A más de 1 mil 226 kilómetros de Guatemala, vive Ruth del Rosario Cuevas Molina, de 62 años. Hace 36 años que vive en Cartago, Costa Rica, lugar a donde llegó a refugiarse porque el régimen militar de Humberto Mejía Víctores estaba detrás de ella. Rosario y al menos cuatro de sus seis hermanos integraron las filas del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), en la década de los 80.

Carlos Ernesto Cuevas Molina, el hermano menor de Rosario, es una de las más de 180 personas secuestradas y desaparecidas por pensar diferente, y que están registradas en el Diario Militar. La historia de Rosario, no es como las demás, porque la desaparición de su hermano provocó que la familia recorriera cámaras parlamentarias y salas de organismos internacionales para denunciar lo que ocurría en Guatemala.

Carlos nunca regresó, pero Rosario logró probar que la desaparición forzada era una táctica de inteligencia utilizada en las áreas urbanas para combatir a los opositores de los gobiernos militares. Años después, fue reconocido como un crimen de lesa humanidad y eso hizo posible que los autores intelectuales de las matanzas registradas en el Diario Militar ahora enfrenten a la justicia.

Lo que sigue a continuación es el contenido de una entrevista con Rosario y su memoria de los hechos como exmilitante del PGT, como migrante y como familiar que continúa la búsqueda de los restos de su hermano después de 37 años.

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1 de septiembre, 2021. Ciudad de Guatemala- Cartago, Costa Rica. De un lado de una videollamada está Rosario Cuevas, como prefiere que la llamen. Es una mujer de aspecto joven, ojos tristes, tez color caramelo y pelo plateado. Cuando habla deja salir el acento característico de las costarricenses. Es guatemalteca de nacimiento, pero lleva viviendo en aquel país más de la mitad de su vida. Es una mujer formal y seria, pero a lo largo de la entrevista cuando ríe, lo hace sinceramente.

Inicia su relato nombrando a sus padres: Rafael Cuevas del Cid y Ruth Molina de Cuevas. Ambos fueron personas políticamente activas. Su padre fue representante estudiantil en la Universidad de San Carlos (Usac), donde luego fue Decano de la Facultad de Derecho y más adelante, en tiempos de Arana Osorio, se desempeñó como Rector.

Su madre era politóloga. Así que la familia Cuevas Molina y sus seis hijos, crecieron en un hogar donde los libros y las conversaciones con sus padres sobre el estado del mundo y la vida, les permitieron conocer a temprana edad la realidad de Guatemala.

“Siempre estuvimos sumergidos en la guerra y en los hechos violentos”, confiesa Rosario. Conocieron “los hechos terribles que se daban en Guatemala”. Ya en la universidad, desde el inicio participaron en las organizaciones estudiantiles y también del PGT.

“Fuimos muy perseguidos, todos, como familia y víctimas de acciones militares que se convirtieron en nuestra vida cotidiana. Como los cateos constantes en la casa. La persecución y amenazas de los Escuadrones de la Muerte. No podíamos como familia, como hijos, viajar en una autobús escolar porque había la amenaza de que iban a poner una bomba en el autobús para eliminarnos”, recuerda.

Esto provocó que las hermanas y hermanos se identificaran con causas como la lucha por la libertad, el respeto de la vida y, el fin de las desigualdades raciales y económicas.

Rosario es la tercera hija y primera mujer del matrimonio Cuevas Molina. Empezó su militancia en el PGT entre 1975 y 1976. Lo recuerda vagamente, pero está casi segura de las fechas porque por esos años entró a estudiar a la Usac. Desde antes, militaba en el partido. Mientras conversamos, prende un cigarro y dice que le ayuda a articular mejor sus pensamientos.

RUDA: ¿Cómo llegas a incorporarte al PGT?

