El jueves 23 de junio el diputado Aldo Dávila por medio de Twitter alertó a la población guatemalteca, acerca de la iniciativa 6076 “Ley de Fortalecimiento de Guatemala de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ejército”, que consiste en un sustento legal para la represión al derecho de manifestar usando a la Policía Nacional Civil (PNC) y al ejército.

Con esta ley, se busca garantizarles medida sustitutiva si cometen delito durante la represión de una manifestación. Esta iniciativa que estaba en la agenda del Congreso para su sesión extraordinaria del miércoles 29 de junio, fue cancelada por falta de quórum.

Se tiene estimado que esta iniciativa será sometida a votación “por urgencia nacional” para que se apruebe de una sola lectura. Hasta el momento esta iniciativa no se encuentra en el portal del Congreso, para ser consultada.

Una ley represiva 

Según el capítulo 2 del artículo 5 de esta ley sobre “Niveles de resistencia y uso de la fuerza” indica que el uso de la fuerza será conforme a los niveles de resistencia:

• - Ante las personas que cooperan, se utilizará la comunicación verbal.

• - Cuando existe una resistencia activa, se podrá hacer uso de técnicas de defensa.

• - Cuando existe una agresión grave, podrán usar el contacto físico si la población se niega a obedecer órdenes.

• - Las fuerzas de seguridad podrán actuar en legítima defensa.

• - Gozarán de medida sustitutiva al usar uso de la fuerza.

¿Quién promueve esta ley? 

Esta iniciativa es impulsada por el diputado Carlos Rojas Alarcón de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN). Otros miembros de la misma bancada apoyan dicha iniciativa, entre ellos: Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Karla Andrea Martínez Hernández, José Arnulfo García Barrios, Maynor Estuardo Castillo y Castillo y Byron Wilfredo Arreaga Alonzo. Con anterioridad este partido ha sido señalado de financiarse con dinero del narcotráfico.

La Procuraduría de Derechos Humanos expresa  “Que el proyecto de esta ley pretende regular el uso de la fuerza otorgando discrecionalidad a las fuerzas de seguridad”.

Asimismo menciona que se estarían vulnerando los derechos de asociación y manifestación. Además, faculta al ejército, cuyo fin y actuar desde los Acuerdos de Paz se limita a las fronteras (defensa de la nación), a participar en controlar a las manifestaciones.