Por Alejandra Sarti

2019 está por finalizar, la tragedia de 56 niñas, bajo la protección del Estado de Guatemala sigue en la impunidad. Durante dos años y nueve meses la justicia ha encontrado múltiples obstáculos, las audiencias se aplazan, los jueces que conocen el proceso penal son recusados por faltar a la objetividad como juzgadores y los sindicados utilizan distintos recursos para apartarse del proceso penal, en conclusión para las niñas sobrevivientes y para las familias de las niñas del Hogar Seguro esta batalla por la justicia sigue siendo gigantesca, mientras las heridas de este cruel crimen siguen estando abiertas y a muchas personas en el país les siguen doliendo las 56.

Para diciembre las familias y abogados querellantes del caso tenían previsto iniciar con avances esperanzadores para alcanzar justicia por las niñas víctimas del Caso Hogar Seguro. El día 4 y 5 de este mes el tercer grupo de sindicados continuarían con la audiencia de primera declaración, la cual se ha estado reprogramando desde mayo del año 2018, con ella suman más de 10 ocasiones en las que se suspende. En este grupo se encuentra Rocío Albany Murillo, exjueza de paz del municipio de San José Pínula; Rolando Miranda Navarro, secretario del mismo juzgado de paz, Ofelia Pérez, excoordinadora del área “Mi Hogar” y Crucy Flor López, monitora del Centro Correccional para menores “Gorriones”, que diferencia del Hogar Seguro este centro es para los niños que sí tienen problemas con la ley.

De nuevo la audiencia se programó para el 4 de diciembre a las 9:00 horas por el juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, llegado el día y la hora,  dos horas después, los sindicados y querellantes se encontraban a la espera en el corredor del juzgado, cuando el personal del juzgado indicó que no contaban con la sala disponible por lo que sería reprogramada para otra fecha.  Pasados unos minutos después, el juez Rodolfo Laynez observó a todos en el corredor he indicó que otra sala estaba disponible en el nivel 9 de la torre de tribunales, sin embargo, al llegar al lugar la sala estaba ocupada por otra audiencia que Laynez debía atender, por lo que la espera de dos horas se convirtió en cuatro.

La audiencia inició con la lectura de extensos folios con información de Rocío Murillo, esta lectura la hizo el fiscal Edgar Gómez del Ministerio Público (MP). La jueza de paz, Rocío Murillo debía presentarse el 7 de marzo de 2017 al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, para evaluar la situación de las menores y hacer cumplir el Derecho de Exhibición Personal, tal y como lo indica el artículo 263 de la Constitución, con el fin de que las menores dejaran de ser reprimidas y detenidas ilegalmente y fueran liberadas, pues no eran reclusas, sino menores bajo la protección del Estado, dentro del programa de “Protección Especial Residencial y Abrigo”, a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia.

La jueza de Pinula y el fatídico marzo

Rocío Murillo presentó un acta firmada por ella misma y por el secretario Rolando Miranda el 8 de marzo de 2017. En ella narraba lo que había vivido y observado el 7 y 8 de marzo de 2017 en las instalaciones del Hogar. Aseguraba que había llegado el 7 de marzo para hacer cumplir el Derecho de Exhibición Personal para las niñas, pero al llegar el ambiente era tenso, inclusive narra que tuvo que retirarse del lugar para proteger su integridad debido a que el gas lacrimógeno y gas pimienta usado por la Policía Nacional Civil (PNC) perjudicaban su salud.

El primer testimonio en ser leído fue el de Robin Ramiro Rafael Funez, oficial segundo del juzgado de paz de San José Pínula, quien indicó que el día 7 de marzo de 2017 ingresó al juzgado la solicitud de exhibición personal pero esta no fue atendida. Así mismo, Hector Francisco Obando Mojaras, oficial primero; el pasante, Julio Antonio Moreno Chámale y el auxiliar de mantenimiento, Cornelio Álvarez Rustrian, también brindaron su testimonio indicando lo mismo que Ramiro Rafael Funez. Los tres coincidieron al indicar que la jueza se presentó tarde al juzgado el 8 de marzo y que fue hasta las 9:00 de la mañana de ese día cuando se dirigieron al Hogar.

“La señora jueza Rocio Albany Murillo Martínez, nos convocó a una reunión a todos los empleados del juzgado y nos indicó que había problemas, los de supervisión de tribunales querían sancionarla por los hechos acontecidos y nos pidió la colaboración ya que de ello dependia su trabajo”, indicó Rafael Funez.

