El próximo 22 y 23 de marzo será clave  para los derechos de las mujeres en El Salvador y para sentar un precedente en los 20 Estados que reconocen la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) debido a que en esa instancia se conocerá el caso Beatriz, en referencia a una joven salvadoreña a la que el Estado le negó el acceso a un aborto terapéutico, por un embarazo de alto riesgo.

En el 2013,  Beatriz presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar la interrupción de su embarazo de once semanas y de alto riesgo y así salvar su vida; un procedimiento que también los médicos recomendaron porque fue diagnosticada con varias enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que le impedía continuar la gestación. En ese momento el feto también fue diagnosticado con malformaciones, pero el amparo fue negado.

Esa solicitud fue rechazada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que Beatriz y organizaciones de mujeres presentaron acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien solicitó medidas cautelares inmediatas ante la Corte IDH, por lo que el 3 de junio del mismo año, Beatriz  fue sometida a una cesárea de emergencia donde nació una niña anencefálica, es decir, con malformaciones en el encéfalo y cráneo, una condición que no le permitió sobrevivir por mucho tiempo y falleció cinco horas después. 

La negación de la asistencia médica de carácter urgente que fue requerida por Beatriz y la pérdida del bebé le causaron   daños de forma física, psicológica y emocional, según relatos de sus familiares. 

En 2017, cinco años después, Beatriz tuvo un accidente de tránsito, donde sufrió graves fracturas, que sumadas a su condición de salud por la enfermedad de lupus, no le permitieron sobrevivir y falleció.

Sistemas inadecuados para las mujeres

Según organizaciones de mujeres y de derechos humanos, el caso de Beatriz continúa mostrando que los sistemas de salud y justicia de El Salvador no responden y son inadecuados para la protección de las mujeres y los derechos humanos.

Ante esta panorámica, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ipas, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-defensoras) y colectivas feministas, no dudan  que la Corte IDH emitirá una sentencia condenatoria contra el Estado salvadoreño y dictará medidas para evitar que esto vuelva a suceder y  que la historia de Beatriz no se repita para ninguna mujer, niña y adolescente.

Cuando el caso fue conocido por la CIDH también se recomendó  la  reparación integral por las violaciones de derechos humanos cometidas contra Beatriz y su familia. Además, adoptar medidas legislativas para permitir la interrupción del embarazo en los casos en que el feto no sea viable o no sea apto para la vida fuera del útero y  exista una amenaza grave para la vida, la salud y la integridad de la mujer; tomando todas las medidas necesarias, incluidas las de orden público, para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. 

Esta sería la segunda vez en que la Corte IDH interviene en casos similares, la primera fue cuando declaró a El Salvador culpable de violaciones de derechos humanos por la muerte de Manuela, una mujer que abortó en el 2008 y fue sentenciada a 30 años de prisión. Manuela murió de cáncer en prisión en 2011.

Recientemente, por una conferencia en la plataforma Zoom, Sara García, activista feminista y defensora de Derechos Humanos, indicó que la sentencia de la Corte IDH será de gran importancia en el caso de Beatriz  para lograr la libertad después de un aborto espontaneo, “nos da fuerza porque es un momento tan importante para nosotras, que puede generar grandes transformaciones”.

La prohibición del aborto

El Salvador es uno de los tres países centroamericanos como Nicaragua y Honduras donde la interrupción del embarazo puede llegar a tener una condena. Según los artículos 133 al 139 del Código Penal de El Salvador, la pena por inducir un aborto varía entre  2 y 12 años, dependiendo del grado de violencia utilizado en el aborto y si se realizó con la ayuda de un profesional, por la propia mujer, su pareja o sus familiares cercanos. 

Debido a que la ley contempla que un feto puede considerarse una persona, las mujeres que abortan también son acusadas de asesinato, delito que tiene una pena máxima de 60 años de prisión.

Después de una década de espera, el caso de Beatriz pasa a la Corte IDH que determinará la responsabilidad del Estado de El Salvador por el abuso sistemático sufrido por Beatriz, quien vivió toda esa experiencia antes de llegar a cumplir 30 años de edad. En la audiencia se analizará la vulneración de derechos a la vida, integridad y salud de Beatriz.

A la fecha, organizaciones y colectivos recolectan firmas y mantienen la esperanza  que Beatriz obtenga justicia y se condene al Estado de El Salvador, para que se generen cambios en beneficio a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al momento de decidir sobre sus cuerpos.