Rosario Cuevas: “Estábamos sumergidos entre personas militantes. Hubo un momento en el que esas personas, profesionales de muy alto prestigio y alto compromiso con la realidad guatemalteca, hicieron posible algo que para nosotros era un deseo: convertirnos en miembros plenos del partido”.

El PGT era una organización política que funcionaba clandestinamente porque los regímenes militares habían ilegalizado la conformación de cualquier agrupación con valores e ideales distintos a los regentes. También porque era una forma de resguardar la seguridad de sus miembros.

Carlos, que era un año más joven que Rosario, militaba con la juventud del partido, mientras que ella ingresó a las filas desde el principio. Más adelante, su hermano pasó a ocuparse del ámbito estudiantil y se involucró con tareas de formación y responsabilidad política de los nuevos miembros.

Así estuvieron durante casi una década. Rosario se comprometió tanto con el PGT que se convirtió en una “profesional”, como se le llamaba entonces a los miembros activos dedicados al cien por ciento a las actividades del partido. Llevaba cuatro años viviendo en la clandestinidad en una casa a las afueras de la Ciudad de Guatemala junto a su pareja. Utilizaba un nombre inventado para sus labores diarias para no levantar sospechas. Una práctica común entre los que integraban organizaciones clandestinas.

Un día de mayo de 1984, alguien tocó a su puerta. Rosario se extrañó porque nadie de su familia sabía dónde vivía para evitar ponerles y ponerse en riesgo. Su madre y hermanas menores ya no vivían en Guatemala, porque su vida corría peligro. En el país solo quedaban Rosario y Carlos.

Afuera de su casa estaba Sharon Rosario Godoy, esposa de su hermano.

“Llegó a buscarme a mi casa y me dijo: Carlos no aparece. Él salió con un compañero y no ha regresado. Estoy muy preocupada de que no volviera porque quedó de regresar a la casa a una hora precisa. El no volver a la casa tenía significados muy concretos porque teníamos una disciplina muy grande para no fallar a nuestros encuentros como una medida de seguridad. Dijimos: tenemos que buscarlo, ver qué se hizo, qué pasó y, bueno, averiguando supimos que lo habían capturado. Iba con otro compañero en la moto de mi hermano. Los detuvieron dos carros, los hirieron y así supimos que habían sido secuestrados”.

Como militante del PGT, Rosario estaba consciente de que podía ser asesinada en cualquier momento, sabía también de la existencia de la panel blanca y su vinculación con las desapariciones, además de las masacres que el Ejército perpetró en el interior del país, aun así, la detención y desaparición de Carlos la tomó por sorpresa.

“Empezamos a buscarlo por distintos medios. Pusimos recursos de exhibición personal. Era lo que se podía hacer porque se esperaba que la legalidad funcionara. Sin embargo, nada prosperaba”, indica.

En la búsqueda, Rosario y su cuñada notaron que otras familias seguían los mismos caminos para dar con sus seres queridos. Allí es cuando cayeron en cuenta que junto a su hermano, habían sido secuestrados y desaparecidos todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) que Carlos integraba.

“La Junta Directiva trabajaba sin evidenciar los cargos que cada uno desempeñaba. Mi hermano era el Secretario General. En esa búsqueda nos fuimos encontrando a un grupo de mujeres que estaban buscando a sus compañeros. Así es como progresivamente se va creando el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)”, relata.

Rosario tuvo que suspender la búsqueda ante la insistencia de los miembros del PGT quienes la alertaron de que el Ejército estaba detrás de su pista. Al desaparecer Carlos, los militares habían detectado dónde se estaba escondiendo su hermana.

“Yo no quería salir del país. La casa donde yo vivía fuera de la capital, fue invadida por el Ejército. Afortunadamente, yo no estaba en la casa y entonces busqué refugio donde un tío, hermano de mi madre. Estuve allí durante un mes”, detalla.

Su tío era médico en el Hospital Militar, en la zona 16, y pronto empezó a recibir mensajes para convencer a su sobrina de entregarse. Él se negó, pero la situación se puso mucho más tensa pues los militares empezaron a amenazar con ir a sacarla de su casa a la fuerza y llevarse consigo a sus siete hijas.

