San José, 28 de febrero del 2018.- Mañana, 1 de marzo, se iniciará, 37 años después de ocurridos los hechos, el proceso en contra de 5 militares guatemaltecos de alto rango acusados de graves violaciones de derechos humanos contra la familia Molina Theissen. Esta oportunidad histórica ha sido posible, en gran medida, por la lucha incansable de la familia de Marco Antonio, tanto de sus hermanas Emma Guadalupe, Ana Lucrecia, María Eugenia, como de sus padres Emma y Carlos, por conocer la verdad de lo ocurrido.

El 27 de septiembre de 1981, a los 21 años, Emma Guadalupe fue secuestrada y torturada física, sexual y sicológicamente por miembros del Ejército guatemalteco. En represalia por su huida —tras estar incomunicada y privada de agua y comida por 9 días— las Fuerzas Armadas fueron hasta su casa y secuestraron a Marco Antonio, que tenía sólo 14 años.

El proceso que se iniciará mañana es un avance para alcanzar la justicia por las violaciones de derechos humanos de las que la familia fue víctima y que marcaron su proyecto de vida para siempre. Todos estos años han estado marcados por amenazas, hostigamiento, campañas de odio y estrategias dilatorias, por lo que el debate de fondo constituye un paso enorme, que reafirma la lucha que la familia Molina Theissen ha mantenido sin descanso y contribuye a la no repetición de estas graves violaciones.

En el 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la desaparición forzada de Marco Antonio. En su sentencia de reparaciones, la Corte IDH ordenó que se llevara adelante un proceso para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de estos hechos. Asimismo, ordenó al Estado buscar y entregar los restos de Marco Antonio a su familia, como parte de las reparaciones.

Como representantes de la familia en el proceso ante el Sistema Interamericano,  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  (CEJIL) exhorta al Estado a que garantice las condiciones para que el proceso se adelante ajustado a derecho, en un ambiente seguro para todas las personas involucradas y que no resulte revictimizante para la familia. Conocer la verdad es un derecho no solo de la familia, sino de la sociedad guatemalteca en su conjunto y es condición para la construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de la convivencia democrática.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a seguir de cerca el proceso y velar que éste garantice los derechos de la familia y el acceso a la justicia, expectativa de miles de personas, que esperan alcanzar la paz de la mano de la justicia.

Esperamos que esta nueva oportunidad abra camino para la construcción de un país sensible de su historia, dispuesto a construir un porvenir más justo y respetuoso de la dignidad de todas las personas.