“Quiero reivindicar la militancia…

Soy una persona que no quiere lástima, yo quiero justicia”

Después de quince años de exilio, Emma regresó a Guatemala en el año de 1997 y aquella no sería una visita casual. Habían pasado pocos meses de que se firmara La Paz y fue a partir de su visita que la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos contra su persona y su familia empezaron a tomar un giro distinto.

La Paz no sólo significaba el fin de la guerra, para Guatemala implicaba también la transformación de realidades adversas como la pobreza, el racismo y la impunidad. Dentro del conjunto de los Acuerdos de Paz se encontraba el Acuerdo Global de Derechos Humanos y el Acuerdo de Reconciliación Nacional, que señalaban la importancia de que el pueblo de Guatemala conociera lo que había sucedido durante la guerra y establecían las bases para que los crímenes cometidos contra su población fueran juzgados. Para las poblaciones afectadas la justicia era una necesidad y un derecho por lo que desde antes de la negociación de la Paz habían encaminado procesos judiciales. Los más emblemáticos, el caso de la masacre en la embajada de España, ocurrido el 31 de enero de 1980 y el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack ocurrido el 11 de septiembre de 1990.

Los acuerdos mencionados fueron la base política para crear las condiciones técnicas que permitieran al sector justicia estar mejor preparado para atender los casos del conflicto armado. La Justicia Transicional iría tomando un lugar relevante en el país y los casos, poco a poco, empezarían a avanzar. Al día de hoy han sido dictadas sentencias sobre crímenes cometidos contra la población de Las Dos Erres, Sepur Zarco, El Aguacate y Choatalun. Actualmente están en proceso judicial el caso del Genocidio Ixil, el caso Creompaz y el caso Molina Theissen, entre otros.

El caso de la familia Molina Theissen busca juzgar la desaparición forzada del menor Marco Antonio y violencia sexual cometida contra Emma Guadalupe. Además, el caso es uno de los primeros, sino el primero, que aborda la militancia política de manera abierta y directa. Esta diferencia establece oportunidades para que la justicia transicional vaya desarrollando una perspectiva más transformadora pues permite abordar la historia desde sus protagonistas como actores y no solamente como víctimas. Este es el enfoque que Emma ha asumido para su proceso judicial, dotándolo así de coherencia con su trayectoria política, personal y familiar; un elemento de trascendencia histórica que Emma está proveyendo a Guatemala.

A la edad de 14 años, siendo estudiante del Instituto Normal Central para Señoritas Belén, Emma se integró a las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR, y un año después conforma la Asociación de Estudiantes de su instituto, de la cual fue presidenta. Aquellas aulas y corredores llevan las huellas de los pasos dados, como antes lo harían María García Granados y Rogelia Cruz Martínez; mujeres emblemáticas en la historia de Guatemala.

Heredera y protagonista, junto a sus hermanas[1] de la praxis revolucionaria de su madre, Emma Theissen[2], de su padre, Carlos Molina Palma[3] y del tiempo que le tocó vivir.

Cuando Emma se integró a las FAR eran los años setenta y Guatemala vivía los años convulsos de la guerra en que muchas jóvenes mujeres se habían integrado al movimiento revolucionario con la convicción de cambiar las condiciones injustas que el país vivía. A sus cortos 16 años era una lideresa comprometida y militante.

La primera vez que fue detenida e interrogada por la Policía Nacional fue en el año de 1976, con casi 16 años, cuando realizaba propaganda insurgente en las colonias cercanas al anillo periférico de la ciudad de Guatemala. Entonces estuvo presa en la correccional de menores y el registro de su detención es hoy parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional[4]. Esa no fue la única vez que sería fichada por policía. Dos años después, a pocos días de graduarse del Instituto Belén, una segunda ficha, con fecha 13 de septiembre de 1978, Número 4205 de la carpeta “Cuerpo de Detectives”, en un “informe confidencial”, quedó mencionada como “elemento faccioso”. Se confirma así que la Policía Nacional tenía conocimiento de su participación en la insurgencia guatemalteca. Fue hasta 1980 que Emma pasó a ser una integrante clandestina. Este hecho coincidió con su paso a la Juventud Patriótica del Trabajo, conocida como “La JPT” del Partido Guatemalteco del Trabajo, mismo que a partir de que Carlos Castillo Armas prohibió toda organización o personas que tuvieran una ideología comunista, pasó a ser un partido ilegal y desde entonces sus acciones fueron clandestinas.

En la clandestinidad Emma pasa a utilizar varios pseudónimos y a vivir en diferentes lugares hasta que toma como residencia la ciudad de Quetzaltenango, donde, el día 27 de septiembre de 1981 es detenida en un retén militar a la altura de Santa Lucía Utatlán, Sololá. En esa ocasión llevaba consigo propaganda del PGT. Fue trasladada a la zona militar de No. 1715 de Quetzaltenango, “Manuel Lisandro Barillas”.

Durante nueve días fue torturada, interrogada y violentada sexualmente, logrando fugarse el día 5 de octubre. Un día después, en represalia, sería secuestrado y desaparecido su hermano Marco Antonio, al que su familia ha buscado por todos los medios legales, desde el mismo día en que se lo llevaron de su casa en la Colonia Florida, zona 19 de Guatemala.

