Por: Marisol Garcés Vergara

“Son las 10:30 de la mañana del día 23 de marzo, en medio de la crisis por el COVID-19. En un supermercado de la zona 14, ingresa una camioneta Prado color negro de modelo reciente. De la parte de atrás desciende una mujer joven, de unos 30 años, con uniforme de trabajadora de casa particular; sin mascarilla, sin guantes, y sin ningún tipo de protección. En la camioneta se queda la patrona, con mascarilla y guantes, y sin descender del vehículo, le da algunas instrucciones y se parquea esperando a que la “muchacha” haga la compra.”

Después de ver esta escena es imposible no pensar en los impactos diferenciados que tiene el COVID-19, no solo en aspectos de género sino también de clase, en donde hay personas que valen más que otras, y en la forma en que se descargan las tareas del cuidado en las mujeres más excluidas. Y es que en esta crisis, una de las problemáticas que ha quedado dramáticamente al desnudo es lo relacionado con el trabajo reproductivo y los cuidados.

El trabajo reproductivo ha sido invisibilizado históricamente, tanto en su versión no remunerada como remunerada, y ha configurado una de las bases de acumulación capitalista más extendida en el tiempo, pues ha permitido la reproducción de la mano de obra y garantizado los cuidados de forma gratuita por muchos siglos. Ha sido asumido como parte de los roles que nos corresponden como mujeres, y se ha normalizado que no tenga reconocimiento social ni económico, a pesar de su aporte fundamental a la economía y a la historia.

Esta desigualdad de género está profundamente enraizada en la división sexual del trabajo y entrelazada con la división social del trabajo, sobre las que se ha forjado el sistema patriarcal-capitalista. Estos sistemas de dominación, en el caso de Guatemala, se mezclan además con el racismo, que genera otra esferas de discriminación que configuran una realidad muy difícil para las mujeres, especialmente para las indígenas y rurales. Si la violencia de género es transversal en cualquier condición económica o clase social, en el caso de las mujeres pobres, rurales, indígenas y en situación de vulnerabilidad laboral, la violencia se multiplica y potencia, dejándoles contextos muy complejos en donde la sobrevivencia es una lucha cotidiana.

En la mayoría de los países de América Latina, los ordenamientos jurídicos delegan en los padres y las madres la obligación de brindar cuidado y atención a los niños y las niñas. Asimismo, las normas civiles establecen la obligación de las familias de brindar cuidado y atención a los ancianos y las personas con necesidades especiales. Sin embargo, los patrones culturales patriarcales dominantes repercuten en la naturalización de las actividades de cuidado como responsabilidad de la mujer. De este modo, tanto el trabajo de cuidado que se realiza de forma no remunerada en los hogares, como el que se realiza de forma remunerada, muestra una sobrerrepresentación de las mujeres y una baja valoración social y económica. (Cepal, 2018: 17). Si a esto le sumamos la reducción de los beneficios y servicios sociales de los Estados en relación con el cuidado de estas poblaciones, la carga recae casi totalmente en las mujeres. En Guatemala, los datos que se tienen en las encuestas nacionales (ENCOVI 2014 y ENEI 2018), revelan que las mujeres como mínimo destinan 4 horas de su tiempo al trabajo no remunerado. En el caso de las mujeres que no tienen trabajo remunerado fuera de casa, este tiempo aumenta hasta 8 horas diarias.

Por otra parte, la lógica patriarcal de los roles asignados a las mujeres, nos indica  que cuando una mujer urbana logra salir al mercado laboral externo a desarrollar trabajos fuera del ámbito doméstico, se requiere de otra mujer que venga a reemplazarla y a realizar las labores productivas que le corresponderían. Cada vez son más las mujeres jóvenes que migran de las comunidades rurales e indígenas para buscar trabajo en el mercado de los cuidados, en condiciones de explotación y con ausencia de derechos laborales. Además, Guatemala ha sido exportador de mano de obra a través de la migración, y en las últimas décadas la participación de las mujeres ha ido en aumento, para desenvolverse como trabajadoras vinculadas a los cuidados tanto en EEEUU como en México.

Coronavirus entre explotación de género y clase

La mayoría de las medidas propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19, evidencia que se hacen desde una perspectiva clasista y patriarcal. Piden recluirse en casa como si todo el mundo tuviera casa; piden lavarse las manos de forma constante, como si toda la población tuviera acceso a  agua; o mantener una distancia de un metro cuando muchas personas viven hacinadas en un cuarto. Asimismo, piden a los empleadores que por buena voluntad dejen que sus trabajadores se vayan a sus casas, pero y ¿qué pasa con las trabajadoras de casa particular?

El trabajo doméstico está totalmente feminizado y es de los trabajos más precarios que existen en el país, pues a pesar de que existe una legislación que lo regula, la mayoría de trabajadoras de casa particular no cuentan con contrato legal, ni con prestaciones laborales, e inclusive en su mayoría ni siquiera ganan el salario mínimo legal. En investigaciones realizadas por organizaciones como la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila -ATRAHDOM- o CALDH, se ha evidenciado que hay un alto porcentaje de trabajadoras de casa particular que ganan menos de mil quetzales mensuales.

Frente a las medidas propuestas para la prevención del contagio, como la suspensión de las clases, o el trabajo en casa de profesionales urbanos, ha surgido la problemática de quien asume la carga de las tareas reproductivas y de cuidado. En la mayoría de casos, la solución ha sido que la trabajadora de casa particular siga trabajando, ya sea desplazándose cotidianamente de su casa al lugar de trabajo o bien haciendo cuarentena en la casa donde se emplea. Además estas mujeres enfrentan la dificultad que están acumulando el trabajo doméstico de su propio hogar, que en algún momento tendrán que solventar, pues continúa siendo su responsabilidad de manera exclusiva.

Y es aquí donde la imagen inicial del artículo nos cuestiona. Desde un análisis de interseccionalidad, la realidad de las mujeres pobres, marginalizadas, sin acceso a estudios y en contextos de violencia, presentan una serie de dominaciones que se entrelazan o imbrican para generarles más desigualdades, y que al ser excluidas de los derechos laborales, deben resolver su vida económica familiar a partir de la precariedad. En la actualidad las mujeres pobres, rurales e indígenas siguen reportando las mayores violaciones a sus derechos humanos sin que este fenómeno sea visible en la sociedad guatemalteca, lo que reafirma las causas de la marginación, racismo y la violencia de que son víctimas.

Cuestionamos  las estrategias económicas que favorecen a los grandes capitales, y privan a las personas de los cuidados y medios necesarios para tener una vida digna y sostenible. Cuestionamos un sistema económico que explota el trabajo doméstico y de cuidados que hacen las mujeres, y que lo usa para absorber los costos de la crisis que vivimos en la actualidad. Cuestionamos los privilegios de clase que gozamos algunas mujeres, que nos permite explotar a otras, para lograr acceder al ejercicio de algunos de nuestros derechos. 

CEPAL (2018) Los cuidados en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2007-2018

Nicole Bidegain y Coral Calderón (compiladoras) 

EZQUERRA, Sandra (2010b) “A propósito de las crisis ¿qué pasa con la de los cuida- dos?” Diagonal, núm. 121. 4/3/2010 

HERNANDO, Ana (2006) “Una crítica feminista a la Ley de Dependencia”. Viento Sur, núm. 88, pp. 89-95

SETIÉN, María Luisa & ACOSTA, Elaine (2010) “La gestión de la crisis de los cuidados y su relación con la feminización de las migraciones. Análisis comparativo de los modelos de España y Chile”, Alternativas, núm. 17, pp. 63-81