A una semana de haber sido aprobada la iniciativa 5272 “Ley de protección a la vida y la familia”, la ley convertida en el decreto 18-2022 fue archivada luego del rechazo generalizado de la población, materializado en manifestaciones de calle y más de 90 mil firmas en su contra; además de la solicitud del presidente quien dijo que si el Congreso no archivaba el decreto, él lo vetaría. A pesar de que diputadas de la oposición presentaron sus objeciones a este decreto, el cual calificaron como criminalizante para las mujeres y discriminatorio para las personas LGBTIQ+ y las familias no tradicionales, la junta directiva no les dio la palabra y se escucharon únicamente las objeciones presentadas por el mismo bloque oficialista.

La orden del día

A eso de las 3:30 de la tarde inició la sesión ordinaria No. 25 del año 2022 en el Congreso de la República. Al mismo tiempo, una fuerte manifestación se mantuvo en las puertas del Congreso sobre la 9na y 8va avenida de la zona 1.

La discusión se abrió con una solicitud de la diputada Andrea Villagrán, quien pidió utilizar el equipo audiovisual del palacio para proyectar un video y argumentar su petición de incluir un punto en la orden del día para exhortar al Gobierno de Guatemala a cancelar la licencia de explotación minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico en El Estor, Izabal, así como del contrato por las vacunas Sputnik V. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por 104 diputados.

Para aprobar la orden del día el Congreso se tomó bastante tiempo, ante lo cual las personas manifestantes exigieron que se aprobara para que la sesión no fuera cancelada y se pudieran conocer las objeciones al decreto 18-2022.

En esta orden también estaba incluida la aprobación de la iniciativa 6043 “Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica” con la cual se daría un presupuesto de Q3 mil millones al Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Esta propuesta fue rechazada por las diputadas de oposición, ya que la consideraron un saqueo y endeudamiento del Estado para un ministerio que se presta a prácticas de corrupción.

Archivan el decreto sin escuchar a la oposición

Desde que la iniciativa 5272 fue aprobada, las diputadas de los partidos de Winaq, Semilla y Bien se manifestaron en contra y pronunciaron fuertes discursos en el pleno, aunque fueron abucheadas e interrumpidas por diputados oficialistas, como le sucedió a la diputada Lucrecia Hernández Mack.

El decreto fue archivado formalmente desde un acuerdo propuesto por los bloques oficialistas, sin escuchar las argumentaciones de las bancadas opositoras y censurando así la palabra de las diputadas que se opusieron a la ley desde su aprobación.

No obstante a este acto de censura por parte de la Junta Directiva, las diputadas celebraron el archivo del decreto 18-2022, al mismo tiempo que las manifestaciones afuera del Congreso lo celebraron como una victoria de la presión social, misma que despertó el temor de la alianza oficialistas del ejecutivo-legislativo como se pudo ver en las declaraciones de la presidenta del Congreso Shirley Rivera, quien anunció que se archivaría el decreto “por la paz del país”.

Una victoria para una lucha permanente

Las calles de la Ciudad de Guatemala y de los departamentos de Quetzaltenango, Escuintla, Sacatepéquez, Huehuetenango y Alta Verapaz no pararon de ser escenario de manifestaciones en rechazo a la nombrada “Ley del odio” desde el 9 de marzo. Para el día sábado 12 se convocaron a manifestaciones masivas, las cuales expresaron la demanda de que se archivara el decreto 18-2022 y se reconociera que en Guatemala las familias son diversas, que criminalizar a las mujeres por abortar genera más muertes y que legislar catalogando como “anormales” toda preferencia que no sea heteroseaxual es discriminatorio.

Colectivas de mujeres, asociaciones estudiantiles, organizaciones LGBT y familias expresaron su rechazo ante las leyes que buscan controlar, estigmatizar y criminalizar procesos naturales y la libertad de amar. En las calles también se pronunciaron en contra de la minería, a favor de la educación sexual, en contra de la inflación y de la corrupción.

La diversidad de demandas condensadas en un momento político como este fue relevante en las movilizaciones, ante una serie de diversos señalamientos de corrupción contra el gobierno de Alejandro Giammattei y sus diputados. Fue una muestra de que los discursos y leyes conservadoras no callaron la expresión de las mujeres y las juventudes.

La agenda regresiva

Aunque el presidente Alejandro Giammattei quiso desmarcarse de la iniciativa 5272, es de resaltar que él mismo firmó documentos como el Consenso de Ginebra que se basan en los mismos principios de una supuesta protección a la vida y la familia, desde los cuales buscan criminalizar más a las mujeres que aborten y reafirmar su rol doméstico y reproductivo.

Asimismo, es de recordar que por acuerdo de Giammattei se declaró a Guatemala como “Capital Iberoamericana Provida” y en ese marco se declaró el 9 de marzo como “Día por la vida y la familia” y se celebraron 4 eventos institucionales abirtamente cristianos-conservadores en la Ciudad de Guatemala del 9 al 11 de marzo.

Esta serie de eventos han sido considerados parte de una agenda regresiva y conservadora que pone en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como legisla la heterosexualidad obligatoria, promueve la discriminación y vulnera la laicidad del Estado.

En esta agenda, los tres organismos del Estado han aportado, y con ello han ganado el rechazo de los movimientos de mujeres, que cuestionan cómo es posible que iniciativas religiosas y antiderechos avancen mientras problemáticas como la violencia contra las mujeres son desatendidas.