Es el 7 de mayo de 2008 y las organizaciones de mujeres se presentan en el Congreso para atestiguar lo que se convertiría en un día histórico. En esa fecha los diputados darán la tercera lectura a la iniciativa de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, pese a la animadversión que varios políticos han mostrado por la propuesta. Con pancartas y canastas llenas de pétalos de rosas, la sociedad civil se instala en el segundo nivel del Hemiciclo.

Cada diputado que toma el micrófono y apoya la creación de la ley es aplaudido y bañado con pétalos de rosa. Quienes se oponen a ella, son abucheados. De las 22 diputadas electas para el Congreso para el período 2008-2012, solo una de ellas se opone a su aprobación: Roxana Baldetti. La diputada de la oposición por el Partido Patriota se dirige a las mujeres de las organizaciones y les dice que no puede apoyar la iniciativa porque todavía está siendo discutida por su bancada. Las mujeres saben que es una estrategia para engavetarla. “La iniciativa de ley hace falta conocerla, pero las invito a un desayuno para que la podamos discutir”, dice la política. Las mujeres le responden: “No. Esto se aprueba hoy”.

Mientras tanto, algunas diputadas forman un cerco en la única salida para impedir que se rompa el quórum. Horas después, la iniciativa es aprobada y se convierte en ley tan solo dos meses después de haber ingresado a Dirección Legislativa. Esta es una de las conquistas en derechos humanos que las organizaciones de mujeres lograrían pese al conservadurismo religioso que hoy persiste en el seno del Congreso y que de manera premeditada ha detenido otras propuestas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

***

En Guatemala, como en otros países conservadores de Centroamérica, la mujer es concebida como el “corazón del hogar”. Los políticos, empresarios, gobernantes, el sistema patriarcal y sus operadores religiosos, el poder económico y militar, se resisten a reconocerlas como sujetas de derecho, que existen y tienen necesidades ajenas a la vida familiar.

Hasta 2004, cualquier tema relacionado con los derechos de las mujeres era estudiado y propuesto por la Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia. Ese año, las organizaciones de sociedad civil empujaron para que se creara una comisión específica de la mujer. Y lo lograron para el siguiente año con la reforma a la Ley Orgánica del Legislativo.

La primera presidenta de la comisión fue Nineth Montenegro, una exdiputada del partido Encuentro por Guatemala, de ideología de centro izquierda que llegó al Congreso recién firmados los Acuerdos de Paz y quien tenía fuertes lazos con los movimientos sociales como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Montenegro dijo que cuando le otorgaron la Presidencia no lo hicieron para premiarla o para impulsar la legislación a favor de las mujeres, sino como una muestra de desprecio de la vieja clase política por el tema.

El movimiento de mujeres se acercó a mí para exigir que se separara la Comisión del Menor y la Familia, de la Mujer, porque las ponía en un plano de ser vistas como seres indefensos. Al nivel de un menor de edad”, contó la exdiputada que estuvo en el Congreso por casi 30 años.

Una de las primeras leyes que la comisión logró fue la de la Ley de Adopciones, en un momento en donde proliferaron las redes criminales para el secuestro y venta de niños a parejas extranjeras.

La actitud proactiva de la comisión no fue vista con buenos ojos. Pronto, los corredores del Congreso se llenaron de rumores de la influencia comunista que las iniciativas de dicha sala de trabajo tenían y que buscaban “adoctrinar” en esta ideología.

Montenegro y la comisión también trabajaron la propuesta de ley para erradicar la violencia contra la mujer, pero no pasó.

“Ver a la Comisión de la Mujer como un ente útil fue difícil. No eran aceptadas las propuestas o iniciativas que se presentaban. Fue el movimiento de mujeres y el feminista el que me dio el respaldo y el empuje para apoyarlas”, relató Montenegro.

Desde la comisión se propuso dar capacitaciones a las mujeres para lograr su independencia económica. Un tema que hoy, sigue sin avanzar pese a que hay una iniciativa llamada Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM), y que no termina de agradar a los diputados.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), al menos el 61% de las mujeres en Guatemala son madres solteras y cabezas de su hogar y 35% de la población económicamente activa son mujeres y 311 mil 897 niñas de 7 a 14 años forman parte de la población ocupada o con trabajo.

La respuesta negativa de los políticos permaneció como una constante en otras propuestas como la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para integrar la paridad y la alternancia dentro del Congreso, y la Ley contra el Acoso Sexual y Hostigamiento, que ha sido presentada tres veces en los últimos 19 años, sin conseguir apoyo parlamentario.