Salir de Guatemala no fue sencillo. El plan más inmediato que se les ocurrió a los del PGT fue refugiarse en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la zona 9 de la capital. En la sede no les abrieron la puerta, así que saltaron el muro y cayeron dentro.

“Dentro de la Nunciatura nos atrapa un grupo de policías. Por intervención de las monjas que trabajan en la cocina nos tuvieron que soltar. Nos rodearon con sus cuerpos y nos protegieron. Hasta que se presentó el Nuncio y dijo: bueno, yo las voy a tener aquí, pero voy a gestionar que una embajada las proteja”.

En ese momento, la única embajada que estaba brindando asilo era la de Venezuela. Delegados de la misión diplomática llegaron a recogerlas en un carro diplomático y las llevaron a la sede. Las protegieron mientras gestionaban los documentos necesarios para que pudiesen abandonar el país en calidad de asiladas políticas.

“El avión bajó en Costa Rica y acá estaban mi madre y hermanas. Durante esa parada, me bajé del avión. Empecé a buscar a mi madre hasta encontrarla. Así nos reunimos aquí”, recuerda Rosario. “Yo venía con el corazón destrozado. Venía pensando en mi hermano. ¿Dónde estaba mi hermano amado? Carlos y yo fuimos super unidos porque nos llevábamos muy poco tiempo de edad. Fue terrible, horroroso pensar que no estaba”.

Rosario llegó a Costa Rica, su hogar desde entonces, con casi 5 meses de gestación.

R: ¿cómo manejaste todo esto estando embarazada?

RC: Fue muy difícil pensar que debía sobrevivir no solo por mi persona sino por la personita que tenía en mi vientre. Creo que si no hubiese estado embarazada, hubiese buscado la opción de quedarme en Guatemala, de alguna otra manera. Pero el hecho de estar embarazada me hizo decidir salir. Yo no tenía una salud muy buena. La vida de profesional del partido era una vida de mucha escasez económica. No nos alimentábamos muy bien. En realidad yo pensé que podía perder a mi bebé. Lo pensé mucho. Pensé mucho si realmente yo tenía el derecho a tener a una familia ante el reto que vivíamos en nuestro país”.

Dice que antes de dejar Guatemala, se cuestionó si debía tener a su bebé y si podría criarla en medio del ambiente hostil y militarizado. No fue ella quien lo decidió al final, sino el PGT. El bebé debía de nacer y debía de hacerlo en un lugar seguro.

Estando en Costa Rica, dio a luz a Gabriela y más adelante, a una segunda hija de nombre Amanda. Ambas murieron en la adolescencia a causa de una afección del corazón, cuenta Rosario. Detrás de ella, en la habitación en la que se encuentra a lo largo de la videollamada, aparecen las fotos de dos jóvenes sonrientes.

“Nací en un país muy atormentado”, dice para retomar la entrevista. “Tuve el privilegio de tener una vida con educación, con formación, con conocimiento, con métodos para analizar la realidad que me permitieron romper con los parámetros tradicionales de mi clase social. Pudimos haber vivido sin involucrarnos en este tipo de cosas, pero para mí siempre fue muy importante que hubiese posibilidades de paz para todos, de bienestar para todos”, explica.

“Muchos de los compañeros representados en el Diario Militar fueron compañeros militantes con los que conviví. Indudablemente, yo hubiese estado en ese diario también. No sé por qué motivo, la vida, decidió que yo tenía que salir de ese momento tan espantoso”, reflexiona.

La sorpresa de Mejía Víctores

Desde 1986, Rosario empezó a trabajar en organizaciones que estaban documentando las atrocidades de los regímenes militares en toda Latinoamérica, una de ellas era Codehuca, la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica, fundada por su padre años atrás. En esos espacios es que la familia Cuevas Molina inicia una campaña para denunciar lo que sucedía en Guatemala y a los militares no les gustó.

