Son miles los casos de personas que migran hacia Estados Unidos y salen de Centroamérica con el fin de llegar a un nuevo país para obtener mejores oportunidades laborales, pero en el trayecto el crimen organizado es una de las causas que apagan estos sueños. Las familias buscan incansablemente a sus familiares desaparecidos a quienes aún esperan de regreso a su comunidad o una comunicación que les traiga esperanza. Sin embargo, en la mayoría de casos no hay respuestas sino hasta años después.

Por Shirlie Rodríguez

Hace 12 años al menos 193 fosas fueron encontradas en Tamaulipas, México, situado en la zona fronteriza con Estados Unidos, en donde intentaron cruzar los hermanos Marvin y Miguel Chávez Velásquez y Oswaldo Mencho López; los tres originarios del municipio de Cajolá, Quetzaltenango.

Tras más de una década en búsqueda de justicia y respuestas, las familias recibieron el libro “San Fernando: Última parada” de la periodista mexicana Marcela Turati en donde se muestra una radiografía de este hallazgo y las inconsistencias del tratamiento del caso por parte del gobierno de México, al momento de dar respuestas a las personas que buscaban a sus familiares desaparecidos.

En el sector Los Mencho de Cajolá, a 45 minutos de la cabecera departamental de Quetzaltenango, se encuentra la vivienda de donde salieron Marvin, Miguel y Oswaldo. Se encuentra en medio de sembradíos de milpa y montañas, tras atravesar un puente y calles angostas.

En marzo de 2011, Marvin tenía 26 años y Miguel 17 cuando salieron de su comunidad con la finalidad de llegar a Estados Unidos y mejorar su condición de vida y la de su familia, pero desaparecieron en México y un mes después sus cuerpos fueron ubicados en estas fosas clandestinas; además de ellos, más personas de nacionalidad guatemalteca y de El Salvador y Honduras también fueron encontrados.

En agosto de 2010 fue el primer hallazgo de uno de los sucesos más cruentos cometidos contra las personas migrantes en México. En Tamaulipas fueron encontrados 72 cadáveres de personas originarias de Centro y Suramérica que se dirigían hacia Estados Unidos. Este suceso fue denominado “La masacre de los 72”.

Las siguientes investigaciones y detalles del hecho indicaron que estas personas fueron ejecutadas por la espalda y después sus cuerpos fueron apilados a la intemperie para que la descomposición fuera más rápida. Al darse a conocer este suceso, la condena al gobierno mexicano fue a nivel internacional.

A pesar de que el gobierno de México se comprometió a atender este tipo de hechos para evitar que siguiera sucediendo, siete meses después fueron encontradas las fosas en donde encontraron a los hermanos y su primo, originarios de Cajolá.

Tras el hallazgo de los cuerpos, las familias fueron notificadas de la identificación de Marvin y Miguel hasta 2012, Oswaldo fue identificado hasta un año después.

La periodista mexicana, Marcela Turati dio seguimiento a este hecho y relató que desde que encontraron los cuerpos, las autoridades mexicanas no realizaron el mínimo esfuerzo para lograron identificar los cuerpos y fue hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense se involucró, cuando cotejaron pruebas de ADN, documentos de identificación y pertenencia, con los datos de los cientos de migrantes desaparecidos.

Antonio Velásquez es uno de los familiares de los jóvenes que migraron y contó que uno de los hechos más trágicos de este suceso fue cuando entregaron los restos de sus familiares en unas cajas pequeñas. No creían que fueron Marvin, Miguelito y Oswaldo.

El gobierno mexicano se empeñó en que 10 de los migrantes fueran cremados a pesar de la negativa de familias y de otras que fueron engañadas porque no entendían qué documentos estaban firmando al no hablar español.

Sebastián relató que no creían que esa caja pequeña con cenizas pudiera ser de Marvin, Miguelito y Oswaldo. Nadie en la familia entendía qué hacer con estos restos, cuando necesitan dar sepultura a los cuerpos de los jóvenes.

No podían creen que los tres habían fallecido, fue hasta que les entregaron las pertenencias cuando aceptaron que estaban muertos.

Han pasado 12 años desde este hallazgo y a pesar de las inconsistencias e ilegalidades cometidas por el gobierno de México, el Estado guatemalteco tampoco ha dado respuestas a las familias que pasaron por estos hechos. Los responsables de los crímenes están vinculados al cartel de Los Zetas.