Todas las que eran pro mujer eran obstaculizadas. Hablamos del hostigamiento y acoso sexual, era obstaculizada. Si hablábamos de violencia contra la mujer, era obstaculizada. Solo se aprobó -esta última- porque se le cambió el nombre y hubo que quitar muchos artículos. Cuando se trabajó la Ley contra el Femicidio fue un escándalo”, recordó la diputada que integró la comisión durante cuatro años y fue presidenta de la misma la mitad de ellos.

La Ley de Femicidio, una conquista

Por aquella época, el Congreso se adentraba al cambio de gobierno. Tomaba el poder el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que promovía la inteligencia como estrategia en vez de la violencia, para combatir los niveles de asesinatos que aumentaban todos los días, especialmente, en el transporte público.

Otilia Lux, diputada independiente en ese entonces, dijo que su objetivo principal al entrar al Congreso fue formar parte de ella, aunque la Comisión de la Mujer es y siempre ha sido, una de las menos apetecibles por los políticos porque no maneja presupuesto ni cuotas de poder.

Lux peleó por la presidencia de la sala de trabajo, pero tuvo que conformarse con la vicepresidencia porque las diputadas del partido oficial no querían cederla. Una de las iniciativas que promovió en su momento fue la de la Ley contra el Femicidio, y Guatemala fue el segundo país de Latinoamérica, después de México, en aprobarla.

La unión de las parlamentarias en la aprobación de esta ley dio paso al bloque de las mujeres, un espacio integrado por las diputadas de diferentes partidos que buscaban promover iniciativas a favor de este sector de la población.

Como bloque propusieron y lograron la aprobación de iniciativas como la de maternidad saludable, contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y la aprobación del Divorcio Exprés. Además de incorporar las Oficinas de la Mujer en cada municipalidad del país, que posteriormente, fueron renombradas como Direcciones de la Mujer en una reforma al Código Municipal.

“La comisión tuvo bastante auge en ese período. Estábamos con muchos deseos de trabajar. Eso motivó a otras diputadas”, contó Lux. Pero la apertura que hubo en el período de la UNE no trascendió a otras legislaturas.

“Veíamos la exclusión histórica de las mujeres, especialmente, las indígenas. Veíamos el racismo de cara y de frente. Nosotras agarrábamos micrófono y entrabamos a decir: como estamos en un país racista y aquí también hay racismo, entonces es el gran impedimento para no lograr iniciativas a favor de los pueblos indígenas”, decía Lux.

Para la exdiputada, es el patriarcado el que ha impedido que cualquier iniciativa de mujeres pueda dar un paso adelante. El racismo, el patriarcado y el anti-derecho, para ser más específica.

Los partidos de derecha conservadores no van a admitir estas propuestas. Es tan sesgada la actitud y visión de ellos. No ven que muchas niñas resultan siendo madres por violación de personas de su entorno. Están enfrascados en su ideología fascista”, refirió.

La alineación del Pacto de Corruptos y el conservadurismo religioso

En la legislatura pasada y en la actual, la corriente conservadora religiosa se alineó con el pacto de corruptos y ha ganado el dominio del Congreso.

Sandra Morán, exdiputada de Convergencia y mujer diversa, explicó cómo funcionan las comisiones y cómo son asignadas a los partidos:

“La comisión se forma por un acuerdo político en la Junta Directiva del Congreso que define a quien le va a dar las posiciones. La comisión de la mujer es una de las seis que nadie quiere. Esas comisiones se quedan rebotando y se las da a quienes no les importa o a quienes van a hacer daño”.

Morán fue la única diputada que entró con el propósito claro de legislar a favor de las mujeres, según indicaron las organizaciones de sociedad civil como Mujeres Transformando al Mundo.

Meylin Mejía, de la mencionada ONG, dijo que se acercaron a la comisión en 2015 cuando notaron que la apertura para temas de mujeres empezó a decaer. El movimiento y Morán hicieron palanca y propusieron iniciativas que exacerbaron la tolerancia de los políticos más conservadores, como la de Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes que fue rechazada porque en uno de sus artículos incluía la interrupción voluntaria del embarazo en niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual, siempre y cuando la gestación no rebasara las 12 semanas.

O cuando propusieron el Día nacional de las víctimas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, parte de las medidas reparadoras ordenadas en el Juicio de Sepur Zarco, que fue engavetada.

