Por: Bloque feminista

Desde el movimiento feminista salvadoreño vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020 en El Salvador, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado.

El presidente electo democráticamente, Nayib Bukele, realizó un uso desmedido de la fuerza militar y policial para presionar y obligar al órgano legislativo a la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera fase del Plan Control Territorial, el cual no es de conocimiento público y no ha contado con procesos de consulta con los distintos sectores de la población para su elaboración.

Este hecho muestra la incapacidad de los representantes del órgano ejecutivo y legislativo para utilizar los mecanismos ordinarios existentes en la toma de decisiones desde el diálogo y el consenso en bienestar de la población en general, sin alterar el orden público y garantizando la independencia de los órganos del Estado.

Por lo antes expuesto expresamos que:

1. El uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en los alrededores y al interior de la Asamblea Legislativa, como no se había visto desde hace 28 años, dan cuenta de una demostración de masculinidad hegemónica, que recurre a las armas y a la fuerza bruta para doblegar a los adversarios, denotando un retroceso en la construcción de la democracia.

2. En un país donde todavía no se han desarrollado políticas públicas de reparación y justicia restaurativa, y persiste la impunidad frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, la presencia masiva de militares y policías en las calles y al interior del órgano legislativo constituye no sólo una injerencia y una violación a la independencia de poderes, sino un hecho de revictimización hacia las víctimas y familiares del conflicto armado.

3. El creciente proceso de militarización que conllevan las “políticas de seguridad” en El Salvador como respuesta al crimen organizado para restablecer el orden, está aumentado y legitimando la violencia hacia las mujeres, la niñez, adolescencia y juventud, especialmente a través de la violencia sexual, el abuso de poder y la represión. Las propuestas llamadas de “lucha contra la inseguridad”, sólo han servido para criminalizar y perseguir a las poblaciones más pobres, a los sectores más vulnerados y despojados de sus derechos.

4. Históricamente la militarización ha sido sinónimo de persecución, violencia sistemática y dirigida, disciplinamiento a través del miedo y desprotección a manos de las fuerzas represivas del Estado machista y capitalista, donde las mujeres somos el principal objetivo junto a los otros cuerpos que vivimos en los márgenes de las políticas heteronormativas, racistas, clasistas y patriarcales, como es el caso de personas LGTBI, juventudes, población indígena y afrodescendientes, entre otros y otras.

5. La utilización de recursos religiosos para legitimar el abuso de poder, denotan una clara violación al Estado laico. Siendo lamentable que su discurso y práctica esté basada en simbolismos que conllevan retrocesos en materia de derechos humanos.

6. El llamado a la insurrección sin fundamentos por parte del Presidente de la República, pues no ha existido un peligro de ruptura del orden constitucional, implica un enorme peligro a la democracia y a la cohesión social ya que puede llegar a enfrentar a la población civil entre sí. El derecho a la insurrección es de la población y no de gobernantes, por lo que el llamado del presidente Bukele se puede interpretar como un despojo del último recurso que tenemos como ciudadanía para restablecer la paz.

Por lo que hacemos un llamado:

• Al presidente electo democráticamente, Nayib Bukele, para que rectifique su accionar cumpliendo con los mecanismos que garantizan el Estado de derecho que tanto ha costado a este país.

• A la Corte Suprema de Justicia que a la brevedad posible pueda pronunciarse para garantizar el Estado de derecho.

• A la Asamblea Legislativa y al ejecutivo para que inicien un proceso real de consulta con los diferentes sectores de la población para el desarrollo de una política pública de seguridad y legislen para garantizar la construcción de una cultura de paz y cohesión social, asegurando el respeto a la diversidad desde una perspectiva de género.

• A todos los órganos del Estado para que respeten los principios de laicidad contemplados en la Constitución de la República.

• A toda la población salvadoreña para que rescatemos de nuestra memoria colectiva las consecuencias y el sufrimiento que ha conllevado el enfrentamiento social para garantizar que no se vuelva a repetir uniéndonos en contra de la militarización del Estado.