El año 2020 estuvo marcado por distintas crisis sanitarias y ambientales que en sus efectos también agravaron la situación de las mujeres defensoras y criminalizadas. De acuerdo con el informe de We Effect Luchas de alto riesgo: las mujeres en primera línea en la defensa de la tierra y el territorio, a nivel latinoamericano los asesinatos hacia activistas y personas defensoras del territorio aumentaron durante la pandemia por COVID-19. Asimismo, las mujeres defensoras que atraviesan procesos de criminalización sufrieron el atraso en sus audiencias y en el esclarecimiento de su situación. Digna Dalila Mérida, pobladora de El Pital, Coatepeque, en Quetzaltenango, es una de ellas.

Dalila es integrante del Comité de Unidad Campesina -CUC- y madre de tres hijos. Desde el 2016 fue acusada por la Finca San Gregorio del delito de “usurpación agravada” junto con 4 hombres extrabajadores de la empresa: “La práctica de las empresas es de despedir cada cierto tiempo a los trabajadores y no darles sus prestaciones. Un grupo de más de 300 extrabajadores de esta empresa se abocaron con nosotros para pedir apoyo. Hasta ahora no se ha logrado que les paguen sus prestaciones”.

En el 2016 realizaron un plantón de protesta frente a la finca, y a partir de ello la empresa inició un proceso penal en contra de Dalila, tres de los extrabajadores y un integrante del equipo técnico del CUC. Ella estuvo detenida por ocho días, fue procesada y se le declaró falta de mérito, pero la empresa apeló la resolución y se le ligó a proceso. De las 5 personas, solo a Dalila la habían dejado libre y luego reiniciaron su proceso.

El informe de We Effect publicado en este mes de noviembre, registra que el fenómeno de la criminalización contra las personas por su defensa del territorio se ha alargado durante la pandemia. Esto sucede por el atraso en las audiencias, que son pospuestas por los organismos judiciales. Este ha sido también un motivo para el retraso en el caso de Dalila que desde el mes de marzo espera el primer debate oral, pero se pospuso hasta el 9 de febrero de 2021. Mientras tanto, debe mantener el arresto domiciliario y firmar mensualmente un libro en el Ministerio Público.

Tierra, agua, vida de las mujeres

Desde el año 2008 Dalila es parte del CUC, y trabaja en proyectos de gestión de riesgos ya que las comunidades son muy vulnerables a la acción de las empresas de monocultivos que en el verano generan sequía, mientras en el invierno se desbordan los ríos y empiezan las inundaciones. “Las empresas desvían los ríos, entonces las comunidades se quedan sin agua en el verano. Y en el invierno, cuando ya no necesitan agua para sus cultivos, lo que hacen es sacar el agua de sus tierras y la tiran a los ríos. Eso cada año”.

Además de la gestión de riesgos, también ella y su organización trabajan temas como la agroecología para que las familias cultiven sus propios alimentos y negocios pequeños para la autosostenibilidad, dentro de los cuales destaca una panadería donde trabajan varios grupos de mujeres. Los derechos de las mujeres son un tema clave también, y trabaja en programas de formación contra la violencia de género.

Esto se enmarca en sus demandas por el acceso a la tierra, el agua, la defensa de los derechos laborales.

Mujeres por la defensa del territorio y sus amenazas

En Guatemala, de acuerdo con We Effect, las organizaciones campesinas e indígenas han reportado amenazas de parte de agentes de seguridad de empresas privadas. Estos son ejemplos de violencia que buscan impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, además de los agravios ya cometidos por las empresas en cuanto al acceso a la tierra.
En el caso de las mujeres se ejercen varios tipos de violencia que muchas veces les obligan a dejar sus comunidades. La recurrencia del acoso y el abuso sexual contra mujeres defensoras se suma a los riesgos de la criminalización y persecución penal que ya implica desgastes emocionales, económicos y familiares.

Para el año 2019, se registraron 494 ataques hacia personas defensoras de derechos humanos. De ellos, el 33.4% fueron hacia mujeres y 15 fueron asesinatos (UDEFEGUA, 2019 en We Effect, 2020).

Como Dalila, muchas mujeres defensoras del territorio enfrentan riesgos y amenazas constantes. Las empresas de monocultivos, extracción minera e hidroeléctricas han sido los principales actores que, en conjunto con el Estado, criminalizan a las mujeres defensoras y se apoyan de las violencias patriarcales para generar temor.

Estos modelos extractivistas se apoyan de estrategias publicitarias para promover estas empresas como progreso y desarrollo, y estigmatizar a las personas defensoras como promotoras de retraso e incluso de terrorismo. Las mujeres se enfrentan a estas estructuras comunicacionales, estatales y patriarcales constantemente, estructuras que además cuestionan su trabajo de defensa de la tierra con estereotipos sexistas.

Dalila, como indica su primer nombre, ha llevado una lucha por la dignidad en las comunidades: “Soñamos con que haya igualdad de derechos para todos, buena educación, salud, que se respeten nuestros derechos, especialmente los de nosotras las mujeres”.