Codehuca documentó sobre todo, las desapariciones forzadas y establecieron que era una táctica de inteligencia utilizada en las áreas urbanas para combatir a los opositores de los gobiernos militares.

“Como familia nos dedicamos a hacer una campaña para recuperar a mi hermano. Fue una campaña muy fuerte que nos llevó a distintos confines del mundo a denunciar lo que sucedía en Guatemala”, cuenta. Uno de esos lugares fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Mi madre emprendió una gira por toda Europa visitando parlamentos y espacios políticos, además de redes de solidaridad.

Aquí en Costa Rica, personajes políticos de muy alto rango, se ofrecieron a abogar para que mi hermano apareciese”.

La campaña por la búsqueda de Carlos llamó la atención del Ejército. Un militar en su calidad de civil llegó a visitarlas a Costa Rica para que desistieran y a cambio prometió devolver a su hermano, pero no aceptaron el trato porque tanto Rosario como su madre querían también recuperar a los otros miembros del secretariado que habían sido secuestrados.

El comisionado que llevó el mensaje fue Eduardo Meyer, expresidente del Congreso en 2008, durante su gestión se desviaron 82.8 millones de quetzales.

Meyer regresó una segunda vez, pero esta vez su mensaje no era conciliatorio sino una amenaza.

“-Meyer- dijo que si no suspendíamos nuestra campaña de denuncia, cada vez que habláramos lo iban a torturar”, sentenció Rosario.

En Guatemala, la búsqueda de Carlos la dirigía su esposa, a quien los militares no dejaron salir del país. Tiempo después de la visita de Meyer, la cuñada de Rosario llegó a formar parte de la Junta Directiva del GAM y logró conversar con el mismísimo Mejía Víctores sobre el paradero de su pareja. El GAM por esa época, empezó a evidenciar que las desapariciones forzadas eran un fenómeno que sucedía masivamente y que tenía un origen político.

“Él les dijo -al GAM-: Bueno, prepárense porque va a haber una sorpresa. Ella nos escribió una carta donde nos contaba eso. Y la sorpresa fue que la asesinaron, al bebé, y al hermano de ella. Ellos estaban muy incómodos con nuestra perseverancia por pedirlos, por exigir que los devolvieran”, cuenta.

El asesinato de Sharon Rosario Godoy, su hija y hermano impactó a la familia, pero continuaron la campaña. Rosario Cuevas continuó su trabajo registrando los casos de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y tuvo intervenciones en espacios de la ONU para modificar las leyes de forma que la desaparición forzada fuera reconocida como un delito.

Años después, sería reconocido como un crimen de lesa humanidad y esto abriría la puerta para enjuiciar a militares retirados de altos rangos, pese a la Ley de Reconciliación Nacional.

“Trabajé muy arduamente en desarrollar la doctrina de los derechos humanos y en hacer de Guatemala el centro de atención”, dice, y lo logró.

Un acuerdo amistoso para dar justicia a una madre angustiada

La campaña duró más de una década y empezó a cobrar relevancia al punto que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) catalogó el caso de Carlos como de “interés especial”. La llegada de los Acuerdos y Firma de la Paz hizo a Rosario tener esperanza en que traerían paz y justicia, pero no fue así.

“Mi madre fue a Guatemala, porque se suponía que tendría una entrevista con la CSJ. Tuvieron a bien cerrarle la puerta en la cara. No la recibieron. Después de haber viajado para allá, de pasar tanto miedo y tantas dificultades. No la atendieron”, dice.

Tres años después, se publicaría el Diario Militar. Los Cueva Molina no lo supieron de inmediato, pero cuando se enteraron dudaron de la veracidad del documento e hicieron indagaciones que los llevó a confirmar que efectivamente, era un registro elaborado por la inteligencia militar.