La jueza en mención, una dama elegante que regularmente llega a la audiencia con vestidos negros largos y gargantillas extravagantes de adornos y piedras grandes de colores que combinan con el color de sus zapatos, reía e introducía una paleta con forma de corazón a su boca cuando escuchaba el testimonio de sus ex compañeros del juzgado de paz de San José Pínula.

Todos los testimonios indicaban que el pasante Julio Antonio Moreno Chámale había ayudado al oficial Héctor Francisco Obando Mojaras a realizar el acta, pero la juez Rocío Murillo ordenó en diferentes ocasiones que la misma no podía ser firmada sino se modificaba como ella quería.

No era la primera vez que se cuestionaba el trabajo de la jueza

 “Quiero indicar que había muchas deficiencias en el trabajo de la jueza Rocío Murillo, ella siempre sugería cambios y mostraba su inconformidad, sin tomar en cuenta lo expresado por los demás”, se leyó en uno de los testimonios.

Adicionalmente, varios de los testigos se refirieron a la audiencia realizada el 7 de marzo en contra de Daria Dalia López Meda y Emily Guadalupe Del Cid Linares, dos adolescentes que fueron acusadas de cometer una falta al orden público, como un “procedimiento viciado” pues las menores fueron juzgadas sin contar con presencia del MP, ni abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN). El fiscal Edgar Gómez leyó el expediente en donde las autoridades de la Supervisión General de Tribunales le notificaban a Murillo, el 14 de marzo de 2017, que sería suspendida de sus labores sin derecho a salario, durante 20 días por esta acción la cual fue considerada como grave.

El turno de una de las monitoras del Hogar

Edgar Gómez cerró el folio y procedió a leer la información sobre Crucy Flor López, la monitora del Centro Preventivo para mujeres a quién se acusa de rociar a las niñas del Hogar  con gas pimienta.

Según información obtenida por el MP, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) el 23 de septiembre de 2017 adquirió 5 mil unidades de gas pimienta y este forma parte del equipo de trabajo de la Sub Secretaria de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal desde 2013, este tipo de arma fue usada incluso con las niñas que estaban bajo resguardo del Estado.  

Una de las monitoras del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (CEJUPRIM), testificó diciendo que se les había dado la orden superior de que se trasladaran al Hogar Seguro para brindar apoyo inmediato y que el gas pimienta fue entregado a ellas como un arma no letal en 2016, a pesar de ello, en agosto de ese mismo año se les notificó que tenían prohibido usarlo por respeto a los derechos humanos.

Entre las funciones de las monitoras de CEJUPRIM, que leyó el fiscal Edgar Gómez, se encuentra: guiar, cuidar y observar a las menores; velar por su seguridad y estado; informar irregularidades; ser ejemplo a seguir de las menores. Otra monitora testificó que el gas pimienta solo debe de ser usado en última instancia.

La audiencia finalizó con la lectura de expedientes de los cuatro sindicados, entonces el Juez Rodolfo Laynez indicó que la audiencia continuaría al día siguiente.

La audiencia del 5 de diciembre

El 5 de diciembre el juez Rodolfo Laynez llamó a Crucy Flor López y a Rolando Miranda al estrado para que declararan, pero ambos decidieron no hacerlo. Posteriormente solicitó la presencia de Ofelia Pérez, quién indicó que sí lo haría y se acercó para dar lectura a una elaborada declaración que llevaba impresa por lo que el juez interrumpió su discurso y le indicó que debía hacerlo sin leer.

Ofelia Pérez, excoordinadora del área“Mi Hogar” declaró que se encontraba en día de descanso cuando recibió la llamada de la coordinadora del grupo A y también de su superior Brenda Chamán, ambas le indicaban que hubo una riña y que las adolescentes habían lastimado a otras niñas y a las monitoras, por lo que compró ropa adecuada para llegar al lugar, cuando llegó encontró a los medios de comunicación, autoridades de PGN, Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), antimotines, agentes de la PNC y a las autoridades máximas de la SBS.

“Nos llamaron a todos al área administrativa y ahí estaba reunido todo el personal de la SBS, PGN, PDH, Brenda Chamán nos manifestó que las adolescentes ingresarían de nuevo al Hogar y los riesgos que esto representaba. En esa misma reunión, se presentó un asesor del presidente, que no recuerdo bien el nombre, pero era algo así como Carlos Beltetón”.

