El colectivo a favor de las niñas y adolescentes Mesa Niña publicó el Estudio de Inversión Pública dirigida a Niñas y Adolescentes en Guatemala durante 2020 a 2022, en el que detalló los montos y asignación presupuestaria para las niñas y adolescentes, expuso la precaria inversión en este sector de la población.

Por Violeta Cetino

El estudio de Mesa Niña tiene como objetivo determinar los montos, las brechas y el destino de las asignaciones presupuestales totales y por niveles de gobierno de los años 2020 a 2022 en Guatemala, dirigidos para el cumplimiento de los derechos de la niñez bajo una perspectiva de género; así como analizar los retos que supone esta inversión para lograr el goce efectivo de los derechos de niñas y adolescentes con base a sus necesidades específicas.

De acuerdo con los datos encontrados, el presupuesto devengado del Gobierno Central en esos años liderado por Alejandro Giammattei, ascendió a los Q128.5 millardos, mientras que el asociado a la  niñez y adolescencia fue de Q27.3 millardos y el específico para niñas y adolescentes, Q17.6 millardos. 

Pero para comprender estas sumas expresadas en términos nominales, es más oportuno exponerlas como proporciones de ciertas variables. Por ejemplo, de cada Q100, únicamente dos centavos y medio se destinaron para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.

Este dato colocó en gran desventaja a las niñas y adolescentes: respecto a la desnutrición infantil aguda en niñas y niños de 5 años el porcentaje fue de 42.2% a 42.3%. El estudio citó una investigación realizada por la Fundación Esfuerzo y Prosperidad, del 2022; esta contabilizó un total de 1,890 niñas y niños menores de cinco años con desnutrición aguda solo en el departamento de Guatemala. Sin embargo en el interior del país los municipios con una mayor tasa de desnutrición aguda fueron Malacatán, San Marcos, con 46 de cada mil niñas, una situación vinculada al limitado acceso al agua potable. 

En Escuintla la tasa de niñas con desnutrición aguda fue de 39 por cada mil niñas, asociada al desvío de ríos por parte de las industrias locales. En Izabal existe una alta tasa de desnutrición aguda debido a las inundaciones y el desvío de ríos para preservar el cultivo de la palma africana.

Salud sexual y reproductiva y contagios con VIH

Los costos que pagan las niñas y adolescentes por la desatención con motivo de la pandemia no se limitan a enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Para 2022, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), hubo un incremento significativo de los casos de VIH en niñas y adolescentes en Guatemala. 

Entre 2018 y 2020 hubo una leve disminución de estos casos, en la primera infancia, con un total de 41 casos en 2018 y 11 en 2020. Pero en 2021 aumentó a 18 y el año siguiente se contabilizaron en todo el país 91 casos de VIH en niñas de 0 a 5 años de edad. 

Similar destino corrieron las niñas de 7 a 12 años y adolescentes de 15 a 19 años, pues de acuerdo con el estudio, el incremento fue mucho más brusco, pues para 2018 se detectaron 33 casos y 29 en 2020 sin cambios estadísticamente notorios. No obstante, para 2021 se registraron 36 casos y en 2022 un total de 153 adolescentes mujeres detectadas como VIH positivas, “esto supone un incremento del 325% respecto 2021”, citó el estudio.

¿Cuántos recursos destina el Estado para Niñas y Adolescentes?

Los datos anteriormente citados por el estudio de inversión pública ponen de manifiesto la situación a la que son obligadas a enfrentarse las niñas y adolescentes en Guatemala, por lo que consideró necesario identificar cuánto invierte el Estado en garantizar el bienestar de ellas.

Una de las formas para lograrlo fue dividir el presupuesto devengado para niñas y adolescentes dentro del total de ellas, utilizando para ellos las proyecciones de población calculadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los resultados de este ejercicio indicaron que para 2020 el Estado destinó cada día para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y adolescentes Q14.22; Q13.19 para 2021 y Q14.17 en 2022. “En otras palabras, entre 2020 a 2022 el Estado de Guatemala no incrementó el presupuesto devengado per cápita por día para este grupo poblacional”, indicó el estudio.

El estudio enfatizó que entre los años 2021 y 2022 el Congreso de la República aprobó para las niñas y adolescentes un total de Q38.9 millardos, pero el Ejecutivo los redujo a Q36.9 millardos. Esto dio lugar a una pérdida para las niñas y adolescentes de Q2.0 millardos, mismos que aunados a los “no ejecutados” suman una pérdida total de Q5.9 millardos, que de acuerdo al estudio, “bien pudieron utilizarse en el cumplimiento de los derechos humanos para ellas, pero por decisiones del Gabinete de Gobierno, así como por la ineficiencia en el uso de los recursos no se pudieron materializar. Con estos hechos el Gobierno de la República demostró su poco compromiso hacia las niñas y adolescentes”, detalló. 

Para garantizar el goce pleno de los derechos humanos de las niñas y adolescentes, es necesario contar con los servicios de profesionales de la pedagogía, psicología y medicina, entre otros. El estudio reconoció que también es necesario el equipamiento e infraestructura, “y este grupo de gasto durante los tres años analizados en promedio fue del 1.2%, es decir Q206.3 millones de un presupuesto total de Q17.2 millardos anuales (promedio)”, indicó.

¿Qué esperar del nuevo Gobierno?

Dentro de las recomendaciones realizadas por el estudio destacó el llamado a las nuevas autoridades de Gobierno para que en los primeros 45 días de su gestión, sus equipos de trabajo realicen un análisis de brechas de cobertura sobre el cumplimiento de los derechos humanos para niñas y adolescentes. Esto permitiría que las normas de formulación del presupuesto 2025 incluyan como propósito el cierre de estas. 

Además, les recomendó mantener como prioridad la asignación de cuotas presupuestarias a aquellos programas donde las niñas y adolescentes figuren como principales beneficiarias.

A la Vicepresidencia de la República, de acuerdo con el mandato constitucional de presidir órganos de asesoría del Ejecutivo que establecen leyes específicas, recomendó priorizar dentro del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS), en el Gabinete Específico de Desarrollo Económico, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; “que los programas relacionados con las niñas y adolescentes tengan de manera suficiente y sostenible los recursos: materiales, humanos y financieros para que estos puedan funcionar de manera eficiente, efectiva y transparente”, puntualizó.