En ese momento, el diputado Aníbal Rojas de Viva, un partido de extrema derecha y de ideología evangelista, fue nombrado como presidente de la comisión con el objetivo de parar las leyes que Morán estaba proponiendo.

Junto a otros diputados, Rojas propuso la iniciativa Ley para la Protección de la Vida y la Familia, una ley que buscaba proteger la vida desde la concepción y criminalizar a las mujeres que abortaran o sufrieran abortos espontáneos, además de promover la integración familiar bajo el argumento que todo niño y niña merece una familia, especialmente una familia heterosexual y tradicional. Incluso contemplaba prohibir la ideología de género.

La propuesta no fue enviada a la Comisión de la Mujer para que emitieran un dictamen, como correspondía, sino a la Comisión de Puntos Constitucionales. Una estrategia que la Junta Directiva implementó en más de una ocasión para “asesinar las iniciativas de ley” que Morán impulsaba en ese momento, según contó la diputada.

Y es que si la Junta Directiva del Congreso no remite iniciativas a las comisiones y estas no tienen nada nuevo que revisar, pueden retomar la agenda de las legislaturas pasadas que hayan quedado pendientes. Si no lo hacen, esas propuestas “se murieron”, enfatizó la exdiputada.

Marleni Matías, expresidenta de la Comisión de la Mujer en 2017 y actual presidenta del Foro Parlamentario de Mujeres del Congreso, dijo que más que una intención de bloquear las iniciativas a favor de este sector lo que hay es una resistencia de parte de los diputados de leer e informarse. También porque cree que los diputados desconfían de cómo se gestionarían los presupuestos para ejecutar las leyes a favor de las mujeres.

Tenemos compromisos con nuestros distritos, el acompañamiento a la juventud, discapacidad, el tema agrícola, ambiente, educación, salud, seguridad alimentaria, estamos inmersos en una serie de trabajo que nos imposibilita acceder a las lecturas porque el tiempo no es suficiente para informarnos al cien por ciento de todo lo que nosotras realizamos”, justificó Matías.

Desde la legislatura pasada, pero de manera más acentuada en esta nueva asamblea, hay una intención clara para detener cualquier acción progresista a favor de los derechos de las mujeres, juventud, pueblos indígenas y comunidad LGTBIQ. No solo de parte del Congreso sino de parte del Ejecutivo, según confirmó la mayoría de las diputadas y representantes de organizaciones sociales que fueron entrevistadas.

Todo se comprobó este año cuando en el primer trimestre, Alejandro Giammattei, ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) que liderara la redacción de la Política Pública para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia, inspirada en la iniciativa de Rojas.

Giammattei anunció a finales de julio de 2021, que la política había sido aprobada por unanimidad del Consejo de Ministros. Días antes, pidió el apoyo de la población para implementarla, pues se trata de “una lucha de fe”, en un país laico con alma evangelista. Esto ocurrió al mismo tiempo que firmaba un acuerdo para la libertad de religión.

“Esa es la decisión política que, además, es regresiva. -Giammattei- Quiere cambiar el enfoque de derechos por el enfoque de asistencialismo. Hay una intención política desde la legislación pasada, con más fuerza ahora, que ni juventud, ni pueblos indígenas, ni mujeres pasan”, aseguró Morán.

Y su percepción no es distinta a la de otras exdiputadas como Lux, quien dijo:

“Hemos observado que toda la corriente antiderechos, esa corriente fundamentalista religiosa. Esas corrientes bloquean el reconocimiento de la diversidad que hay en género, diversidad lingüística, religiosa. Son tan miopes que no logran verla y son tan inhumanos que no logran ver que todo ser humanos tiene que tener derechos. Es un país nefasto en ver el progreso”.

La prioridad del Gobierno, del Congreso y del sistema de justicia es la impunidad, la corrupción y establecer las bases para un nuevo Gobierno que se rija no con la Constitución, sino con la Biblia. Hacia eso nos están llevando”, señaló Meylin Mejía. “Es una ideología la religión acá, el querer tener el control de los cuerpos de las mujeres”, sentenció.

Mientras tanto, la iniciativa de Rojas que inspiró la política de Giammattei, sigue una caminata viva, pues solo le falta una lectura para convertirse en ley.

Algunos diputados del Congreso consultados sobre este tema, entre ellos, la vicepresidenta de la Junta Directiva, Lucrecia de Palomo, del ala conservadora que busca abolir la pena de muerte, indicó que no hay una intención de revivir esta propuesta, pero que un grupo de diputados se ha reunido para hablar de la posibilidad y no descartó hacerlo en el futuro.

