El juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana resolvió enviar a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Samari Gómez a juicio. Se le acusa de haber revelado información confidencial sobre un caso al periodista José Rubén Zamora.

El 12 de diciembre, Samari Gómez fue trasladada por el Sistema Penitenciario a Torre de Tribunales, sin haber sido notificada con anterioridad. Ese día, se pretendía celebrar la audiencia de la etapa intermedia de su caso. Sin embargo, fue suspendida por la ausencia de su abogado defensor, quien renunció.

La audiencia de etapa intermedia se realizó el lunes 19 de diciembre. La defensa de Gómez solicitó una medida sustitutiva, la cual le permitiría salir de prisión preventiva, pero esta fue rechazada por el juez Orellana. La FECI, entidad para la que la exfiscal laboraba y quien ahora la acusa, solicitó que fuera enviada a juicio por el delito de revelación de información confidencial o reservada.

Estos cargos son rechazados por la defensa.

El juez Orellana afirmó que existen los indicios necesarios para que Samari Gómez enfrente juicio. Fijó para el próximo jueves la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Durante ella se escucharán también aquellas relativas al juicio contra el periodista y dueño de El Periódico José Rubén Zamora. Durante la jornada, se decidirá también qué tribunal conocerá ambos casos.

El caso

Samari Gómez fue detenida en agosto. De manera simultánea se detuvo al periodista y presidente de ElPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, a quien se le acusa por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Ambos fueron enviados a prisión preventiva. 

El juez Freddy Orellana decidió enviar a Zamora Marroquín a juicio el 8 de diciembre. Durante la audiencia de etapa intermedia, su abogado defensor, Juan Francisco Solórzano Foppa solicitó que se cambiara el delito de lavado de dinero y otros activos por el de lavado de dinero en grado de tentativa debido a que el delito no fue consumado, pero el juez no lo aceptó.

Ligado a este caso se encuentra también el de Flora Silva, exgerente de ElPeriódico, quien fue también acusada de lavado de dinero y otros activos y sometida a prisión preventiva. Silva decidió aceptar las culpas, lo que equivaldría a tres años de prisión, una multa de Q150 mil y la reparación de Q30 mil. Después de pagar ambas cifras y cancelar la pena conmutable a razón de Q5 diarios (Q5 mil 475), fue puesta en libertad. 

La persecusión

Samari Gómez no es la única operadora de justicia que ha enfrentado un proceso judicial. El 16 de diciembre, Virginia Laparra, exfiscal de la FECI, fue sentenciada a 4 años de prisión conmutables. Se le declaró culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada, tras haber presentado, en 2018, una serie de denuncias contra el entonces juez de Mayor Riesgo Lesther Castellanos. 

Otras operadoras de justicia han sido obligadas a salir al exilio. Entre ellas se encuentra la exjueza Erika Aifán, quien salió de Guatemala en marzo después de que se presentaran múltiples acciones legales con el objetivo de destituirla de su cargo. Las magistradas Claudia Escobar y Gloria Porras también fueron obligadas a tomar la misma medida, así como la jueza Claudette Domínguez.