“Fue muy duro porque la desaparición forzada te sume en un duelo permanente. En un extrañar permanente y en una paradójica esperanza de retorno. Ese diario nos dijo que no iba a volver nunca. En el fondo pensé, qué dicha que no va a volver -Carlos- porque ya no está su esposa y su hijo amado. Hubiera sufrido tanto por lo que hicieron con ellos”, expresa con dolor.

Después de tantos años de documentar las desapariciones forzadas, la indignación creció en Rosario. La búsqueda de justicia no era ya solo por su hermano, sino por todas las víctimas de la región y del continente. 

En 2011, en medio de la era democrática, la CIDH le recomendó a la familia que llegara a un acuerdo con el Gobierno de Álvaro Colom para dar un cierre a la campaña. 

“Mi madre, una de mis hermanas menores y yo decidimos que ella tenía derecho a que el Estado guatemalteco le pidiera perdón y a que reconociera su responsabilidad en la ejecución de mi hermano. Por eso fue que llegamos a ese acuerdo amistoso. Mi madre tiene 87 años, en ese entonces tenía 77”, dice Rosario.

En el acuerdo de conciliación, se incluía la creación de monumentos, la incorporación dentro del Curriculum Nacional Base la historia de los desaparecidos,  la construcción de un monumento para los mártires universitarios, la creación de una comisión especial para la búsqueda de las personas desaparecidas y hacer público los hechos acaecidos en el Diario Militar. Pero la mayoría de las condiciones no se han cumplido hasta la fecha, asegura.

Por su parte, Rosario y su familia hizo un documental llamado: «El eco del dolor de mucha gente».

Una comisión para buscar a los desaparecidos

Por su lado, en 2006, el GAM propuso una normativa para esclarecer la desaparición de las 45 mil personas que se produjeron durante el conflicto armado. Un año después, se presentó en el Congreso la iniciativa de ley “Comisión de búsqueda de personas víctimas de la desaparición forzada y otras formas de desaparición”, la cual se volvió a presentar en 2011. Ninguna de las cuales fue aprobada.

El tema ha sido retomado de manera intermitente sin demasiado apoyo en legislaturas pasadas, y siempre son promovidas por el partido de la UNE. Pero este 8 de septiembre, la propuesta vino de la diputada Vicenta Jerónimo, del partido MLP, quien anunció que retomaría las iniciativas mencionadas para contribuir con el esclarecimiento histórico.

Esto ocurre mientras se desarrolla el caso Diario Militar en la judicatura de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Rosario espera que mediante el proceso penal el Estado, por fin, acepte su responsabilidad en la desaparición forzada y que se sancione a los perpetradores de estos hechos.

“En este momento hablamos de 12-17 personas. Esas personas son la punta de un iceberg que se llama el Ejército de Guatemala”, indica.

Dice que una forma de resarcir a las familias también sería la disolución del Ejército y que este entregue la información que permita dar con el paradero de los desaparecidos. Además de fortalecer al Ministerio Público para que vele por la justicia.

Ante la pregunta de si regresaría al país, Rosario plantea una serie de cosas que tendrían que ocurrir para hacerlo posible porque tiene claro que no quiere regresar a la misma Guatemala que dejó atrás. La Guatemala de la inseguridad, del temor, la que obliga a armarte con dureza para enfrentar la vida, dice.

“Mi vida no corre peligro aquí, tampoco lo de mi madre, por pensar distinto. Yo puedo pensar aquí”, afirma sin complicaciones.

Después de 25 años de resistencia en Guatemala y 37 de búsqueda de justicia en Costa Rica, Rosario admite que ha tenido una vida “muy intensa” porque nació en un país que así lo demandaba, pero también ha sido una “vida muy especial”, asegura.

Ahora que es más seguro expresarse, dice que tiene dos deseos que espera lograr ver cumplidos: dar con los restos de su hermano y “no morirme sin haber visto el cambio. Espero no morir viendo a Guatemala esclava”.