Fuera de la Comisión de la Mujer, un grupo de parlamentarios liderado por Allan Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Legislativo, buscan apoyo para presentar la iniciativa 5940, ley para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia contra los trastornos de la identidad género. Una propuesta que forma parte de la agenda del Gobierno y Pacto de Corruptos que podría criminalizar a la comunidad LGTBI. La noticia surge a días de que se redujera el presupuesto del Ministerio de Salud para atender los programas de planificación familiar.

El temor del patriarcado y una agenda entrampada

Sonia Gutiérrez Raguay, Merana Oliva, Jerónima Vicente, Evelyn Morataya, Andrea Villagrán y Ligia Hernández, son las mujeres integran la comisión este año. La mitad de ellas, ha participado de la misma en años anteriores y reconocen la interferencia sistemática que los diputados han ejercido cuando de legislar a favor de las mujeres se trata.

Lo cierto es que no todas las diputadas que hay en el Congreso, que ocupan la quinta parte de los escaños, están interesadas en promover las iniciativas a favor de las mujeres porque apoyan la línea conservadora del Gobierno. Pero dos temas las han hecho coincidir: el Foro Parlamentario de Mujeres y la Leydem.

“Pese a que la iniciativa tiene un enfoque económico y de empresarialidad, y que no pelea con ningún supuesto ideológico de derecha o izquierda, tenemos diputados que la han bloqueado diciendo que tiene ideología de género”, contó Andrea Villagrán, diputada de Bien.

Sí, se mira mucho la mala intención de los diputados al mencionar que esta iniciativa tiene ideología de género para asustar a los demás para que no votaran por ella”, agregó.

Uno de los opositores de la ley es el diputado Rojas quien en Jefes de Bloque ha aprovechado la oportunidad para hacerle mala publicidad a la propuesta. Pero no es el único que quiere meterle una zancadilla. El diputado Lázaro Zamora, del Partido Unionista, señaló que no es cierto que a las mujeres les cueste tener recursos económicos, en un país en donde el 65% de las mujeres son económicamente dependientes de su pareja, de acuerdo a Mujeres Transformando al Mundo.

Mientras las mujeres más nos empoderamos, más conozcamos nuestros derechos, está la amenaza de despojarlos a ellos del poder. Aquí hay un dominio, un tema patriarcal de no querer ceder sus espacios”, explicó Sonia Gutiérrez Raguay, vicepresidenta de la sala de trabajo.

“El pavor -de los diputados- obedece a que una mujer con independencia económica real, legítima y verdadera, va a ser una mujer que no va a permitir ser manipulada. Eso incómoda en un país tan marcado por el machismo donde se pretende que la cabeza del hogar sea el hombre, siempre. Ese miedo a que la mujer se pueda liberar. Una mujer con recursos económicos es superempoderada”, refirió Matías.

En la legislatura pasada, la comisión encontró eco en algunos diputados que se aliaron para promover leyes a favor de las mujeres. Eso fue hasta el cambio de Gobierno.

“Felipe Alejos fue uno de los aliados del bloque de mujeres, pero en este período ya tomaron distancia por la posición con el presidente, y porque se ve que los derechos de las mujeres es una cuestión de oposición”, refirió Villagrán.

Quienes sí han apoyado las iniciativas tienden a hacerlo con un enfoque paternalista como es el caso de Manuel Rivera, el actual presidente de la Comisión de la Mujer quien en una reunión pública en mayo pasado dijo lo siguiente:

Sabemos que si invertimos en el corazón del hogar que son las mujeres, vamos a tener una mejor sociedad y un mejor país”.

Si bien es cierto que la pandemia, el trabajo a distancia y los intereses particulares han jugado un rol predominante en la creación de alianzas y leyes en el último año y medio, también lo hace la desconfianza. La mayoría de las diputadas entrevistadas no se atrevió a reconocer a Rivera como un aliado porque su partido, Victoria, es de corte conservador, pero aplauden su apertura.

Para los demás parlamentarios, el enfoque para decidir apoyar cualquier iniciativa es responder a esta pregunta: ¿cuántos votos puedo ganar? Si la respuesta es poco o nada, es más seguro que no participen.

“Hay diputados que toman el tema de la mujer en campaña y lo mencionan solo para decir que están con las mujeres, pero no hay quién haga un seguimiento de profundidad”, señaló Villagrán.

