El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, a través de un comunicado que fue publicado este martes en su cuenta de Twitter, una profunda preocupación por el proceso penal que sigue en contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra. 

Laparra fue condenada el pasado 16 de diciembre por abuso de autoridad a 4 años de cárcel, pena impuesta por la jueza del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Oly González. La exfiscal fue detenida el 23 de febrero de 2022 por denunciar al exjuez de Mayor Riesgo y ahora, Relator contra la tortura, Lesther Castellanos. 

Virginia Laparra denunció en octubre de 2018 ante la Junta de Disciplina Judicial a Castellanos por trasladar información a sujetos que no eran parte del proceso. Las denuncias fueron administrativas, es decir, en el ámbito ético.

El comunicado de las Expertas de la OEA advirtió las irregularidades durante el proceso penal y las condiciones precarias en las que se encuentra detenida la exfiscal, según información que fue proporcionada a las expertas por parte de organizaciones de la sociedad civil en Guatemala y organizaciones internacionales. 

El Comité de Expertas de la OEA señaló en el comunicado que “estos hechos suponen una grave violación a sus derechos y además comprometen la responsabilidad del Estado guatemalteco en virtud de la Convención de Belén do Pará y de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de las mujeres”.

También expresó preocupación por la salud e integridad de Virginia Laparra, y le recordó al Estado de Guatemala que debe garantizar la debida atención médica para la fiscal. Además, recomendó a las autoridades evaluar las condiciones en las que se encuentra detenida la exfiscal para corregir y tomar las medidas necesarias.

El comunicado señaló que tuvo información que la causa principal del proceso penal contra Laparra fue el trabajo que desempeñó al frente de la FECI en Quetzaltenango. La exfiscal asumió el puesto en el 2016 durante el periodo en el que estaba en el país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que el comité ve que existe falta de independencia judicial.  Además, resaltó que hubo manifestaciones de violencia contra la exfiscal y sus abogadas defensoras que podrían suponer actos de violencia contra la mujer y discriminación. 

El Comité indicó que tuvo comunicación con el Estado de Guatemala que indicó que los temas habían sido adecuadamente tratados, pero que dicha información contradecía “la abundante información recibida sobre los hechos denunciados” finalizó el comunicado. El Comité tuvo la comunicación a través de la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MISECVI), que se activa para la correcta implementación de prevención y erradicación contra la violencia de la mujer. 

El representante de Alianza por las Reformas que aglutina a cerca de 40 organizaciones y colectivos, José Martínez, indicó que ve importante que organismos internacionales estén al tanto del caso y conozcan la situación de personas que lucharon contra la corrupción y que están siendo perseguidas como en el caso de Virginia Laparra.

Además, resaltó que el comunicado de las expertas de la OEA pone de cara al mundo el accionar de los representantes del Estado de Guatemala y evidencia la falta de un Estado de derecho en el país.

El entrevistado concluyó que el Estado de Guatemala podría afrontar procesos internacionales ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por los abusos cometidos contra Virginia Laparra.