Diversos estudios en la región concluyen que los procesos migratorios son históricos y crecientes, y en la región de América Latina y el Caribe la migración ha tenido al menos dos prioridades, una relacionada con las necesidades materiales, y otra, vinculada a situaciones de violencias generalizada, que hacen huir a mujeres y hombres en busca de mejores condiciones de vida. No cabe duda que, ambas prioridades se desarrollan en contextos de profunda desigualdad social, económica y política, así como la carente y ausente garantía de los derechos humanos por parte de los Estados. 

En esos escenarios de precariedad humana la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), ha identificado que la experiencia migratoria de mujeres y niñas está llena de violencias machistas, relacionadas a cuestiones estructurales, socioculturales y políticas que, alimentan el poder de la masculinidad hegemónica y patriarcal. En este sentido, las mujeres y niñas cargan y cruzan fronteras con esas violencias en un continuum en sus experiencias vitales.

En los contextos migratorios las mujeres y niñas también son asesinadas producto de la violencia patriarcal. Entre el 1ero de enero de 2022 y el 31 de enero de 2023, se registran 16 mujeres nicaragüenses asesinadas en el extranjero. 11 casos en el 2022 y 5 casos sólo en el primer mes de este año. 

Al analizar estas violencias es importante también considerar los lugares de destino y las condiciones de vulnerabilidad que ellas experimentan. Marcela Tapia (2011), historiadora y especialista en temas de migración, señala que “la violencia machista no ocurre en el vacío, sino que, está relacionada con la pérdida de control y dominio de hombres con quienes ellas establecen vínculos afectivos”. En su trabajo investigativo ha develado que la migración ha funcionado como una estrategia de fuga ante la violencia machista; pero que, así mismo: una vez que las mujeres migrantes se han establecido en el lugar de destino y cuentan con un trabajo remunerado fuera del hogar, éste se ve como una amenaza a la jerarquía de género y por tanto a su seguridad vital.

Las mujeres migrantes han sido consideradas como personas sin Estado, careciendo de total protección desde la óptica de Homi Bhabha (2013), “mayorías que constituyen paradójicamente las minorías ignoradas”. La investigadora mexicana Julia Monárrez (2019), enuncia que las mujeres asesinadas por femicidio son cruelmente victimizadas e ignoradas por las instituciones estatales, y que su desaparición y muerte deben llamar nuestra atención no solo a los espacios geográficos donde suceden esos crímenes, sino, como esos crímenes femicidas se reproducen una y otra vez la transmisión bárbara de la crueldad.

Monárrez (2019) afirma que son crímenes que muestran el imperativo dominio patriarcal, en los que se asesina no sólo el cuerpo biológico de las mujeres, sino también, lo que ha significado en la construcción cultural de esos cuerpos, con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado. En este sentido, y teniendo en cuenta los argumentos de Monárrez, las publicaciones de los femicidios en diferentes medios de comunicación exhiben el dominio y control patriarcal desde un show sensacionalista y obsceno de la crueldad, pero también, desde una constante e intensa advertencia de inseguridad que es dirigida hacia los cuerpos femeninos que intenten atentar o desobedecer los mandatos de la masculinidad hegemónica y patriarcal.

Los medios de comunicación tradicionales, en sus publicaciones no ofrecen información respecto de las complejidades de los femicidios. No hay abordajes especializados que permitan comprender cómo, las condiciones de desarraigo cultural, social y afectivo en el contexto de la migración sitúan a las mujeres desde múltiples opresiones, que las subordina a una serie de abusos, codependencias y otras expresiones de las violencias machistas, que destruyen su condición de humanas. 

Los femicidios de las nicaragüenses: Zeneida del Carmen, María Fernanda, Heysell Nohemí, Esterling Isamer, Grethel y María de los Ángeles, mujeres que migraron para encontrar mejores opciones para ellas, sus hijos/as y sus familias, fueron el final de una larga experiencia de abuso por parte de sus parejas o exparejas, quienes desde el uso de la fuerza masculina y el control sobre las armas acabaron con sus vidas. Según Sonia Herrera (2013), acabar con la vida de las mujeres responde a categorías que sostiene el patriarcado, como el capitalismo y la objetualización de sus cuerpos. En este caso a las migrantes la violencia las han acompañado en sus cruces de fronteras, y las han objetualizado y negando su condición de humanas, estas experiencias no solo las objetualiza, sino que, las vuelve “seres utilizables, invisibles y legítimamente violables, e incluso eliminables” (Morales & otros, 2016).

Estas mujeres migrantes nicaragüenses no solamente han sido las víctimas idóneas de hombres cercanos, sino de desconocidos que definen la vida y la muerte de ellas. Jennifer de los Ángeles, Amparo, Sara, Rachell Mariana, Yamilet del Carmen, Irene y María Auxiliadora: son las siete mujeres nicaragüenses radicadas en Costa Rica, Guatemala y Panamá, que no conocían a sus depredadores; pero que ellos, desde su poderío y organización criminal se apropiaron de su humanidad y dignidad corporal al asesinarlas, una violencia que para Marcela Lagarde (1991), no sólo se imprime sobre esos cuerpos, sino sobre la experiencia vital de todas las mujeres y niñas, una sumisión que para la autora, está caracterizada por modos de opresión totalmente invisibilizados, aceptados institucional y culturalmente, que generan la privación de libertad y vida de las mujeres. 

En cada uno de los relatos de los femicidios de las 16 mujeres nicaragüenses migrantes, es posible advertir su vitalidad y fortalezas en la mejora de sus vidas, sin embargo, la construcción desigual de su institucionalidad como mujeres no logró superar las subalternidades imprimidas por el poder de lo masculino que irrumpió con tal violencia que logró finalmente devastar sus mundos, no obstante, en cada uno de los casos de femicidios de las mujeres migrantes siguen habiendo otras mujeres, amigas y familiares, que reclaman justicia frente a la impunidad con la que operan los femicidas y la pasividad de los Estados en las respuestas no solo de la sanción y castigo, sino de la prevención y transformación real y efectiva de los sistemas de garantías, pero también, es pertinente señalar que, más allá de la complejidad de la violencia machista, estos reclamos y demandas son parte de los miedos compartidos que tenemos todas las mujeres frente a las sentencias del sistema patriarcal.

Es urgente garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia alejada de esa continuidad de riesgos, miedos y duelos, porque presuntamente desafiaron el orden patriarcal e intentaron escapar de los cautiverios que les fueron construidos y asignados (Lagarde, 2016), como les sucedió a las 16 mujeres nicaragüenses migrantes, quienes en su intento de acceder a su propio poder fueron violentadas y fragmentadas por la acción de quienes decidieron desde la injusticia absoluta, que sus vidas no les pertenecían, arrebatando con disparos, heridas, asfixias y ahorcamientos lo sagrado de sus humanidades, y “desacralizándola como el resultado final de esa herencia patriarcal histórica, ostentada como legitima por los femicidas” Monárrez (2019).