Rosmery Yax es abogada de la Fundación para la Justicia que se creó luego de las masacres en donde las víctimas eran migrantes y nadie daba atención y apoyo a las familias para encontrar a sus desaparecidos.

La Fundación surgió en 2011 y es la que ayudó a las familias guatemaltecas a dar seguimiento a sus casos para identificar a quienes se encontraban en las fosas, pero también para el proceso judicial que siguió tras el hallazgo.

Yax dice que hay un alto índice de impunidad con estos casos porque las estructuras del crimen organizado y cárteles de las drogas son responsables de los hechos, pero además las autoridades como en Guatemala no exigen justicia o reparación del país vecino.

“Vemos al Estado de Guatemala completamente callado, indiferente y no hay intención de seguir acciones legales en contra de lo que sucede en México porque prevalece la diplomacia entre estados y no es un secreto que no les interese la vida de los migrantes. Guatemala no está interesada en pedir justicia para sus connacionales”, expresó.

La Fundación para la Justicia dice que la falta de responsabilidad y conciencia del Estado de Guatemala es lo que detiene el acceso a la justicia para estos hechos, a pesar de ello siguen dando el acompañamiento a las familias que ya identificaron a sus familiares, pero también a las que siguen buscando.

Libro “San Fernando: Última parada”

Marcela Turati es una periodista mexicana que se enfocó en la cobertura de desapariciones en su país y por la revelación de las masacres en contra de personas en tránsito hacia Estados Unidos, encontró los casos de migrantes guatemaltecos y de ahí surge su investigación para el libro “San Fernando: Última parada”.

Después de 12 años de investigación, entrevistas, recopilación de datos e información, sale a la luz el libro que presenta este mes en Guatemala. Se hizo una presentación en la librería Sophos en la capital del país y estuvo presente uno de los familiares de migrantes que fueron hallados en estas fosas.

Otra de las presentaciones fue en Quetzaltenango en donde también decidió entregar un libro a las familias de Marvin, Miguel y Oswaldo, como agradecimiento por el aporte que dieron para contar las historias de sus hijos.

Turati expone en el libro que el gobierno de México cometió ilegalidades al abordar esta masacre y además no existió la voluntad política para dar respuestas a sus familiares, porque desde el hallazgo de los cuerpos, muchos de estos tenían sus documentos de identificación en el pantalón, pero nadie comunicó a las familias.

“Quisiera que este libro sea un instrumento de lucha, que puedan llevar a México a cortes internacionales o que les sirva para entender a pesar de que sea muy doloroso. Para mí es como mi gran pendiente, lo que quiero es que las familias se apropien de esta historia. Espero que de alguna manera sane y subsanen dudas que aún tienen y les sirva para pedir justicia y les reparen”, dijo la periodista.

Al momento en que Turati entregó el libro a las familias de Cajolá, Antonio Velásquez dijo que iban a programar momentos para leer en conjunto porque las mamás y abuelas no hablan español y por lo tanto lo van a traducir al idioma Mam mientras lo leen.

Marcela Turati espera que este libro le ayude a las familias para que la comunidad y la población guatemalteca entienda y crea en estos sucesos trágicos que pasaron desde hace más de 10 años.

Algunos de los relatos que recogió para el texto hacen referencia a que las familias y vecinos no creían que las cenizas fueran de sus desaparecidos, por lo tanto con esta recopilación de información puedan adueñarse de sus casos y exigir justicia.

Turati ha sido criminalizada e investigada por el gobierno mexicano desde que empezó a investigar estos hechos. La Procuraduría General de la Nación emprendió la investigación para identificar quiénes fueron sus fuentes de información. A ella y a varias abogadas las perfilaron como parte de una estructura criminal de secuestradoras.

“Estamos en la carpeta de investigación de los Zetas, estamos señaladas como que fuéramos secuestradoras. Me queda muy claro que investigar fosas, estos hechos se paga. Le ponen mucho más empeño en castigar a quien investiga, que devolver los cuerpos o investigar donde están las personas desaparecidas. Usan los recursos del Estado para ocultar”, explicó Turati, quien también fue espiada con Pegasus, un software para espiar a través del teléfono.

A pesar de la gravedad de los sucesos, hasta ahora siguen ocurriendo crímenes en contra de migrantes en tránsito por México. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reportó en agosto que en el 2023 van más de 400 mil migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos y México, aumentando la cifra que el año anterior, que era de 250 mil.