Dulce Archila es la segunda mujer denunciada por el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, acusada de realizar “pintas” en las paredes del Congreso. Luego de seis meses criminalizada, recuperó su libertad al no haberse demostrado su participación en la realización de las pintas, ni que esa acción hubiera deteriorado el patrimonio cultural. La jueza Wendy Coloma dictó el sobreseimiento de su caso, al igual que con Nanci Sinto, declarando que ya no puede ser perseguida por depredación de bienes culturales.

Dulce llegó con su equipo legal. A las afueras de la Torre de Tribunales le esperaban familiares y amistades que demandaban su libertad. Con una mascarilla donde se leía “Libertad para lxs presxs políticxs” y listones amarillos, Dulce ingresó a la torre hasta el segundo nivel.

En el Juzgado Duodécimo de Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural la jueza Wendy Coloma decidiría si Dulce Archila enfrentaría un juicio por el delito de depredación de bienes culturales. El MP creó una “megafiscalía” para investigar a las personas que manifestaron el 21 de noviembre de 2020 y parte de sus resultados fue la criminalización hacia Dulce, Nanci y Juan Francisco Monroy.

Perseguir a la disidencia como enemiga

La argumentación del abogado Edgar Pérez se basó en señalar que el caso contra Dulce era la aplicación del derecho penal del enemigo, una teoría jurídica donde se utiliza el poder de castigo del Estado para perseguir a las personas que disienten con las autoridades.

Bajo la premisa del derecho penal del enemigo, se etiqueta a las personas por sus cualidades y se les acusa de cometer delitos de manera arbitraria. “El MP decide crear una fiscalía para investigar estos hechos, el resultado es la persecución de jóvenes y particularmente mujeres que alzaron su voz y hoy se busca castigarlas bajo el pretexto de privilegiar la protección de bienes del ciudadano y limitar las libertades del enemigo”, expuso el abogado.

En contraste con este enfoque, se señaló que en una sociedad democrática se priorizan las libertades ciudadanas, siendo el derecho a la manifestación, por sobre la protección a los bienes materiales, en este caso las paredes del congreso. Según la PGN el costo de la limpieza de estas fue de Q1996.00

Una acusación superficial

El MP elaboró su acusación señalando a Dulce de “encontrarse junto a un grupo de manifestantes no identificados que de manera violenta ingresaron al Congreso de la República (...) [y] procedió a colocar pintas a un muro interno en el vestíbulo del Salón del Pueblo”.

La única razón para acusarla fue un fotograma tomado de las cámaras del Congreso de la República donde se observa a una mujer con un gorro rojo y mochila celeste inclinada frente a una pared. Esta fotografía fue comparada con imágenes de Dulce extraídas de perfiles de facebook e instagram.

La forma de comprobar si se trataba o no de Dulce no fue clara, explicó la defensa y la jueza posteriormente, ya que en las fotografías comparadas no se reconocen características de una persona específica. Es por ello que el abogado Pérez señaló que la acusación del MP es superficial porque los fotogramas no tenían la claridad necesaria para personalizar a Dulce.

Con base en las argumentaciones del MP, PGN y Congreso, la jueza Wendy mencionó la falta de medios claros que vincularan a Dulce con la acusación en su contra. En concreto mencionó:

- Genera inquietud la comparación de fotografías.
- No se especifica de cuántas personas era el grupo de manifestantes no identificados.
- No hay un documento que conste que Dulce entró “con violencia” al Congreso.
- En el peritaje arquitectónico se determinó que hubo deterioro del Congreso por varias razones, no específicamente una pinta.
- Si un deterioro fue revertido, no se puede determinar que se pierde la esencia y estado de conservación.

No se permitió realizar una defensa técnica

Entre las irregularidades presentadas en el proceso, el abogado Pérez resaltó que no se le permitió a la defensa acceder a todos los videos recopilados en la investigación del MP y que no se les dejó colaborar en la investigación con peritajes científicos. Esto porque el MP entregó tarde y en un formato inaccesible los videos.

Una familia que acompaña su lucha

"No hay elementos serios ni suficientes para elevar a juicio", declara la jueza Wendy Coloma en su resolución contra la acusación que el MP, PGN y Congreso confabularon en contra de Dulce Archila.

Tras seis meses Dulce Archila puede retomar su libertad y continuar su lucha por la justicia y la verdad. La lucha de Dulce no la hace sola, pues su familia la acompaña, en especial su madre y hermano.