Ofelia Pérez indicó que las menores fueron revisadas por agentes de la PNC al ingresar al lugar y que ella movió a algunas colchonetas al salón del área pedagógica donde fueron colocadas las adolescentes, pero no todas alcanzaron para todas.

El interrogatorio de uno de los abogados querellantes

El abogado Esteban Celada, representante legal de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) preguntó a la acusada ¿cuáles eran las diferencias de trabajar en la  subsecretaría de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal y en el área “Mi Hogar” de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia?

La pregunta surgió porque Ofelia Pérez antes de trabajar en el programa de protección y acogimiento, trabajó con adolescentes en conflicto con la ley penal.

“Es un trato diferente, las adolescentes en reinserción por conflictos con la ley penal deben cumplir un reglamento y nosotros notificamos al juez de adolescencia si no cumplen con el mismo, en cambio las del Hogar tienen más libertad, se les brinda más apoyo de cariño, cuentan con más áreas de actividades”.

¿Cuántas veces ella había presenciado riñas entre las adolescentes del Hogar Seguro?  Ofelia respondió que no presenció ninguna o que al menos ella nunca vio una porque llevaba poco tiempo en el Hogar.

En medio de uno de los interrogatorios a la acusada, el Juez Rodolfo Laynez suspendió la audiencia durante 15 minutos justo en el momento en que su abogado defensor realizaba una objeción. La razón de la suspensión fue justificada por el juez, para que los presentes pudieran hacer uso del sanitario.

“Se está intentando tener  una declaración libre y espontánea de la persona que esta ante usted brindando su declaración, sin embargo, es cierto que todos tenemos el derecho de objetar, la objeción debe de ser técnica según el Código Procesal Penal y no responder por  la persona que está sentada acá brindando su declaración, que a criterio de esta representación es lo que ha estado haciendo el distinguido colega en el transcurso de esta declaración”, expresó el abogado Esteban Celada, debido a que el representante de Ofelia Pérez contestaba a todas las preguntas realizadas por los abogados querellantes y por el Ministerio Público.

El abogadoRodolfo Díaz Tello, de la Fundación Sobrevivientes le preguntó a la acusada si sabía lo siguiente:

¿Cuántas niñas escaparon del Hogar?

Un silencio largo e incómodo se mantuvo en la sala y luego Ofelia Pérez contesto:Seis adolescentes

¿Solo seis adolescentes escaparon del Hogar?A seis se les activo la alerta Alba Kenneth, contestó

¿Mi pregunta es si conoce cuántas adolescentes escaparon del Hogar?

Todas las que metieron en el dormitorio.

¿Sabe la cantidad exacta?

No me recuerdo

¿Cuáles eran sus funciones como coordinadora del área “Mi Hogar”

Me abstengo a declarar, sentenció.

2020 será el año para continuar por la búsqueda de justicia

Cuando la  acusada Ofelia Pérez terminó de responder a las preguntas de los abogados querellantes, fue en ese momento que el juez Rodolfo Laynez indicó que la audiencia de primera declaración continuará en 2020, el 7 y 8 de enero a las 9:00 horas. Para dicha audiencia se espera la declaración de Rocío Albany Murillo.

Para el día 14 de enero de 2020  también se encuentra programada la audiencia que responde a la recusación planteada por el abogado defensor de la síndica del tercer grupo Anahí Keller, ex subsecretaria de la SBS, a quién recientemente se le negó un permiso especial para asistir a la boda de una de sus hijas. En esta recusación se señaló al juez Solórzano Díaz de imparcialidad.

Desde el mes de febrero se ha venido reprogramando la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de los sindicados del segundo grupo, en donde se encuentra Brenda Chamán, ex psicóloga y superior en el Hogar Seguro, Gloria Castro ex defensora de niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Harold Augusto Flores Valenzuela, procurador de la Procuraduría General de la Nación; Luis Armando Pérez Borja sub comisionario de la Policía Nacional Civil (PNC) y Lucinda Marroquin sub inspectora de la PNC.

La audiencia de este grupo fue reprogramada para el viernes 6 de diciembre del presente año, sin embargo la misma no se llevó a cabo y se re programó para el día jueves 19 de diciembre a las 9:00 horas.

Casi tres años han pasado y en los tribunales de justicia el proceso en contra de tres grupos defuncionarios y trabajadores estatales sigue encontrando barreras y obstáculos. Para las familias y las niñas sobrevivientes, la vida continúa cuesta arriba y la justicia sigue tardando en llegar.