La falta de consensos a causa de la fuerte oposición en los últimos dos años, ha hecho que las organizaciones de mujeres prevean que ninguna iniciativa que propongan avanzará en esta legislatura.

Lins Tillit, directora del Colectivo Alas de Mariposa, creada en 2012, dijo que en promedio, cada cuatro años se aprueba una ley a favor de la mujer, pero este período será diferente. El Congreso, en los primeros meses de 2021 solo ha producido leyes que favorecen al sector empresarial con la Ley de Zonas Francas, Ley de Leasing y Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos.

Por eso, las organizaciones de sociedad civil guardan esperanzas en que la renovación del Congreso en 2024, de paso a reactivar las iniciativas que permanecen dormidas y que como: Identidad de Género, Leydem, el Ministerio de la Mujer, la reforma a la ley electoral para introducir la paridad y alternancia, la reforma al Código Penal para penalizar el matrimonio infantil, la Ley de Dignificación a las Comadronas, entre otras.

También reconocieron la voluntad política de las seis diputadas que integran la comisión, pero saben que no es la suficiente para conseguir que las propuestas se conviertan en ley.

“A ellas las están desgastando en estos espacios porque ya tienen la estrategia que no les van a dejar pasar ninguna iniciativa”, aseguró Mejía, quien dijo que “no todas las diputadas apoyan las iniciativas de mujeres porque no tienen conciencia de género. Esto provoca que sean pocas las que impulsan la agenda”.

La legislatura pasada, el Congreso implementó reformas al Código Civil para prohibir el matrimonio en personas menores de 18 años, aunque no reformó el Código Penal en el mismo sentido, y las reformas a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

La convencionalidad para dejar constancia de las violaciones del Estado

Guatemala ha suscrito varios convenios, pactos y tratados internacionales de derechos humanos contra la discriminación, violencia, exclusión civil y política de mujeres, que han sido actualizados por los comités reguladores de cada instancia.

Uno de ellos es la Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer que dio paso a la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

En 2017, el Cedaw lanzó una serie de recomendaciones al Estado guatemalteco para prevenir la violencia y promover el desarrollo de las mujeres:

1. Elevar a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) a Ministerio de la Mujer,
2. Ratificar el Convenio 189 sobre trabajo doméstico,
3. Aplicar un enfoque de género en la repartición del presupuesto nacional para acelerar la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
4. Implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género contra la mujer.

En 2021, el Gobierno deberá hacer un nuevo informe sobre la situación de las mujeres en Guatemala y el Congreso deberá de informar del seguimiento que se dio a las recomendaciones previas.

Esa será la oportunidad que las organizaciones de mujeres aprovecharán para remitir informes sombra, o complementarios, para evidenciar las violaciones a derechos humanos que el Estado sigue cometiendo y que constituyen actos de discriminación.

Seguimos en una situación de discriminación. Hay mucho incumplimiento del control de convencionalidad a nivel nacional. En Guatemala, ha habido algunas participaciones en conferencias internacionales y lo que hacen es poner candados donde no ratifican ciertos artículos porque tienen que ver con educación integral en sexualidad, derechos reproductivos, con el tema religioso. Nos están imponiendo una agenda y obstáculos para tener acceso a esos derechos”, afirmó Meylin Mejía.

En 2019, Guatemala participó de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), una organización de la ONU, en donde emitió reservas respecto aparte del contenido para promover y empoderar a las mujeres en situación de marginación.

Se mantuvo firme en la postura de defensa de los no nacidos y se opuso a la inclusión de un apartado que se refería a la salud y los derechos sexuales reproductivos que forma parte de las conclusiones acordadas entre los países.

En otra ocasión, en la Convención de la Atención en Salud a personas con VIH, el país se opuso a firmar algunos artículos para garantizar la atención en salud a mujeres diversas.

De acuerdo al Índice Global de Desigualdad de Género, Guatemala ocupa el puesto 118 de 189 países.

Las organizaciones saben muy bien que los comités no tienen la potestad para sancionar a los países y lo más lejos que pueden llegar es hacer nuevas recomendaciones que el Gobierno puede elegir ignorar.

En tanto cada ley a favor de las mujeres sea bloqueada y asesinada políticamente, seguirán surgiendo atrasos para implementar acciones que garanticen los derechos de este sector que representa la mayoría de la población en Guatemala. Al mismo tiempo, acrecienta la brecha de género, la discriminación y el racismo.

Lee también: