Las limitaciones en la ruta de acceso a la justicia, producto de los cambios a la Ley 779 en Nicaragua, está dejando sin opciones de denuncia a las mujeres que viven violencia pública y privada, permitiendo que sus casos terminen en femicidios.

El Movimiento de Mujeres de Nicaragua , luego de años de lucha por concretar la aprobación de la Ley Integral 779 en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, logró introducir el concepto femicidio definiéndolo como: el delito que comete un hombre en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres sea en el ámbito público o privado.

 La Ley 779 fue aprobada en el 2013 con el apoyo de las magistradas sandinistas, del partido en el poder desde 2007, de la Corte Suprema de Justicia y las diputadas al Parlamento de entonces.

A menos de un año de su aprobación, la Ley fue reformada y el concepto de femicidio fue delimitado a: “delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja y que como resultado de muerte a la mujer”.

El oficialismo cómplice de la impunidad

El discurso oficial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ascendió al poder como vicepresidenta en el 2016, fortalece su sistema autocrático familiar. Este discurso ha permitido cambiar el enfoque de la Ley, ya que deja de proteger a las mujeres de manera integral, para solo proteger la armonía familiar.

A mediados de 2022, Murillo anunció que el Ministerio de Familia realizaría visitas y capacitaciones sobre la cartilla, creada por ella: "Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia” para prevenir el femicidio. Ante el creciente número de femicidios la vicepresidenta, en sus medios oficiales, ha afirmado: “en el futuro, en la medida que nos preparemos, seremos cada vez más valientes para hacer la correspondiente denuncia”, a fin de justificar la falta de denuncias de las mujeres que viven violencia, especialmente ante la policía y que terminan en femicidios.

Los datos sobre femicidios en Nicaragua en 2022

La delimitación del delito de femicidio repercute en la forma en la que se crean datos oficiales invisibilizando la gravedad del problema; sobre las políticas públicas de prevención y atención que deben ser diseñadas por el Estado, sobre cómo el Estado de Nicaragua se presenta a nivel internacional y sobre todo, tiene un impacto directo en la vida de las mujeres nicaragüenses porque promueve prácticas de impunidad.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, organizaciones y observatorios feministas denuncian 62 femicidios perpetrados por 68 femicidas: 54 perpetrados en Nicaragua y 6 en el extranjero.

Sobre las edades de las víctimas: 11 eran menores de edad; 25 eran mujeres adultas, entre 30 y 60 años; 20 eran mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años; 3 eran de la tercera edad, mayores de 61 años; y 3 mujeres de edad no identificadas.  La zona geográfica con mayor incidencia continúa siendo la Costa Caribe, con 21 casos; seguido de Managua con 14 casos y 9 casos en la zona Norte.

Sobre los hechos: 19 femicidios fueron ejecutados con arma blanca; 12 con armas de fuego; 12 por asfixia; 6 por golpes, 1 por envenenamiento y nueve casos en los que los medios de comunicación no reportan datos específicos. 49 de los casos, la mayoría, ocurren en las viviendas de las víctimas o en las viviendas compartidas.  Sobre los 68 femicidas: 18 eran las parejas actuales, 14 desconocidos, 14 conocidos, 11 familiares; 9 exparejas y 2 padrastros. 

Prevalencia de femicidios en la Costa Caribe Norte y Sur

Del total de femicidios reportados en 2022: el 29.5% fueron ejecutados en la Costa Caribe Norte (14 casos) y Sur (7 casos). El alto índice en la zona de los femicidios cada año es preocupante, ya que es una región escasamente poblada en relación con el resto del país y en donde cohabitan grupos indígenas, afrocaribeños y mestizos del pacífico. Para Alma, activista feminista creole, la incidencia de femicidios en la zona se da, entre otras razones, debido “al proceso de transculturización que ha vivido la zona desde hace décadas”.

