En el marco del estado de sitio por los conflictos territoriales entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán se han realizado distintos allanamientos y detenciones ilegales en distintas áreas de ambos territorios a cargo de agentes militares y policiales del Estado.

 El pasado fin de semana del 30 y 31 de mayo, se realizaron distintos allanamientos y detenciones a líderes comunitarios en los territorios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. A la fecha, ya se ha liberado por falta de mérito a algunos pobladores, como Manuela Alejandra Pop Tuy y su esposo Baldomero Cos Có; sin embargo, aún se encuentra detenida Ana Guarchaj Tun de Chox de 39 años de edad y su esposo Estanislao Esquipulas Chox de 42 años de edad a quienes según datos de la PNC, se les incautó Q40 mil, 33 municiones para fusil y 6 celulares.

Según una conversación entre Ana Guarchaj y la abogada defensora del Bufete de Pueblos Indígenas, Geraldina López Rosales, el allanamiento duró más de cinco horas, en las que en lugar de realizar el registro correspondiente a un allanamiento legal, los agentes policiales y del ejército, destrozaron la vivienda en su interior tirando todas las pertenencias de la pareja. El delito por el cual Ana y su esposo son inculpados, es “encubrimiento propio”. Cabe destacar que Ana es parte de la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer Alanel y su esposo del comité que custodia el título y documento ancestral de Santa Catarina Ixtahuacán, lo que los hace personas perseguida por su defensoría del territorio.

Una de las irregularidades de la detención, es que Ana Guarchaj fue trasladada de Sololá a una carceleta en Chimaltenango, lo cual no debió ser así, pues tenía que ser movilizada a una dentro de su localidad. La justificación de las autoridades para trasladarla de Sololá a Chimaltenango fue la seguridad e integridad de Ana, pues al ser su localidad Ixtahuacán, dentro de la carceleta de Panajachel podrían haberse generado conflictos entre las otras personas arrestadas de Nahualá, por los enfrentamientos entre los dos pueblos, comenta la abogada defensora.

La audiencia estaba agendada para este 5 de junio, sin embargo el juez informó que el Sistema Penitenciario no ha enviado los oficios correspondientes para trasladar a Ana y a su esposo a Sololá y llevar a cabo la audiencia en el territorio de su localidad, lo que lo llevó a dar un lapso de 24 horas para enviar los mismos. La institución informó a través de una circular al Ministerio Público, que desde el 1 de junio no será posible el traslado de reos bajo ninguna circunstancia por las altas probabilidades de contagio dentro de las carceletas y prisiones. El Bufete de Pueblos Indígenas y el juez encargado del caso, están a la espera de que se pueda movilizar a Ana y a su esposo para que estén cerca del juzgado y se pueda realizar la audiencia sin complicaciones, o bien que la audiencia se lleve a cabo en Chimaltenango por aviso del juez de paz en Sololá, a cargo de otro juez de su mismo rango.  Colectivos comunitarios como IM Defensoras, continúan exigiendo su liberación pues aseguran que ella no ha cometido ningún delito, y consideran que la suspensión de la audiencia puede tratarse de “una maniobra dilatoria para prolongar el proceso y su criminalización”.