El Ministerio Público (MP) y el gobierno de Guatemala han emitido dos comunicados en los cuales expresaron la ilegalidad de las manifestaciones en curso. El MP argumentó que estas protestas obstaculizan sus investigaciones, mientras que el gobierno central señala que están interfiriendo con el traslado de medicinas o personas hacia centros de atención.

Por Andina Ayala

Por tercer día consecutivo manifestantes en todo el país tienen paralizadas carreteras con un objetivo claro: la destitución de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras; Rafael Curruchiche, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

No obstante, el gobierno no ha dado una respuesta clara a las miles de personas que resisten a la intemperie en más de 20 puntos del país. El martes 3 de octubre una comisión de líderes indígenas de los 48 cantones y de Quiché, asistieron a una reunión con la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, quien solamente les dio diez minutos para escuchar sus demandas, actitud que las autoridades calificaron como “falta de respeto” y falta de interés a una coyuntura tan importante.

En la mañana del miércoles 4 de octubre, el gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que afirmó sobre las manifestaciones que "la responsabilidad recae en quienes toman medidas de hecho". Curiosamente, también en esa misma mañana se informó sobre un presunto ciberataque a la página web del Ministerio Público, lo que dejó temporalmente fuera de servicio el sitio oficial de la institución.

Durante el ciberataque se hizo evidente la publicación de un mensaje que aparentemente expresaba la inconformidad de los empleados de la institución. Este conjunto de eventos genera un clima de preocupación para las personas que sostienen el paro en todo el país.

Según el MP, las manifestaciones representan un bloqueo a las labores de investigación, “este tipo de acciones ilegales que no solo vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos, sino que atentan contra la integridad de usuarios y el cumplimiento del mandato legal de la institución, lo cual pone en riesgo las investigaciones y el acceso a la justicia”, expuso en su comunicado firmado el 3 de octubre.

Después de intermitente silencio, la Procuraduría de los Derechos Humanos liderada por Alejandro Córdova, emitió un comunicado diciendo que se mantienen en “observancia de las manifestaciones”.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones parece dar una respuesta efectiva a las demandas de la población. Un hecho que llamó la atención ocurrió ayer, cuando una jueza se presentó en la sede central del Ministerio Público, alegando que estaba ejecutando una exhibición personal en apoyo de algunos empleados que se encontraban dentro del edificio.

Esta situación provocó una respuesta inmediata por parte de las autoridades indígenas que están en resistencia a las afueras del lugar. La alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, en el departamento de Sololá, Luz Emilia Ulario, expresó, "No tenemos ningún interés en retener a ninguna persona, conocemos las leyes y no somos ignorantes. También esperamos que las autoridades se preocupen por el bienestar del pueblo".

Estas acciones y declaraciones subrayan la tensión y la complejidad de la situación actual.