Resguardar a las menores de edad del Hogar Seguro no era una de las atribuciones de la Policía Nacional Civil (PNC), aseveró exempleada del albergue. La mujer fue una de las cuatro testigos que declararon en la audiencia del 22 de octubre, cuyo relato resalta irregularidades en el trato que se les dio a las niñas del albergue estatal.

Por Jasmin López

“El día 8 regreso y veo que había una gran cantidad de patrullas enfrente del hogar y los menores no estaban allí (...). Nos enteramos de que los menores estaban siendo resguardados por la PNC y nos extrañamos de esto (...). Una compañera recibe una llamada de la licenciada Brenda Chamán y la compañera pega el grito, nos avisa y yo lo que escucho es ‘las menores prendieron fuego’”.

Este fue parte del testimonio brindado por Ana Julieta Solares Mazariegos, quien trabajaba como psicóloga en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Los hechos que la testigo refirió transcurrieron durante los dos días en los que se desarrolló la tragedia por la que están acusados ocho exfuncionarios. El 7 de marzo del 2017 ocurrió un escape masivo de alrededor de 60 adolescentes que se encontraban bajo la tutela del Estado guatemalteco en el albergue. La PNC localizó y devolvió a las y los menores al hogar, y, aunque su intervención debería haber terminado allí, posteriormente reingresaron a las adolescentes y las encerraron en un aula con candado por varias horas, durante las cuales no se les permitió ir al sanitario. 

Finalmente, el 8 de marzo, antes de las 9: 00 horas, se produjo un incendio dentro del salón, ante la mirada impávida de la exsubinspectora Lucinda Marroquín, autoridad a cargo de las niñas en ese momento. La negligencia de Marroquín y de las otras siete autoridades que, en diferentes cargos, eran directamente responsables, dejó un saldo de 41 niñas fallecidas y 15 con heridas graves.

Aunque los policías que testificaron en el caso han sido muy explícitos al referir las razones que llevaron a las adolescentes a huir del Hogar Seguro, ninguno de los y las trabajadoras del albergue que han testificado dice tener conocimiento de cuáles fueron estas motivaciones. Los agentes relataron que el 7 de marzo -en distintos momentos desde el motín, el escape y su reingreso al hogar durante los que interactuaron con la PNC-  las adolescentes denunciaron sufrir maltratos de diversa índole por parte del personal, como violencia sexual y recibir una alimentación deficiente. 

En la audiencia realizada el 22 de octubre de 2024, Solares Mazariegos explicó que, de acuerdo al protocolo, las menores debían estar bajo el cuidado de sus educadores. “No está permitido que sean resguardadas por agentes de la PNC”, dijo. Esta situación no se había dado antes, en todo el tiempo que llevaba trabajando en el Hogar, aseveró. Normalmente, la policía únicamente se hacía cargo de trasladar a las niñas y niños fuera del albergue.

Otros testigos que se han presentado en audiencias anteriores han afirmado también que la decisión de que las niñas quedaran a cargo de la policía era irregular, ya que no se encontraban en conflicto con la ley, y que esto no había ocurrido antes. Sin embargo, ese día -7 de marzo- las y los monitores del albergue firmaron un acta en la que establecieron que no se harían responsables de lo que pasara si reingresaban a las menores al albergue, con lo que quedaron al cuidado de la PNC.

En el Hogar, parte de las labores de Mazariegos eran brindar atención psicológica a las niñas y adolescentes, y evaluarlas en momentos de crisis para determinar si estaban “en su sano juicio”. Para esto no utilizaba ningún formulario o método aprobado por la Organización Mundial de la Salud ni alguna institución científica, sino que solo les hacían preguntas, admitió la testigo tras ser interrogada por el fiscal del ministerio Público. 

Por su parte, la declaración de Francisco Zetina Ramírez, exasesor jurídico de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, reveló que aún no se contaba con la autorización jurídica necesaria cuando la PNC reingresó a las niñas. Se había presentado una exhibición personal a favor de las niñas y adolescentes que evadieron el proceso, pero Rocío Murillo, jueza designada del juzgado de paz de San José Pinula, se negó a practicarla.  Murillo se presentó hasta el día siguiente, pero se le negó el acceso al albergue, según el testimonio de Zetina.