“Los femicidas son efectivamente personas originarias misquitos que mata a misquitas o negros que matan negras, pero hay también una connotación o un trasfondo de mujeres indígenas que conviven con mestizos que vienen del pacifico y vienen con ese estigma racial de menosprecio a la gente de la costa y eso aumenta el nivel de vulnerabilidad por creer que la mujer de la costa tiene un sub-valor y que el hecho de que se conviva con una persona del pacifico como que viene a superar su condición. Esa relación de poder también facilita la violencia hacia las mujeres indígenas y campesinas”, acotó Alma.

Explica que para comprender el alto número de femicidios en la Costa Caribe Norte y Sur, tenemos que entender también los múltiples tipos de violencias que viven las mujeres en la zona; y que hablar de relaciones desiguales por razones de género requiere también que se hable de desigualdades por ubicación geográfica, por situación de pobreza y por falta de presencia del Estado.

La brecha de acceso a la justicia para las mujeres de la región del Caribe se acrecienta debido a que la mayor parte de las situaciones buscan resolverse a nivel de la base comunitaria. Pero “el componente colectivo de la comunidad se ha ido debilitando y la mujer está sujeta a resguardar su seguridad por ella misma y no tanto en un acompañamiento a nivel comunitario; porque también hemos trabajado la violencia desde lo individual y no desde una responsabilidad colectiva”, reflexiona la activista costeña.

Niñas miskitas asesinadas en Managua

Uno de los casos que más impactó en 2022 fue el femicidio ejecutado por 3 adolescentes de un barrio suburbano de Managua contra dos niñas, hermanas de origen misquito, en los primeros días de septiembre.

Las niñas I.U.V. de siete años y M.J.V. de 10 años, fueron atraídas a través de engaños a una casa vecina para ser sometidas a violencia sexual y luego ser asesinadas por una pareja de jóvenes de 18 y 19 años, y la complicidad de un menor de 16 años. Los medios de comunicación y las redes sociales sirvieron para documentar y evidenciar la intersección de violencias y discriminaciones de este caso: siendo el origen de las niñas uno de los principales puntos de discusión y justificación de la violencia.

Los medios afirmaron que el ejecutor del crimen, Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, recién había sido indultado, como parte de una política del régimen sandinista de sacar de la cárcel cada cierto tiempo a reos comunes: muchos de los cuales han sido precisamente condenados por delitos de violencia contra las mujeres.  

Subregistro y acceso a la justicia

Aunque la Policía Nacional de Nicaragua todavía no presenta sus estadísticas anuales, la tendencia de los últimos 10 años ha sido el subregistro. En 2021, por ejemplo, mientras las organizaciones feministas registraron 61 casos, la policía solo reportó 15.

A la falta de políticas públicas que den respuesta a esta pandemia, el gobierno y sus dirigentes callan y la Policía Nacional se refiere “a homicidios comunes o asesinatos pasionales” para no reconocer los casos de femicidios como tales, pues la dirigencia gubernamental ha creado organizaciones barriales que promueven el entendimiento de las parejas que viven violencia, con el objetivo de promover y mantener la “unidad familiar”.

“Hay un retroceso en materia penal, las reformas y el reglamento de la ley 779 vienen a mutilar la ley misma y eso tiene un impacto concreto en el asesinato a las mujeres, debido a que ellas no encuentran respuesta institucional” expresa Orégano una abogada y defensora nicaragüense. No sólo se delimitó el concepto de femicidio sino que también se permite la mediación en casos de violencia contra las mujeres considerados “leves”, sin considerar que los femicidios no son violencias espontaneas sino la culminación de un historial de violencia machista.

Sumado a esto, la desarticulación del movimiento de mujeres producto de la persecución a sus grupos de apoyo y la suspensión de más de 150 personerías jurídicas de organizaciones de mujeres de parte del régimen, hacen difícil el trabajo de concientización y seguimiento sobre cómo revertir la violencia que viven las mujeres.

Orégano insiste en que todo lo actuado por el gobierno de turno “es parte de la misma práctica de desmantelamiento de todo lo que se ha venido construyendo desde las organizaciones civiles y las organizaciones de mujeres, en materia de derechos humanos hacia las mujeres”.

Periodistas Feministas Nicas