Este 7 de noviembre, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó 2860 años de prisión para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, genocidio, desaparición forzada y el delito de deberes contra la humanidad cometidos contra la población Ixil, de Quiché, durante el conflicto armado interno.

Por Regina Pérez

El juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, llegó a su fase de conclusiones tras 94 audiencias, en el que la Fiscalía de Derechos Humanos expuso los hechos por los cuales se le acusa de los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada, en el contexto del conflicto armado interno y pidió al Tribunal una pena de 2860 años de prisión.

Benedicto Lucas García es un general retirado, de 92 años, quien nació en la ciudad de Guatemala el 24 de agosto de 1932. Es hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García, periodo en el cual fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército (EMGE), del 16 de agosto de 1981 al 24 de marzo de 1982, tiempo en el que según el MP se cometieron esos delitos.

Después de haber expuesto los hechos, la comisión de los mismos y la participación del acusado en los ocho meses de debate oral y público, la fiscal Mercedes Morales Santos solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “A” imponer una pena de 30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, 30 años de prisión por genocidio y 40 años de prisión por desaparición forzada en cada uno de los 70 casos que se pudieron acreditar, lo cual sumaría 2800 años.

Sin embargo, indicó que cuando se cometió la desaparición forzada se establecía que no se podía imponer una pena mayor a los 40 años por lo que puso la cifra como parámetro para que sea el Tribunal el que a la hora de imponer la sanción lo tome en consideración.

El tercero al mando

Según la Fiscalía de Derechos Humanos, Lucas García era el tercero al mando, después del presidente, su hermano Fernando Lucas y el ministro de la Defensa.

Como jefe del Estado Mayor General del Ejército, Lucas García “diseñó, reorientó, aprobó, dirigió, controló, fortaleció y supervisó la estrategia contrasubversiva del ejercito de Guatemala”.

Entre sus acciones reorientó la estrategia militar a través de la creación de las Fuerzas de Tarea creando mayor movilidad de las tropas que operaron en el área afectando con mayor intensidad los derechos de la población Ixil, señaló la fiscal Mercedes Morales Santos.

Asimismo, dotó, organizó, dirigió, coordinó, planeó, supervisó, controló e integró el trabajo del EMGE en la conducción estratégico militar contrasubversiva establecida por el ejército.

“En calidad de jefe y en el ejercicio del mando, con una sola orden verbal o escrita dada por su persona, la destrucción del pueblo maya Ixil hubiera cesado, situación que no ocurrió”, dijo.

El general tuvo conocimiento de lo que ocurría en el área Ixil informado por sus subalternos, en tiempo real, de cómo se estaban desarrollando los operativos en esa región, “no obstante, el conocimiento que tuvo sobre el ataque Ixil continuó desarrollando los operativos militares sin ningún cambio”, anotó Morales Santos.

La intención de destruir al pueblo maya Ixil fue evidenciada por el acusado en entrevistas públicas en la que afirmó que toda guerra es nefasta pero sin duda Dios la creó para ir disminuyendo la cantidad de población en el mundo.

Según la fiscal, Lucas García reconoció que “como los indios en el área dan apoyo a la guerrilla, probablemente sea necesario destruir cierto número de pueblos” lo cual fue congruente con el arrasamiento que se dio en la región Ixil.

Delitos acreditados

La fiscal Morales Santos señaló que el MP acreditó los tipos penales de delitos contra los deberes de la humanidad, genocidio y desaparición forzada al pueblo maya Ixil.

Los operativos acreditados se dividieron en fase de prevención, en la que se cometieron 16 hechos delictivos, del 16 de agosto al 31 de diciembre de 1981, con dos masacres selectivas y 39 víctimas. Se considera que los delitos de deberes contra la humanidad se dieron en esta fase.

También una fase de intervención y operación de barrida, donde ocurrieron 19 masacres con 88 hechos indiscriminados, de las cuales se reportaron 851 víctimas, 718 víctimas nominadas, es decir, que fueron reconocidas con nombre, del 1 de enero al 24 de marzo de 1982. Es en esta etapa que, según el MP, ocurrió el delito de genocidio.

También es en esta etapa que se comete el delito de desaparición forzada, según la tesis acusatoria.

Fiscalía: 56.17 % de la población fue afectada

En el periodo en que ocurrieron los hechos, el ejército estimaba que vivían en el área Ixil 50000 personas, en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal.

De esta población, el 56.17 % resultó afectada de forma directa y el 43.83 % de manera indirecta, ya que en las áreas centrales de los municipios no ocurrieron los hechos que sí ocurrieron en el área rural.

“Es importante aclarar que esto ocurrió en dos meses y 23 días” destacó, ya que según el MP, el genocidio ocurrió en esta fase. “Es aquí donde se da la intención de exterminar al grupo maya Ixil”, agregó.

Antes de solicitar las penas mencionadas, Morales Santos enumeró cada uno de los hechos expuestos durante el debate oral y público, las víctimas identificadas y los peritajes y pruebas que acreditaron que dichas masacres, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y torturas sucedieron.

A pesar de la larga jornada, el juez Gervi Sical dio el tiempo a los abogados del querellante Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) para que expusiera sus conclusiones. La abogada Jovita Tzul comenzó con un homenaje a las víctimas, muchas de las cuales no lograron testificar pues fallecieron antes o durante el juicio. Se prevé que tras su intervención la audiencia continúe el viernes 8 de noviembre para que finalice sus conclusiones.

https://prensacomunitaria.org/2024/11/testigo-protegido-senala-que-el-estado-mayor-del-ejercito-siempre-tuvo-conocimiento-de-las-masacres/