La sentencia del juicio sobre genocidio y delitos de lesa humanidad contra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, está por dictarse. El camino hacia la justicia ha sido largo y sobre todo, lleno de obstáculos. El Estado guatemalteco durante décadas negó que haya existido genocidio en el país; fue España, apegada al derecho internacional, quien inició este camino en la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas que dejó la guerra en Guatemala, en la que el pueblo Ixil fue de los más afectados en todo el país.

Por Ruda

Según estimaciones de varias organizaciones y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la guerra en Guatemala alcanzó los 200 mil fallecidos. De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICT) por sus siglas en inglés, el concepto de justicia transicional representa una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos, su objetivo principal es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de muchas décadas. Tal es el caso de Guatemala, en donde se ha librado una batalla social, cultural y legal para reconocer el genocidio ocurrido durante la guerra. 

La guerra civil en Guatemala inició en 1960 y finalizó el 29 de diciembre de 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre la guerrilla y el Gobierno. Según estimaciones y datos de informes que han realizado diversos organismos internacionales y comisiones nacionales, en esta dura época desaparecieron alrededor de 45 mil personas. Fue uno de los conflictos armados o guerra civil más largas y sanguinarias en América Latina.

La búsqueda de justicia ha estado plagada de injusticias, burocracia e intereses ocultos. Un gran sector de la población no está de acuerdo con el termino genocidio ya que eso implica que muchas personas, específicamente militares, funcionarios de Gobierno e incluso sociedad civil privilegiada, pudiera verse inmersa.

Efraín Ríos Montt

El camino hacia la justicia y reparación ha sido largo y extenuante. El 10 de mayo de 2013 fue el Tribunal B de Mayor Riesgo quien condenó a Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Fue así como se convirtió en el primer exmandatario del mundo en ser declarado culpable de genocidio, juzgado por un tribunal nacional.

Según Marta Elena Casaus Arzú, en su artículo ¿Una tragedia para la justicia, para las víctimas y para la democracia?, el desarrollo del juicio por genocidio fue “paralizado” por la Corte de Constitucionalidad, con la emisión de un dictamen de anulación de la sentencia por genocidio. Esta decisión mal fundamentada jurídicamente, parcial e incongruente, según diversas fuentes jurídicas, fue arbitraria y no contó con el consenso de todos los miembros de la Corte de Constitucionalidad, que emitieron un voto razonado en contra de dicha resolución, por considerar que, “el tribunal de Alto Riesgo cumplió con la orden de la Corte de Constitucionalidad que restituyó al abogado y anuló a los testigos del día que se quedó el acusado sin defensa, de forma que se reparó el agravio y que, en ningún momento ningún abogado de la defensa solicitó la anulación del juicio ni de la sentencia, de manera que no ha lugar dicha resolución”. Además de ello, la magistrada afirmó que, “no era la suspensión del juicio, sino la reparación del agravio consistente en la restitución del abogado en su función, actuación que de forma inédita esta Corte está mandando a anular con la resolución de la que disiento; elevando a categoría de agravio independiente la no suspensión del debate y privilegiándolo sobre el agravio denunciado en el amparo”.

A pesar de esta opinión razonada de dos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de muchos otros dictámenes que han emitido expertos en Derecho Constitucional, el día 22 de mayo del año 2013, se tomó la decisión de la Corte de Constitucionalidad de anular la sentencia condenatoria de 80 años de prisión por genocidio contra Efraín Ríos Montt.

El llamado “juicio del siglo” fue anulado por la Corte de Constitucionalidad, pero la tipificación de genocidio a los hechos imputados por el Ministerio Público, sigue vigente. Esta sentencia y anulación tuvieron cobertura mediática en todo el mundo, creando un antecedente en delitos de genocidio y de lesa humanidad.

Segundo caso de genocidio en Guatemala: Benedicto Lucas García

El 25 de noviembre de 2019, en el caso Genocidio Ixil, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso por genocidio, delitos contra deberes de humanidad y desaparición forzada a Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y a César Octavio Noguera Argueta, quien murió el 20 de noviembre de 2020.

En agosto de 2021, el juez Gálvez, presidiendo el Tribunal de Mayor Riesgo B, estuvo a cargo de la fase de instrucción del caso. Gálvez dictaminó que había pruebas suficientes para llevar a juicio al general retirado Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas. Tras una intensa campaña de intimidación y persecución relacionada con estos otros casos penales, el juez Gálvez renunció el 15 de noviembre de 2022, y actualmente vive en el exilio. En enero de 2024, Manuel Callejas y Callejas fue apartado del caso debido a una declaración de discapacidad que le genera el Parkinson que padece.

El viernes 5 de abril de 2024, finalmente dio inicio la fase de debate oral y público del juicio contra Benedicto Lucas García. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, junto con los querellantes en el caso, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), durante el juicio presentaron aproximadamente 55 peritajes por parte del MP, 76 testigos sobrevivientes, 954 documentos y evidencia material consistente a los indicios. Dentro de los especialistas que presentaron informes periciales destacaron antropólogos forenses, historiadores, fotógrafos, periodistas, genetistas, sociólogos y especialistas en materia militar.

El MP señaló a los exmiembros del Ejército por su presunta responsabilidad en masacres sucedidas entre 1978 y 1982, durante el Gobierno del expresidente Romeo Lucas García.

