Por Alejandra Sarti

24 de octubre 2019

El 23 de octubre de 2019 inició la audiencia de primera declaración en contra de Rocío Murillo, jueza de Paz de San José Pinula, sindicada por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, retardo de justicia, maltrato contra personas menores de edad y prevaricato; Rolando Miranda, secretario del mismo juzgado por el delito de falsedad ideológica; Ofelia Pérez Campos supervisora del área “Mi Hogar”, sindicada de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo, y Crucy Flor de María López, monitora del Centro Preventivo Gorriones; implicada por los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Todos son sindicados por el incendio ocurrido dentro de las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó el total de 41 niñas fallecidas y 15 sobrevivientes dando un total de 56 niñas.

De enero de 2019 a la fecha, la audiencia ha sido reprogramada 5 veces, según la querellante Vianney Hernández, quién es madre de Hashly Angelie Rodríguez Hernández, una de las adolescentes fallecidas en el incendio.

Cuatro de estas reprogramaciones corresponden a situaciones cometidas, en el presente año, por la sindicada Crucy López. El 14 de enero del 2019, López presentó una excusa por enfermedad, la audiencia fue reprogramada para el 16 de enero pero en esta fecha López debía presentarse a otro proceso por lo que la audiencia fue nuevamente reprogramada para el 12 de febrero, en dónde Crucy presentó la renuncia de su abogado defensor, Luis Raúl Pérez López. Así mismo informó que su representación pasaría a manos del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y la audiencia se reprogramó para el mes de marzo del mismo año.

Crucy es implicada al caso por rociar en el rostro de las niñas con gas pimienta. Hasta el día de hoy se desconocen las razones por las que la sindicada se encontraba en el lugar de la tragedia.

La audiencia de marzo fue reprogramada para el 22 de octubre del presente año, según el abogado Esteban Zelada esto sucedió por imposibilidad material del juzgado, con esto se refiere a que podría suceder por situaciones como: reprogramación por disposición de salas o del juez.

El viernes 22 de marzo, fecha en la que debía celebrarse la audiencia, Crucy López no sé presentó. Con dos horas de retraso, dio inicio la audiencia y en representación la abogada titular de López, una abogada sustituta del IDPP, excusó la ausencia de la acusada pidiendo un lapso de 48 horas para comparecer. Adicionalmente, manifestó que no había logrado comunicación con la sindicada y que previo a la audiencia logró únicamente hablar con el esposo, pero él tampoco dio razones de la ausencia.

Querellantes y abogados defensores pidieron que Crucy López fuera acusada de rebeldía y de no presentar una excusa razonable fuera considerada su captura. El juez cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez, resolvió a petición del Ministerio Público (MP) fijar un plazo de 24 horas y la audiencia fue cancelada y pospuesta para el día 23 de octubre a las 10:30 de la mañana.

A 10 minutos del inicio de la audiencia del 23 de octubre, Crucy Flor de María López ya se encontraba en la puerta de entrada a la Sala  de Audiciencias de Mayor Capacidad, del Organismo Judicial (OJ). Dentro de la audiencia, López, justificó su ausencia por la enfermedad de su hijo menor, presentando una constancia médica de la consulta externa del Centro de Salud del municipio de Salamá del departamento de Baja Verapaz.

Previamente a saber la excusa, hablamos con Esteban Zelada, abogado de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) sobre las cuatro ocaciones en las que se suspendió el juicio relacionadas a Crucy López. El abogado Zelada agregó que tendría que evaluarse bien la situación para determinar si las ausencias de Crucy, que han reprogramado el juicio, se trata de un caso de abuso de derecho, de ser así, según lo estipulado en el artículo 18 de la Ley del Organismo Judicial, Crucy Lopez se aprovecha de un derecho para retrazar el proceso y esto le constará dinero ya que el artículo obliga al titular a indemizar a los afectados.

Durante las tres horas que duró la audiencia, la Fiscalía contra el delíto de feminicio del MP informó que contaba con expedientes y documentos de la Secretaria de Bienestar Social (SBS) que contenían las obligaciones de la Casa Hogar, así como una lista de 374 trabajadores y 600 niños dentro de la institución, de los cuales, solo 25 habían tenido conflictos con ley y luego de solventar su situación habían sido sometidos a un proceso de reinserción para remitirlos al hogar.

Informó que también contaba con los horarios de actividades asignados a las menores, e incluso, detalló el perfil del puesto de trabajo de la sindicada, Ofelia Pérez Campos, quien era encargada del área “Mi Hogar” y subalterna de Brenda Chamán, jefa del Departamento de Protección contra el maltrato. Según el director de recursos humanos, Pérez se encontraba de descanso por licencia de cumpleaños el día 7 de marzo, pero al ser llamada “regresa en su calidad de servidora pública a ejercer su puesto”

Así mismo, el fiscal a cargo del caso del MP, dio lectura al cuadro psicológico de las 15 víctimas sobrevivientes y de familiares de las 56 víctimas de la tragedia realizados por psicologos del MP, así como también de otras organizaciones. Los informes psicológicos de las víctimas concluyen una dinámica de victimización por vivenciar el incendio lo cual provocó sucesos traumáticos de angustia, ansiedad, desborde emocional de tristeza, culpabilidad por sobrevivir, pesadillas y alucinaciones auditivas. Algunas incluso, se encuentran en tratamiento psicológico y psiquiátrico por trastornos depresivos y pensamientos de suicidio, esto debido a que no pueden superar el hecho y  algunas presentan una sintomatología por amputaciones y cicatrices causadas por quemaduras graves.

Por otro lado, varios familiares de las víctimas presentan cuadros de estrés post traumático, culpabilidad, negación y daños colaterales a su proyecto de vida. Nadie fue llamado a declarar durante la audiencia, pero la fiscalía adicionó testimonios de familiares que desconocían las razones por las que sus hijas se encontraban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Muchos de ellos testimoniaron que sus hijas se encontraban en hogares departamentales alusivos a su lugar de origen.

Luego de tres horas de trasncurrido el juicio, el juez Pedro Laynez, suspendió la audiencia de primera declaración y la reprogramó para el 4 de diciembre a las 10:00 horas y 5 de diciembre a las 9:00 horas, argumentando a que “la agenda se encuentra saturada en estos días”.

La abogada Estela López Fúnez expresó: “La justicia si no es pronto, no es justicia”, haciendo referencia al distanciamiento entre el inicio de la audiencia y las fechas programadas. Según la abogada López Fúnez, el caso también podría correr riesgo a reprogramarse debido a la proximidad del tiempo de vacaciones del personal del OJ. Las vacaciones se encuentran programadas en dos grupos según las disposiciones del organismo, los cuales entran en vigencia a inicios del mes de noviembre a inicios del mes de enero. Y con ello, el proceso de justicia que familiares de las 41 niñas que murieron quemadas en el hogas seguro Virgen de la Asunción sigue a paso lento.