violencia permanente que va en incremento en contra de las defensoras y defensores del territorio y el medio ambiente. “Además de los asesinatos registrados el año pasado, también se reportan cientos de agresiones a defensores de derechos humanos” manifestó.

El tratado adoptado el 4 de abril de 2018, en Escazú, Costa Rica, aborda temas sobresalientes como lo relativo al Acceso a la Información Ambiental, en el artículo 5, que regula todo lo relacionado con la accesibilidad de la información ambiental, en el que los Estados están obligados a proporcionar a los grupos vulnerables la información que solicitan.

También lo relativo a la denegación del acceso a la información ambiental, las condiciones aplicables a la entrega de dicha información y mecanismos de revisión independientes con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas y garantizar este derecho.

En su artículo 9, sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, se menciona que los Estados que ratifiquen el Acuerdo también deberán tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir.

Según CEPAL, el objetivo del tratado es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y a acceder a la justicia cuando sus derechos hayan sido vulnerados.

Guatemala aún no ratifica Acuerdo
Hasta ahora, 24 países han firmado el denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” entre ellos Guatemala, pero no lo ha ratificado.

El acuerdo entra en vigor al haber alcanzado las 12 ratificaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uuruguay.

José Villatoro, activista huehueteco que forma parte de la Red Escazú Ahora Guatemala, señala que la importancia de que Guatemala ratifique el Acuerdo es que es uno de los países donde se registran más asesinatos de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente.

Villatoro señaló que la ratificación obliga a los Estados a que sean parte del tratado y puedan implementarlo. En Centroamérica no lo han firmado Honduras ni el Salvador.

Biodiversidad se enfrenta a constantes amenazas
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala es un país megadiverso que cuenta con 14 zonas de vida, 9 biomas, 7 ecorregiones terrestres, 46 comunidades naturales y 13386 especies, 1988 de fauna, 10,137 de flora y 1561 acuáticas.

En un informe sobre cumplimiento a los Acuerdos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) señala que la biodiversidad se enfrenta a constantes amenazas como la deforestación, que pasó de 100 000 hectáreas anuales en 2001-2006 a más de 132,000 en el periodo 2006-2010, lo cual corresponde a una tasa de deforestación anual de 3.4 por ciento, una de las más altas en Latinoamérica.

Las principales causas de la pérdida de cobertura forestal son el avance de la fronteraagrícola y ganadera, expansión de los monocultivos destinados a la agroindustria, urbanizaciones, incendios forestales, invasiones en áreas protegidas, asentamientos humanos no autorizados, plagas, desastres naturales, el interés por el espacio territorial, narcoactividad, y el aprovechamiento forestal, señala el CONAP.

Respecto a la expansión de monocultivos, un caso que ejemplifica lo grave de esta amenaza es la extensión del cultivo de palma africana. Este cultivo ha aumentado desde 31,185 hectáreas en 2003 hasta más de 100,000 hectáreas en 2010, en algunos casos incluso dentro de áreas protegidas.

Por otro lado, Guatemala ha sido reconocida como el segundo país más afectado en el mundo por el cambio climático, señala el informe.

País de alto riesgo para los defensores ambientales
Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), de los 1,055 casos de agresión que registraron en 2020, 244 corresponden a agresiones contra defensores y defensoras del territorio, ambientalistas, campesinos y campesinas y organizaciones de desarrollo que se dedican también a defensa del territorio y recursos naturales.

De estos 224 registros de agresiones, 11 fueron asesinatos y hubo 16 intentos de asesinato.

También se registraron 75 actos de criminalización, de los cuales 41 fueron denuncias judiciales sin fundamento, 11 detenciones ilegales y 23 actos de difamación. Hubo dos desalojos extrajudiciales violentos y 2 desalojos judiciales violentos.

Andrea Ixchíu le preocupa que la pandemia del Covid-19 generó un ambiente de inseguridad e incremento de la violencia contra los defensores del territorio.

“A la gente que está defendiendo el agua, la tierra, se les trata de terroristas, enemigos del mercado, en ese contexto cuando se revisan los asesinatos se observa que muchos de estos defensores vivieron campañas de difamación, los medios de comunicación localmente los trataron como enemigos de desarrollo, una seria de estrategias que de alguna manera te van mostrando una modus operandi de cómo se ha operado en estas últimas décadas”, refiere Ixchíu. Es preocupante y es muy claro el riesgo que significa hacer un trabajo de defensa ambiental en Guatemala, nos asegura.

La criminalización y uso del derecho penal para perseguir a defensores
Como lo muestran los datos de Udefegua, además de los asesinatos también se registraron 75 actos de criminalización.

