Estado incumplió con el informe ante la ONU sobre condición de Virginia Laparra
Foto: Prensa Comunitaria
El seis de diciembre el Estado debía responder cinco preguntas realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el caso de la exfiscal anticorrupción, quien sigue en prisión desde febrero del 2022.
Por Alexander Valdéz
El equipo legal de la exfiscal anticorrupción y abogada, Virginia Laparra, informó que el 6 de diciembre venció el plazo para que el Estado de Guatemala rindiera un informe sobre su detención arbitraria.
El informe lo debe realizar la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y explicar acerca de la condición en la que se encuentra Laparra.
Hasta ahora, se desconoce la respuesta que envió el Estado, pero el grupo de trabajo había pedido proporcionar, en un plazo de seis meses, la información sobre las medidas adoptadas respecto de las recomendaciones realizadas en el caso de la exfiscal, detenida desde febrero de 2022.
¿Qué debió responder el Estado?
¿Si se ha puesto en libertad a la Sra. Laparra Rivas? de ser así en ¿qué fecha?
¿Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Laparra Rivas?
¿Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Laparra Rivas y, de ser así, el resultado de la investigación?
¿Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Guatemala con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión?
¿Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión”?, es lo que debió responder el Estado
El grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos está integrado por cinco expertos independientes que investigan conjuntamente casos individuales y elaboran informes y opiniones. Se reúnen tres veces al año en Ginebra, envían llamados urgentes a los gobiernos, realizan misiones sobre terreno y presentan un informe anual al Consejo de Derechos Humanos.
La solicitud con recomendaciones para liberar a la exfiscal se hizo en mayo de este año. En su informe señala que la privación de libertad de la exfiscal no solo es arbitraria sino que contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Transcurridos los seis meses de dicho informe, el Estado no cumplió con la recomendación de liberación de la exfiscal, quien sigue en prisión preventiva en la cárcel de Matamoros.
Una presa de conciencia
La exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, encabezó casos de corrupción contra funcionarios, políticos, empresarios y narcotraficantes. En la actualidad está en prisión por denuncias de las personas que figuraron como señaladas de acciones corruptas en el país.
Laparra fue detenida en febrero de 2022, ha pasado más de 22 meses en prisión preventiva. En uno de los casos fue condenada a cuatro años de prisión conmutables, pena que aún no está firme. En este caso se le acusó de abuso de autoridad en forma continuada por haber denunciado al juez Lester Castellanos, de posible filtración de información.
En un segundo caso, la Fiscalía de Asuntos Internos la acusó de filtración de información confidencial, en ese proceso tiene pendiente iniciar un segundo juicio. Aunque obtuvo libertad condicional, no ha podido salir de prisión.
El pasado 1 de diciembre, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a la defensa de la exfiscal anticorrupción, que la audiencia programada para el 4 de diciembre no se llevará a cabo. Fue la segunda ocasión en la que la diligencia no se realizó y se aplazó para una nueva fecha.
Hasta el momento no se ha notificado a las abogadas de la defensa, la nueva fecha en la que se realizará la audiencia de solicitud de medidas sustitutivas para la exfiscal, esto por el primer caso que la mantiene encarcelada.
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Una cacería de exfiscales
En la gestión de Consuelo Porras, la mayoría de casos que se presentaron en su primer periodo y el segundo que está en curso, los procesos de corrupción pasaron a un segundo plano. En cambio, las denuncias que presentaron actores condenados o sindicados en diferentes casos contra exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) u operadores de justicia, avanzaron y varios de ellos han sido llevados a prisión.
A la fecha, fiscales como Laparra y Stuardo Campo, ambos investigaron grandes hechos de corrupción, permanecen en prisión preventiva por casos iniciados en la Fiscalía de Asuntos Internos.