Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, estará recluida en la cárcel en el cuartel de Matamoros, mientras el Ministerio Público concluye la investigación por un caso relacionado a delitos electorales.

Por Regina Pérez

La directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, fue ligada a proceso por el juez séptimo, Fredy Orellana, por dos delitos electorales, fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, que supuestamente cometió cuando fue secretaria adjunta I del partido Movimiento Semilla, en 2019.

A pesar de los documentos que el abogado defensor de Hernández, Juan José Zaghi, presentó al juez Orellana para pedir que no fuera enviada a prisión preventiva, este no accedió y resolvió que la funcionaria tendrá que guardar prisión preventiva en el cuartel de Matamoros, en la zona 1 de la capital de Guatemala.

Antes de comenzar con la audiencia, la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Morales Lazo, solicitó al juez séptimo levantar de manera parcial la reserva de este caso. Sin embargo, al finalizar la audiencia la investigación volvió a declararse en reserva, informó el abogado Zaghi quien dijo no poder ampliar detalles sobre el proceso.

¿De qué sindican a Hernández?

Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del Congreso fue detenida el pasado miércoles 14 de agosto. La FECI la sindica de dos delitos, el primero de fiscalización electoral de fondos, contenido en el artículo 407 “L” del Código Penal que señala que comete este delito el representante legal o miembro de la organización política que impida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.

El segundo delito es por financiamiento electoral no registrado, regulado en el artículo 407 “O” del Código Penal. La fiscal Morales Lazo indicó en la audiencia que hay inconsistencia y falta de transparencia en las cifras de estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ya que todas las transacciones financieras no fueron reportadas.

“Siendo evidente que los órganos de la organización política de forma deliberada ocultaron información con el ánimo de evitar que se conociera el origen del dinero que financió su campaña, impidiendo con ese ocultamiento realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados al TSE”, dijo Morales Lazo.

Hernández fungió como integrante de la Asamblea General del Movimiento Semilla y fue secretaria general del partido entre enero y diciembre de 2019 “por lo tanto tenían todos y cada uno de los miembros la responsabilidad de aprobar o improbar el informe económico que presentó el Comité Ejecutivo Nacional”, según la fiscal.

La directora del Instituto de la Víctima se abstuvo de declarar cuando fue su turno de pasar al estrado.

Por su parte, la defensa de la funcionaria señaló que la FECI no señaló la forma, modo o lugar en que supuestamente Hernández cometió dichos delitos.

El MP no ha acreditado que las acciones de mi patrocinada en su función de secretaria adjunta hayan recaído en esa conducta ilícita ni tampoco ha demostrado que en el tiempo en que ella pudo haber estado en funciones fuera esa su atribución porque ella era secretaria adjunta, no secretaria de finanzas, señaló la defensa.

Pese a que solicitaron la falta de mérito el juzgador no accedió a la petición y resolvió ligar a proceso a la funcionaria. Además, otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para realizar la investigación, la cual tendrá que entregar el 15 de noviembre. El inicio de la etapa intermedia se fijó para 9 de diciembre.

El juez Orellana basó su resolución “en los artículos del 1 a 10 de la Convención Americana sobre derechos humanos” y 203 y 204 Constitución Política “que reconoce la independencia judicial” y artículos del Código Penal.

Como en la mayoría de casos de criminalización, el MP solicitó que Hernández fuera enviada a prisión preventiva y Orellana accedió a la petición. El juez séptimo ha conocido varios casos emblemáticos como el del periodista Jose Rubén Zamora y el caso Semilla. Está incluido en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos desde el año 2023 y fue uno de los personajes a quien la población le pidió su renuncia en las movilizaciones de 106 días en defensa de la democracia.

Detención es persecución política, afirma

Ligia Hernández es madre soltera, tiene un hijo y una hija y actualmente funge como directora del Instituto de la Víctima donde fue nombrada por el presidente Bernardo Arévalo, en sustitución de Alejandra Carrillo. Fue diputada al Congreso de la República donde llegó en 2019.

La funcionaria considera que su proceso se trata de persecución política pues habían solicitado al Juzgado que la citaran, pero en su lugar la detuvieron. “No tengo miedo, vamos a enfrentar este proceso como hemos enfrentado todo lo demás”, manifestó luego de su arresto.

Hernández es parte del Movimiento Semilla que desde 2023 está siendo investigado por la FECI, por la forma en que se constituyó el partido, luego de que Bernardo Arévalo pasara a la segunda vuelta electoral. La investigación del MP puso en peligro la alternancia del poder ya que también accionó en contra del presidente y la vicepresidenta electos y buscó anular los resultados electorales.