La abogada k’iche’ Jovita Tzul, quien ha ejercido la defensa de varios dirigentes comunitarios en el sistema judicial guatemalteco, señala que la criminalización es un proceso político que va más allá del uso del derecho penal. También se usa la estigmatización y el desprestigio en estos procesos.

El uso del derecho penal se convierte en una herramienta para buscar que acciones que deslegitiman el trabajo de defensores de derechos humanos pasen de un plano mediático o político al judicial y para eso se sirven de figuras penales usadas de forma ambigua y de mala fe para afectar la situación jurídica de la persona, refirió.

Lo que se busca con estos procesos es que actos legítimos y permitidos sean nombrados como conductas prohibidas. Al hacer esto incluye la afectación de la persona, “criminalizar una conducta” significa criminalizar al defensor, dijo Tzul.

Según la abogada, hay que tomar en cuenta que las personas que sufren lo asumen de forma individual pero en general las luchas son colectivas, lo que “genera un miedo generalizado en la comunidad, en el grupo de personas de que ese puede ser el resultado, es lo que se llama el castigo ejemplar, lo que se busca es poner como ejemplo a esas personas”.

También considera que los procesos organizativos se debilitan, generan miedo, además de la situación que la persona sufre de manera directa.

Bernardo Caal Xol, condenado a 7 años de prisión por exigir consultas comunitarias
Bernardo es además profesor maya q’eqchi’ y defensor del agua, condenado desde 2017 a 7 años de prisión y 4 meses de prisión por exigir la realización de consultas comunitarias en Alta Verapaz antes de que se instalen proyectos hidroeléctricos. La hidroeléctrica del grupo empresarial Recursos Naturales y Celulosas (RENACE, S.A.) parte de la corporación Multinversiones (CMI) y el complejo hidroeléctrico I y II de Oxec, S.A., de la filial Energy Resources Capital Corp, son las principales acusadoras de Caal Xol. Caal fue nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional en 2020. Su caso ha sido llevado a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ser revisado.

Criminalización de pescadores y periodistas en Izabal por una empresa minera ruso suiza
En mayo de 2017 se realizó una protesta de pescadores en El Estor que duró 13 días, como respuesta a la contaminación del lago de Izabal. El 27 de mayo de ese año, la policía antimotines reprimió la manifestación, en donde el pescador Carlos Maaz fue asesinado, y otros más heridos de bala. A partir de entonces la persecución y las amenazas de muerte dieron inicio en contra la directiva de la gremial de pescadores.

En la actualidad el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Choc y tres pescadores artesanales: Cristóbal Pop, Tomas Ché y Vicente Rax llevan un proceso penal en su contra desde 2019, luego de ser incriminados por la Compañía Nacional de Níquel (CGN) subsidiaria de la empresa ruso suiza Solway Investment Group, a quien señalan de ser la responsable de abusos cometidos por la en contra de la naturaleza y el pueblo q’eqchi’.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó para que el pueblo q’eqchi’ fuese consultado sobre el proyecto minero en su territorio y el 1 de marzo del 2021 reafirmó la suspensión de la licencia de operaciones de la empresa.

Imposición de proyecto de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez
Desde hace 16 años, las operaciones de la empresa Cementos Progreso en el municipio de San Juan Sacatepéquez ha afectado la convivencia de 12 comunidades, que han tenido que soportar estados de prevención, asesinatos, militarización de su territorio y procesos penales en el sistema judicial en contra de lideres comunitarios.

Las operaciones de la mina San Rafael, ahora Proyecto minero El Escobal, en territorio xinca que abarca los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa ha provocado ataques y criminalización de la resistencia xinca. En 2013, al menos 7 comunitarios que formaban parte de la resistencia contra ese proyecto minero fueron atacados por seguridad de la empresa.

Hasta la fecha los ataques no han cesado. Tan solo en el 2021 se han registrado tres ataques contra miembros del Parlamento Xinca, entre ellos el que sufrió Julio González, atacado en su vivienda en Jalapa el 16 de enero de 2021 y la agresión contra Luis Fernando García Monroy el pasado 7 de febrero de 2021.

Estas agresiones se dan en el contexto de una preconsulta, tras una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el pueblo xinca fuese consultado sobre el proyecto minero en su territorio.

Julio Gómez, acusado por hidroeléctrica en Yichk’isis
Defensor del agua y del territorio en Huehuetenango, autoridad ancestral y delegado del Gobierno Ancestral Plurinacional de la Nación Chuj de San Mateo Ixtatán. Gómez está acusado de tres delitos por la empresa Energía y Renovación S.A. que tiene a su cargo dos plantas hidroeléctricas en Yichk’isis y enfrentará audiencia el 23 de abril de 2021.

