Por Regina Pérez

Elsa Siquín, madre de una de las niñas que fueron víctimas del incendio en el Hogar Seguro, fue amenazada de muerte el pasado 21 de marzo por familiares quienes irrumpieron en su residencia. Pese a estas amenazas y a todo lo que ha tenido que enfrentarse desde la muerte de su hija señaló que continuará con el trabajo que realiza desde el colectivo 8 Tijax para que la verdad de lo que pasó salga a la luz.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) alertó que el pasado 21 de marzo de 2021, dos familiares de Siquín irrumpieron con violencia en la vivienda de la defensora y la amenazaron de muerte.

De acuerdo con la alerta difundida, los familiares de Siquín también dejaron encerrado a su hijo mayor de 14 años, a quien agredieron física y verbalmente, así como a su hija de 9 años y a su hijo de 3. Aunque Elsa y sus vecinos llamaron en repetidas ocasiones a la policía, nunca se presentaron al lugar.

Siquín señaló que busca alejarse de ese lugar para no correr riesgo porque tiene tres hijos más y debido a que tiene que salir a trabajar ellos se quedan solos en su vivienda.

Anteriormente ella tenía un negocio con el que sacó adelante a sus hijos, entre ellas a Yemmi Ramírez Siquín, quien murió en el incendio en el Hogar estatal, pero debido a la pandemia de la covid-19 este ya no prosperó por lo que ahora se dedica a hacer trabajos de limpieza.

En la actualidad Elsa es subcoordinadora de la organización Familias Nos Duelen 56 e integrante del colectivo 8 Tijax.

“Dos días antes, el 19 de marzo, otro familiar ya había amenazado de muerte a Elsa y a sus hijos. Esta amenaza vino acompañada de información sensible sobre el asesinato de otra de sus hijas, Carlota Karina, de 13 años de edad, en noviembre del 2018, cuya investigación el Ministerio Público (MP) no ha mostrado ningún tipo de avance”, indicó la alerta.

El cuerpo de Carlota fue encontrado en la aldea Yumar, en el kilómetro 18.5 de la carretera a San Juan Sacatepéquez, en noviembre de 2018, después de que fuera reportada como desaparecida el 26 de octubre de 2018.

Sobre ese caso, Siquín señaló que el MP no le ha informado de avances. “Me dijeron que el trabajo de ellos no se hacía de la noche a la mañana”, señaló.

Como parte de su activismo para exigir justicia en el caso de las niñas, Siquín hace labores de coordinación con las otras madres y acude a las audiencias del caso, entre otras actividades.

“Ante mi dolor y todo pero me gusta que las mamás estén unidas, que nos apoyemos” con el fin de que todo lo que sucedió salga a la luz, indicó.

“Los culpables tienen que pagar por lo que hicieron, siempre he estado en esa lucha con las demás mamás”, agregó.

Ella asegura que pese a las amenazas no dejará de hacer ese trabajo. “No me van a detener, soy la voz de mis hijas, siempre he dicho que para mi es una lucha que tengo por ellas”, manifestó.

Actualmente, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal se realizan las audiencias de anticipo de pruebas de tres niñas sobrevivientes del incendio. Debido a que las mismas fueron declaradas en reserva por el juez Pedro Laynez, ella no pudo estar presente en las mismas.  

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IM-Defensoras recordó que a la fecha han sido asesinadas dos de las madres de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En junio del 2018, Gloria Pérez, mamá de la niña Iris Yodenis León Pérez, fue asesinada junto a su esposo Nery León y su hija de 13 años, Nury León Pérez, en Sayaxché, Petén.

En febrero del 2021, fue asesinada María Elizabeth Ramírez, madre de la niña Wendy Anahí Vividor Ramírez, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula. Su cuerpo fue encontrado con señales de haber sido golpeada, lapidada y con heridas de arma blanca.

De acuerdo con la alerta, en los tres casos aún no se determina si estas muertes violentas y amenazas están relacionadas al caso penal del Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde once funcionarios están siendo juzgados por su participación en los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017.

IM-Defensoras se solidarizó con Siquín y exigió al Estado guatemalteco garantías para su seguridad y la de toda su familia.

Asimismo, exigieron una investigación efectiva de los asesinatos de su hija Carlota Karina, así como de los de las defensoras Gloria Pérez y María Elizabeth Ramírez, explorando la posible vinculación de los mismos con la búsqueda de justicia por esta masacre en la que perdieron la vida 41 niñas y 15 más resultaron heridas de diversa consideración.

El colectivo Las Libélulas también demandó a las autoridades para que realicen una investigación sobre ese hecho y le brinden protección a Elsa Siquín y su familia.

“Desde que ocurrió la tragedia, las familias de las niñas se han visto afectadas de distintas formas”, indicó dicho colectivo en un comunicado de prensa, en el que recordó que dos madres y otros familiares han sido asesinados.

Asimismo, a cuatro años del hecho la organización recordó que aún no se ha logrado justicia y las condiciones de pobreza de algunas familias se han profundizado.