A partir de 1982 Emma se convirtió en una exilada política y fue hasta meses después de haber iniciado su exilio que su familia pudo contarle de la desaparición de su hermano. Este sería otro profundo dolor que Emma recibió tras su captura. Fue insoportable saber que en represalia de su huida, las fuerzas represivas y de inteligencia habían secuestrado a Marco Antonio. “Saber lo de mi hermano y saber que logré vivir, logré escaparme, se convirtió en mi peor error”. Al daño sufrido en carne propia se sumaba el dolor de la desaparición de Marco Antonio y lo que significó el hecho para la toda la estructura familiar.

La hermanas Molina Theissen tenían pleno conocimiento de que su participación en la insurgencia podía significar terror, desaparición o muerte. La situación había llegado a tal extremo que este pensamiento se incorporaba en la vida de las personas “En una carta, Lucrecia dice que cuando ella se enteró que yo estaba posiblemente desaparecida, que ella lo aceptó, ella lo dice como reconociendo lo mal que estaba uno en Guatemala que se daba por sentado que lo iban a matar, desaparecer, torturar y eso era como pagar el precio. Uno se lo creía”. Esta situación fue similar en Argentina, cuando se llevaban a algún familiar o persona conocida el rumor era “¿en qué se habrá metido?”. Se justificaba o explicaba que “algo habrían hecho” para que se los llevaran secuestrados y los desaparecieran. Las instituciones militares y los gobiernos dictatoriales habían logrado instalar este pensamiento en la sociedad de tal manera que las posibilidades de denuncia y exigencia para que las personas capturadas fueran tratadas como presas políticas no fue posible en Guatemala. Al contrario, muchas de las personas que demandaron saber de sus familiares fueron reprimidas, incluso asesinadas, como ocurrió en el caso de Rosario Godoy de Cuevas, co-fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, asesinada en abril de 1985, junto a su hermano y su hijo de dos años de edad.

En la ciudad de México, en 1983, Emma conforma junto con otras personas el Comité de Familiares de Desaparecidos y luego, en 1985, se integra a la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Centroamérica[5] y desde entonces está ligada a la lucha por la justicia y los derechos humanos que ella asegura es una de las enseñanzas que ha recibido de su hermana Ana Lucrecia, “Esta fuerza, este anhelo de justicia, esta convicción de justicia y de buscarla y de tenerla, esto es la enseñanza de Lucrecia en la familia… Ella pudo construir una dignidad, hacer que la familia no se resignara. Realmente la voz de la justicia y la dignidad es de ella… Ella es la constructora de esta justicia para nosotras”. Lo sucedido a la familia Molina Theissen afectó las relaciones entre sus integrantes y hubo de pasar años para que pudiera empezar un proceso de rearticulación familiar, “Mi familia tuvo que reconstruirse, hacer un esfuerzo por acercarnos, por ver el dolor de la otra persona, por tener la capacidad de sentir que el hecho de que el escuchar a la otra persona no era que me venía a cargar mi dolor sino que el dolor se diluye cuando se comparte, cuando se consuela mutuamente con la gente, nosotros nos dábamos la espalda por años, nosotros empezamos a reconstruirnos después de que murió mi papá en el año 94 y de ahí muy lentamente y hasta hace como 5 o 6 años es que yo puedo sentir que necesito hablar con mis hermanas, que necesito verlas… Si reconstruirnos ha sido difícil, ya me imagino lo difícil que es reconstruirlo a nivel social”.

Tanto en lo familiar como lo personal la solidaridad de muchas personas, dentro como fuera de Guatemala, ha sido uno de los pilares que ayudaron a sobrellevar este tiempo y también la claridad que la familia ha mantenido a lo largo del tiempo. Primero como opositoras políticas de un país represor y conservador y luego por la importancia de luchar por la justicia, aunque no se tenga certeza de los resultados finales que se obtendrán después de haber logrado que el juicio oral y público se llevara a cabo a casi 37 años de sucedidos los crímenes. “Yo no sé si se va a lograr una sentencia o no, posiblemente no lleguemos a una sentencia positiva, posiblemente absuelvan a todos y juzguen solo a Zaldaña… Para mí el mensaje que hemos dejado ha sido absolutamente reparador; es el país actuando sobre hechos que le fueron indiferentes durante más de 3 décadas”.

En lo personal para Emma el juicio significó “pasar de un estado en el que yo no había podido defenderme, a ser merecedora de la justicia y a ejercer el derecho de que se conozca la verdad… Injustamente creo que luché por olvidarlo… y ahora que estoy viviendo este proceso, que es una cosa que a mí me ha sanado tanto, que me ha fortalecido, siento que hablar con mujeres que hayan pasado por esta experiencia, máxime si es en circunstancias muy similares, yo siento que debe ser algo que le construye a uno fortalezas, puentes para ir pasando el río”. Esto último quizás sea un paso futuro en los procesos sobre la verdad y la justicia, que permita abordar con mayor apertura la violencia sexual en Guatemala donde, como se ha expuesto en el juicio, la violencia sexual fue un arma de guerra que se usó contra Emma y contra muchas otras mujeres.

Reivindicar la militancia a la par de luchar por el derecho a la justicia es la enseñanza que Emma deja a la historia en un juicio que remueve el enfoque de la justicia transicional donde las víctimas no han sido sólo víctimas sino, sobre todo, actoras que lucharon por cambiar las injusticias sociales que Guatemala -aún- sigue viviendo.

[1] Datos de las hermanas

[2] Datos de la madre

[3] Datos del padre

[4] Revisar detalles en investigación periodística: https://prensacomunitaria.org/la-conspiracion-y-persecucion-del-estado-contra-la-familia-molina-theissen/

[5] ACAFADE, organización conformada por personas guatemaltecas, salvadoreñas y costarricenses.