Benedicto Lucas García es un general retirado, de 92 años, nacido en la ciudad de Guatemala el 24 de agosto de 1932. Es hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García, y durante este periodo presidencial fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército (EMGE), del 16 de agosto de 1981 al 24 de marzo de 1982, tiempo en el que, según las investigaciones del Ministerio Público, se cometieron los delitos por los cuales está siendo imputado. Leer mas

El debate oral y público que dio inicio en el mes de abril ha revivido mucho del dolor de las víctimas y los hechos, ya que han sido muchos los testimonios de hombres, pero sobre todo de mujeres que sobrevivieron a los vejámenes cometidos por el Estado a través del Ejército. Dentro de las declaraciones que más han conmovido a la población son las que narran la forma cruel y deshumanizada en que eran asesinadas las personas: los hombres eran decapitados, quemados, atacados con armas de fuego; las mujeres eran víctimas de violencia sexual, niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas eran tratadas con la misma crueldad, inclusive mujeres embarazadas y bebés. Las declaraciones han estado llenas de llanto por parte de las y los sobrevivientes al recordar a sus familiares y a integrantes de sus comunidades.

Las y los sobrevivientes tenían que huir hacia las montañas y pasar días o meses para no ser alcanzados por los militares. Muchas de estas personas pasaron varios días sin comer, incluso en varios de los peritajes realizados por parte de especialistas forenses se encontraron cuerpos que no presentaron golpes o señales de violencia, lo que les hace creer que muchas de esas víctimas murieron por inanición, ya que era sumamente difícil encontrar alimentos en las montañas.

El Ejército arrasó con varias comunidades. Una de las formas de operar era la de asesinar primero a los hombres, abusaban sexualmente de las niñas y mujeres y luego ellas también eran asesinadas; algunas corrían con mejor suerte y huían, seguido de eso sus casas eran quemadas en su totalidad, es así como el Estado los despojaba absolutamente de todo.

En las comunidades de la región Ixil, San Juan Cotzal, Pexcaj Nebaj, Xorcuay, Calama, Jolom, Santa María Nebaj, Acul, Pexla, Xolotzinay, Aldea llom, Jauventau y Vijilom se realizaron peritajes forenses y se presentaron durante el proceso.

Durante el debate oral y público se presentaron testimonios como anticipo de prueba, estos fueron presentados por medio de audios de prueba de personas que atestiguan el 20 de junio de 2010, pero que han fallecido o están con quebrantos de salud.

El sociólogo Luis Raúl Salvado, expositor del peritaje “Conflicto Armado Interno y Región Ixil 1978-1982”, comentó que sus aportes contribuyeron a la jurisprudencia del debido proceso.

Adujo que a partir de la Guerra Fría se estableció la doctrina de “seguridad nacional”, lo que estimulaba la presencia del Ejército en el Estado, en el contexto de bipolaridad mundial. En ese sentido, también el experto en conocimiento militar, Benjamín Carloni, relató con gráficos cómo estaba organizado el Ejército y de cómo se mal utilizaba el término “enemigo interno”, definiéndolos como “individuos, grupos u organizaciones que tratan de corromper el orden establecido”, fue bajo esas premisas que ocurrieron los ataques contra el pueblo Ixil.

Julieta Rostica, en el libro “Racismo y genocidio en Guatemala”, sostiene la hipótesis de que el racismo caracterizó de manera específica al orden social y político guatemalteco desde su nacimiento, y modeló los discursos, prácticas y representaciones que dieron sentido a la práctica social y política genocida. En dicha publicación demuestra la intención y da cuenta de las motivaciones político-militares del genocidio entre las cuales y, en primer lugar, radica el racismo. El racismo es un fenómeno social complejo que, si bien, es estructural en Guatemala, cuando se aguza la mirada en coyunturas históricas específicas, presenta variaciones.

La autora describe que el racismo en Guatemala es un factor enraizado en la estructura social y política y, como tal, no es homologable a un factor contextual. Se trata de un fenómeno que se expresa en sus formas elementales, las cuales varían en los espacios sociales o políticos que ocupan en diferentes coyunturas históricas. Es un factor que ha modelado los imaginarios de nación y las clases sociales, forma parte del sentido común de no indígenas y de indígenas y permea todas las instituciones, incluso a las instituciones represivas del Estado. Y fue en ese contexto en donde ocurrió el genocidio Ixil en Guatemala.

Fase final del juicio

Después de siete meses de audiencias públicas, los abogados querellantes de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) presentaron sus conclusiones con base a los peritajes, testimonios y evidencias materiales que se mostraron durante las primeras audiencias. Se expuso sobre la jurisprudencia, la intención genocida, mostrando ejemplos como el caso ilustrativo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el ataque al pueblo ixil, muertes de miembros del grupo, tortura. Realzaron los aspectos más importantes de este debate oral y público, los cuales se centran en altos porcentajes de masacres, violencia sexual hacia niñas y mujeres de todas las edades, violencia física y destrucción de la cultura.

Los abogados defensores de Lucas García han realizado múltiples intentos de retrasar el juicio y entramparlo para que no se dicte una sentencia de manera pronta. Para las víctimas esto resulta sumamente ofensivo ya que han esperado más de 40 años para que se haga justicia.

Paralelamente, el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, ha realizado traslados de varios fiscales que tuvieron una participación clave en las casi 100 audiencias, esto como claro ejemplo de obstaculizar y entorpecer el juicio.

Las victimas y sobrevivientes del genocidio ocurrido en el área Ixil del país, esperan la condena contra Benedicto Lucas García ya que es una manera de poder reivindicar a sus víctimas y poder honrar su memoria, así como sentar un precedente tanto en Guatemala como en el mundo.

Sin embargo, este 28 de noviembre, la Sala Primera de Mayor Riesgo aceptó una recusación promovida por la defensa de Benedicto Lucas y ordenó que el debate cambie del Tribunal de Mayor Riesgo “A” y pase al “B”. El fallo implicaría que se anule lo actuado y el debate vuelva a iniciar desde cero, justo cuando se iba a dictar sentencia.