Además de proveer cuidados, alimentos y medicinas, las auxiliares de enfermería ofrecen apoyo emocional y psicológico a los pacientes. Lamentablemente, esta importante actividad es realizada en medio de numerosas carencias y violaciones a sus derechos laborales.

Por Jasmin López 

Las enfermeras auxiliares son la columna vertebral del sistema de salud público, conforman la mayor parte de la fuerza laboral en la red hospitalaria. En Guatemala, representan el 55% del personal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ellas proveen la mayor parte de los cuidados que necesitan las y los enfermos. Son quienes más se involucran con las y los pacientes, se encargan de darle seguimiento a los tratamientos prescritos y administrar los medicamentos, llevar el control prenatal de las embarazadas, los cuidados posparto para las madres y para los recién nacidos; limpian, bañan, y alimentan a los pacientes e informan a las y los doctores de la evolución de estos. 

Pero sus funciones no terminan ahí. María Cetino, auxiliar de enfermería que trabaja en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, refirió que gran parte del trabajo de las enfermeras consiste en ofrecer apoyo emocional a las y los pacientes, escuchándolos, animándolos y manteniendo un entorno de tranquilidad y seguridad, el cual es indispensable para su recuperación. Con frecuencia son quienes acompañan a las y los enfermos terminales en sus últimos momentos. Este tipo de situaciones, al igual que atender a adultas, adultos e infantes que sufren amputaciones o son sobrevivientes de violencia física y sexual, impactan fuertemente en la salud mental de las trabajadoras.

En las comunidades rurales, las auxiliares de enfermería juegan un papel central en la construcción de vínculos entre los pobladores y el personal de salud. De ellas depende en gran medida que los programas del MSPAS se apliquen con éxito, pues son ellas quienes convencen a las personas de que acepten los tratamientos, vacunen a los bebés o les den el alimento fortificado a niñas y niños.

Vocación en época de pandemia

Rosy Espina relató que el trabajo de las enfermeras auxiliares durante la pandemia de Covid-19 fue extenuante y devastador, tanto física como emocionalmente.  “Teníamos que trabajar 24 horas, encerradas”, dijo. Añadió que en algunas instalaciones ni siquiera había baños y las salas estaban sobrecargadas.

Fuera del ámbito laboral, las enfermeras fueron discriminadas por su cercanía con los enfermos de Covid.  “La gente se nos alejaba o no nos visitaba. En los buses también nos discriminaban en ese sentido, solo por trabajar en el área hospitalaria”. A todo esto se sumó la angustia por el riesgo de contagiarse ellas mismas y a sus familiares. Rosy contrajo coronavirus, lo que derivó después en un neumonía que puso su vida en riesgo. Muchas de sus compañeras quedaron con problemas cardíacos, circulatorios o respiratorios después de haberse contagiado en el ejercicio de su labor.

Roxana Olivares, auxiliar de enfermería, describió ese período como traumático y angustioso. Lo peor para ella fue el terror constante de transmitirle el virus a su bebé, que en ese entonces tenía dos años, y a sus padres, ambos personas de la tercera edad. “Lamentablemente mi hija mayor y mi mamá se contagiaron, al igual que mi papá. Mi papá falleció por Covid”, contó. 

Enfermeras exigen dignificación de su trabajo

Como casi todas las actividades realizadas mayoritariamente por mujeres, la enfermería es un trabajo altamente precarizado e infravalorado. En el MSPAS las auxiliares de enfermería laboran en turnos que se extienden hasta las 48 horas, miles de ellas bajo contratos que no ofrecen prestaciones laborales y sin insumos suficientes para realizar adecuadamente su trabajo, por lo que en ocasiones tienen que suplirlos ellas mismas con sus propios recursos, además de hacer tareas fuera de sus funciones debido a la falta de personal.

Dora Regina Lara, secretaria general adjunta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería de Guatemala y Multidisciplinario (SINTEYM), refirió que las enfermeras auxiliares tienen el salario más bajo en el sector de la salud pública. El sueldo mínimo  para un auxiliar de enfermería es de Q1 mil 302.00, el cual está muy por debajo del fijado por el Ministerio de Trabajo, que es de Q3 mil 384.59 para la capital, y de Q3 mil 227.82 para los departamentos. Al no existir un salario base, este varía de departamento a departamento, y, de acuerdo con datos del SINTEYM, 14 mil 806 enfermeras auxiliares no reciben prestaciones.

Lara explicó que las enfermeras tienen que reponer con su propio dinero los objetos extraviados propiedad de los hospitales, pagar materiales que tendría que proporcionar el MSPAS, como fotocopias de los programas de salud, o equipo de protección (gel, mascarillas, guantes) durante la pandemia de COVID-19, así como gastos de alimentación y transporte para dar seguimiento al cuidado ambulatorio de los pacientes en lugares alejados.

Las auxiliares de enfermería tienen que viajar largas distancias en las áreas rurales para localizar a los pacientes, casi siempre a pie, cargando equipo pesado o que requiere ser conservado en condiciones especiales, lo que las expone a múltiples peligros. Lara informó de casos en los que hombres han violado a enfermeras en este trayecto.  

En muchos hospitales y centros de salud, las enfermeras carecen de lugares adecuados para alimentarse, descansar y asearse. Rosy Espina, enfermera auxiliar con más de 35 años de servicio, denunció que la cafetería del Hospital Nacional de Jutiapa, donde ella trabaja, fue convertida en una bodega, por lo que el personal de enfermería ya no cuenta con un espacio donde tomar sus alimentos.

Acoso sexual, abuso de autoridad, maltrato verbal por parte de doctores, doctoras y pacientes, y que sus opiniones sean ignoradas son otras violencias que las auxiliares entrevistadas aseguraron haber sufrido en su trabajo.

El miércoles 11 de julio, el SINTEYM se reunió con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, con el propósito de exigir que se respeten los derechos laborales de este sector. Entre sus demandas están la aprobación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegería a los y las empleadas del acoso y violencia física, psicológica, económica y sexual en el trabajo (legislación especialmente urgente pues la gran mayoría de víctimas de violencia sexual son mujeres y, además, no existen en Guatemala leyes específicas que castiguen estas violencias en el ámbito laboral); el establecimiento de un salario base acorde con la ley y que se conceda una bonificación como reconocimiento por su labor.