Lolita Chávez, defensora en el exilio
Chávez es una defensora maya k’iche’ que formaba parte del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza y Territorio CPK. Ha sufrido intentos de asesinato en varias ocasiones por su trabajo en defensa de la tierra. Chávez vive en el exilio desde 2017, luego de haber sido perseguida por hombres armados que protegían un camión con madera que miembros del CPK habían retenido.

La defensora recibió el Premio Romero a los Derechos Humanos que otorga anualmente la Universidad de Dayton en Ohio, el 20 de abril de 2021.

Abelino Chub Caal
El profesor maya q’eqchi’, Abelino Chub Caal fue acusado por las empresas Inversiones Cobra, SA, y CXI, SA, de los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. El proceso penal duró dos años y dos meses, el mismo tiempo que Abelino Chub guardó prisión en el Centro Preventivo de la zona 18.

El 27 de abril de 2019 un Tribunal de Mayor Riesgo resolvió que Chub era inocente de los delitos que se le imputaban.

Los proyectos extractivos alteran la paz social
En Guatemala, la minería, los proyectos hidroeléctricos y los monocultivos de palma africana han generado conflictividad social en las comunidades y criminalización de defensores.

Rafael Maldonado, abogado que ha acompañado a varios comunitarios y líderes en procesos judiciales, señala que los efectos del modelo económico agroexportador extractivo ha tenido efectos negativos “porque no hay proyecto extractivo en el país que no haya sido generador de la alteración de la paz social”.

A decir de Maldonado, estos proyectos han generado conflictividad debido a que se les otorgan derechos “prácticamente ilimitados a las empresas para que violenten” en las comunidades.

También han causado daños ambientales en las comunidades y en muchos casos el Estado no ha respondido como debe ser haciendo respetar los derechos frente a las compañías.

Algunos de los casos emblemáticos donde se ha reflejado esto ha sido el proyecto minero Progreso VII Derivado, en La Puya, en San José del Golfo, donde los vecinos llevan 8 años de resistencia pacífica.

También en el caso de la mina San Rafael en Santa Rosa, en el cual se tenía contemplado una preconsulta y el de CGN en El Estor, Izabal. “En los tres casos hemos visto que las empresas actúan criminalizando a las y los defensores de derechos humanos que resisten a los proyectos”, dijo Maldonado.

Según el abogado, en estos últimos dos casos, personas han tenido que enfrentar prisión a raíz de exigir que se les informe y consulte y que sean tomados en cuenta en la toma de decisiones.

El abogado señala que con pocas excepciones, todos los casos de proyectos mineros han llegado a las Cortes del país. “Cuando era por tema de consultas indígenas habíamos tenido una respuesta positiva de la CC, situación que ahora con el cambio de magistrados se verá qué camino toma en torno a la jurisprudencia, se ha reconocido que los proyectos violan los derechos humanos” dijo.

Efectos positivos de que Guatemala ratifique Acuerdo
Según Tzul, como efecto positivo de que Guatemala ratifique el Acuerdo está tener estándares más claros con relación al tema de la protección ambiental, también reconocer a las personas defensoras ambientales que realizan el trabajo de justicia climática o que buscan condiciones de vida para generaciones futuras.

Otro aspecto que aporta es el acceso a la información. Por medio de este acuerdo hay nuevos estándares claros y amplios de garantizar el acceso a la información sobre temas ambientales porque para que aparte de ser informadas también puedan tener las posibilidades de presentar acciones que correspondan en torno a decisiones administrativas, que se tomen con relación al ambiente, dijo Tzul.

Para Andrea Ixchíu, este tratado es un esfuerzo de muchísimos años de tener una herramienta más de lucha y que se une a múltiples mecanismos legales, convenios y tratados internacionales, no obstante hizo ver que en Guatemala pareciera que no se aplica la legislación nacional adecuadamente.

Por su parte, Villatoro señaló que ratificar el Acuerdo brindaría una oportunidad histórica para que Guatemala muestre su compromiso real con los derechos humanos y la transparencia ambiental, sobre todo porque las comunidades más vulnerables son las indígenas y son quienes son más afectadas por las empresas.

El pasado 13 de abril, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló en un video que es fundamental que el Estado de Guatemala ratifique el tratado, “una herramienta legal impostergable para que en Guatemala se apueste verdaderamente por el respeto al medio ambiente”. Tenemos que pasar del discurso a la acción, Guatemala no puede estar a la zaga de tan importante acuerdo, manifestó.