La Corte Suprema de Justicia de Colombia nombró a la exjefa de investigaciones de la CICIG, Luz Adriana Camargo, como fiscal general de la República. Camargo también enfrenta una denuncia del actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.

Por Prensa Comunitaria

La Corte Suprema de Justicia de Colombia nombró a la exjefa de Investigaciones y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Luz Adriana Camargo, como fiscal general de la República. Según reportes de medios de ese país, llegará en reemplazo de Francisco Barbosa.

Camargo obtuvo el voto de 18 de los 23 magistrados que participaron en la elección de la titular del ente investigador colombiano. La Fiscalía General es la encargada de dirigir las investigaciones penales y presentar las acusaciones ante jueces y tribunales.

El nombramiento fue por cuatro años y llegará a ese puesto en medio de enfrentamientos entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro, algo similar a lo que ocurre en nuestro país entre Consuelo Porras y Bernardo Arévalo.

La abogada y ahora jefa de la Fiscalía colombiana fue parte de la desaparecida CICIG, en donde dirigió, de 2013 a 2019, las investigaciones por corrupción que se estaban trabajando con la FECI de Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio.

“El sistema corrupto de Guatemala la criminalizó y no reconoce su gran trabajo en la lucha contra la corrupción en CICIG. Que buen nombramiento en Colombia”, escribió el exfiscal Sandoval en su red social “X”.

Entre fiscales criminalizados por Curruchiche

La recién nombrada fiscal general de Colombia es parte del grupo de operadores de justicia y extrabajadores de la CICIG que están siendo criminalizados por Guatemala, después de haber investigado el proceso de corrupción conocido como Odebrecht, que llevó a prisión a Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, y otros políticos.

En 2023, el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, anunció una investigación contra Camargo y el actual ministro colombiano Iván Velásquez. Anuncio que provocó un altercado diplomático entre Guatemala y Colombia.

En ese caso de “criminalización” contra operadores de justicia, varios de ellos en el exilio, se les señala de supuestas irregularidades en la aprobación de acuerdos de colaboración eficaz de directivos de la empresa brasileña.

Actualmente Curruchiche, quien presentó ese caso, enfrenta una sanción internacional por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por sus acciones de persecución contra operadores de justicia, periodistas y activistas.

Acá otra nota que puedes leer:

https://prensacomunitaria.org/2023/02/caso-odebrecht-una-revancha-politica-en-guatemala-y-colombia/